Auto-Inmuno-Deficiencia policial

Aparentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad son los únicos que todavía no se han enterado de que se ha perpetrado el mayor fraude electoral de la historia de España (II, III, IV, V, VI y VII) con la intención de desvalijar las arcas públicas recurriendo al derecho internacional para saltarse la reformada Constitución y las leyes. De consumarse, el rescate del sector bancario convertirá a los españoles en esclavos por las deudas de otros… que el Estado asumió en nombre de todos.

Conforme avanza el saqueo, observamos asombrados como la policía acata y cumple con determinación las órdenes de los que nos despojan de derechos sociales, confiscan nuestro trabajo y patrimonio, endurecen las leyes para prohibirnos protestar, y amparan la impunidad de quienes nos atacan por el mero hecho de no resignarnos a contemplar como roban nuestro presente y futuro.

Esta enfermedad social hace tiempo que se conoce en el campo de la medicina. Gracias a esta disciplina sabemos que cuando el sistema inmune ataca al organismo ninguno de los dos sale bien parado… si no llega el tratamiento, el resultado es la muerte. Con los cuerpos y fuerzas de seguridad pasa lo mismo: cuando atacan la base sobre la que se sustentan las instituciones democráticas, se produce la muerte del Estado. Si no empiezan a desempeñar las funciones que le atribuye la Constitución, la ruptura social pronto degenerará en insurrección.

Si no te comportas como policía, no puedes ser considerado como tal

Quizás cuando lograste la plaza tu profesión era una vocación noble y digna, pero habéis hecho con ella lo mismo que los políticos le han hecho a la política. Que en las manifestaciones se coree “Si fuera policía, vergüenza me daría” es el corolario de una larga trayectoria de abusos policiales que cometes o consientes. Ya sabíamos que la policía miente y falsifica sus atestados, “pierde” grabaciones probatorias, incumple su obligación legal de ir identificada y de identificarsepara evitar denuncias falsas, y las verdaderas-, e infiltra agentes en manifestaciones pacíficas que acaban siendo detenidos por sus propios compañeros por provocar altercados (y II) ¿casualidad?.

Lo que no imaginábamos es que sacarais vuestra vena represora a la primera ocasión y con tanto descaro: acosar a personas que hablan de sus cosas en un espacio público esta mal, pero no tanto como realizar detenciones preventivas o por crímenes como leer la Constitución. Tampoco parece propio de una policía democrática fabricar pruebas incriminatorias, imponer el copago al derecho de reunión y manifestación (y II), torturar a los detenidos, censurar testimonios de agresiones, amenazar a la prensa e impedir que documente vuestras impecables intervenciones (II) o dedicarse a sembrar el pánico en la Estación de Atocha (II, III, IV, V y VI) mientras pasan los trenes, sin discriminar entre viajeros y manifestantes.

Uno esperaría que entre quienes supuestamente se dedican ayudar y proteger al prójimo -incluso a riesgo de su propia vida- fueran mayoría los que dan ejemplo con su comportamiento, y exhiben un valor e integridad moral por encima de la media… lamentablemente no es así. Hoy en día policía es sinónimo de arbitrariedad, de abuso de poder y de violencia del Estado; y lo sabéis.

Lejos de tranquilizar, la presencia de la policía inquieta porque sabemos que lo más que se puede esperar de sus agentes es que te den una paliza y te denuncien después. Que la palabra de un policía tenga presunción de veracidad en el ámbito administrativo es tan risible como terrorífico, habida cuenta de cómo utilizáis vuestra condición para quedar impunes de prácticas abusivas y desproporcionadas.

Pero como todos sabemos que el cumplimiento de las leyes sólo es obligatorio para el otro 99% de la población, os hablaré en términos que podáis entender y que demuestran el valor real de la palabra de un policía: Todos los días deshonráis el uniforme faltando al juramento que hicisteis. ¿Cuando os comprometisteis a “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” lo dijisteis en serio? ¿Cuándo empezareis a honrar esa promesa? Porque no podemos esperar mucho más.

¿Acaso no dice la Constitución que es vuestra misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades Y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104 CE)? No dice “o proteger, lo que significa que hay que hacer las dos cosas simultáneamente, no poner en peligro la seguridad ciudadana cuando se ejercen pacíficamente derechos y libertades, ni anteponer una cosa a la otra. Sí, ya se que eso es muy difícil, por eso policía no puede ser cualquiera.

Con ello no digo que no se actúe contra los violentos encapuchados que ensucian las pacifestaciones, que son tan pocos que se les podría detener sin alterar el orden público ni la manifestación, evitando así daños personales y materiales. Creo que es una estrategia que os interesa, porque las protecciones integrales que lleváis se ve que no son muy buenas: 27 policías heridos (un 42,19% del total) para detener a 35 personas y disolver los restos de una pacifestación de 6.000 personas máximo (y II). Aunque si esas lesiones son luxaciones varias por excesivo uso de la porra y a policías infiltrados pacificados por error igual no arreglábamos nada.

Tampoco digo que no se disuelvan las reuniones y manifestaciones ilícitas, que son las que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (art. 513 de Código Penal), así como aquellas en las que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, o en las que se haga uso de uniformes paramilitares (art. 5 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión)… siempre y cuando tal resolución se comunique previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista (mismo art. 5) y se ejecute conforme a la ley. Es decir, en la forma que menos perjudique (art 16.2 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), y avisando de tales medidas a las personas afectadas (art. 17 LOPSC) ¿Habéis probado a pedir amablemente que se despeje la plaza antes de cargar? Igual os sorprenderían los resultados.

Pero nada, vosotros empeñados en actuar al margen de la ley acatando ordenes que deberíais desafiar o -al menos- ignorar. ¿Acaso habéis olvidado que “en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes? (art. 5.1.d LOFCS). Claro, que cuestionar la orden ilegal de un superior requiere de un valor muy distinto del necesario para agredir a manifestantes pacíficos y desarmados a los que luego se acusa de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia mientras se los llevan al hospital, incluso cuando toda ha sido gravado en vídeo.

Sin embargo, por mucho que os deshumanicéis dando palos a estos pacifestantes, imbéciles no sois: sabéis tan bien como nosotros que el gobierno está cometiendo alta traición, que estáis acatando ordenes e imponiendo el cumplimiento de normas en clara contradicción con la Constitución española y -por tanto- sin ninguna fuerza legal; amen del ridículo realizado con la gestión de los detenidos (II, III) a los que se les imputan crímenes imposibles (y II).

También sabéis que vuestra violencia ya no asusta a nadie, ni quedará impune. Cada golpe que dais crea 10 nuevos pacifestantes (ver “ps serio” al final), y vosotros seguiréis siendo los mismos o menos. ¿Que dónde están los refuerzos? Ni los hay ni se les espera, porque el Estado no tiene dinero para más mercenarios ni hay suficiente gente dispuesta a renunciar a su dignidad para ganarse el pan agrediendo a quienes defienden sus mismos intereses. Mejor, así podréis echar más horas extra que muy probablemente no lleguéis a cobrar.

Pedís un trato diferente… y lo vais a tener, porque habéis elegido convertiros en un ejercito ocupante. Espero que todo el mundo os retire el saludo, os deje de hablar, os rehuya, deje de visitar los sitios que frecuentáis y os trate como el cáncer que sois hasta que el ostracismo os haga recapacitar y empecéis a servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Hasta que llegue ese día, seguiré haciendo lo que considero mi deber como ciudadano: desafiar de manera pública y sin violencia a los poderes del Estado con la intención de frustrar las leyes, políticas y decisiones que nos llevan a la ruina. Para ello, reduciré al máximo cualquier conducta que pueda generar ingresos para el Estado y ejerceré mis derechos constitucionales hasta que este sistema político colapse bajo su propio peso. Llegado el caso, también vulneraré la legalidad si fuera necesario, puesto que se ve que su cumplimiento ha dejado de ser obligatorio en este país.

Mientras desarrollo esta labor, entiendo que cualquier persona uniformada que no vaya debidamente identificada, se niegue a identificarse y/o trate de restringir el ejercicio de mis derechos sin causa justificada, de forma desproporcionada o sin observancia de la ley no es agente de policía y, en consecuencia, me reservo el derecho de emplear una respuesta proporcionada en legítima defensa, propia o de terceros.

Nos habéis declarado la guerra; sufrid ahora las consecuencias. ¡Todos los días son #25S! Volveremos hasta que se restaure la democracia en España.


Vídeo © 2012 La Sexta TV
Foto por https://www.facebook.com/14deabril

The union, el negocio tras la marihuana

Título original: The Union: The Business Behind Getting High | Ir al vídeo
Tema: Legalización de la marihuana. Evaluación 4.25/5.
Año 2007. Dur: 172′. Dirigido por Brett Harvey.
Web: http://www.theunionmovie.com/ IMDb.

The Union realiza un exhaustivo recorrido por los aspectos más llamativos y controvertidos de la prohibición (y criminalización) de la Cannabis sativa, una especie herbácea originaria del Himalaya capaz de crecer en casi cualquier lugar de la que se obtiene el Cáñamo: la fibra natural flexible más fuerte conocida, excelente para producir ropa más resistente que la de algodón, papel más duradero que el de celulosa, biocombustibles, etc… ; y la Marihuana: una sustancia psicoactiva con un demostrado potencial farmacológico que se ha utilizado desde la antigüedad como medicina, y que podría servir para producir alternativas libres y menos reactivas para los medicamentos más comunes, que sólo pueden fabricarse bajo licencia de las empresas farmacéuticas.

A principios del siglo XIX, el Cáñamo era el mayor cultivo agrícola del mundo, la materia prima de una gran cantidad de productos manufacturados y presentaba un enorme potencial industrial como sustituto de otros materiales en la elaboración de cientos de productos. Por así decirlo, era el plástico de la época, que cualquiera podía cultivar sin grandes problemas, lo cual atrajo la atención de los diferentes Gobiernos.

En 1937 se aprobó en EE.UU. la Marihuana Tax Act por la que los productores de Cannabis sativa debían adquirir una licencia gubernamental para poder operar legalmente. El problema era que no se otorgaban suficientes licencias para todos los productores, reduciendo artificialmente la disponibilidad de este cultivo para alegría de quienes controlaban el mercado de otras materias primas en competencia con el cáñamo.

Desde entonces, la producción se fue restringiendo progresivamente bajo el pretexto de controlar los efectos indeseables del uso recreativo de los derivados de la planta, como los problemas de salud que supuestamente produce su consumo (cuya existencia está discutida entre la comunidad científica (y II), sobre todo en adultos), la no observancia de las normas de segregación racial o el debilitamiento de la adhesión de la juventud hacia la guerra fría.

De hecho, el tratamiento diferenciado que recibe la marihuana respecto a otras sustancias cuyos efectos perniciosos para la salud y para la sociedad están ampliamente documentados por la ciencia, y corroborados por la estadística, hace sospechar que las razones para su prohibición deben ser otras. A diferencia del tabaco, su consumo prolongado no se asocia con la aparición de ninguna enfermedad. A diferencia del alcohol, no se conocen casos de agresiones inducidos por el abuso de marihuana. A diferencia de la cafeína o de algunos medicamentos con receta, no se ha atribuido ninguna muerte a una sobredosis.

Su consumo ni siquiera aparece entre los motivos más frecuente de muerte no natural, y su potencial adictivo es significativamente menor que el de la nicotina o el alcohol, las sustancias más adictivas conocidas -por encima de la heroína y la cocaína- cuyo consumo es legal y hasta está subvencionado con fondos públicos. Aunque puede crear hábito, su consumo puede ser fácilmente descontinuado y no genera un síndrome de abstinencia significativo. ¡Si hasta el café es más adictivo que la marihuana!.

Entonces, ¿qué sentido mantener la prohibición de una planta con un gran potencial industrial y muy dudosa peligrosidad? ¿Por qué tanto interés en mantenernos alejados de ella? ¿De qué nos quieren proteger? Cada año se dedican ingentes cantidades de recursos públicos a la prevención, lucha y rehabilitación a pesar de que la prohibición no sirve para reducir el consumo (como no sirvió con la Ley seca) ni la población de usuarios parece estar siendo diezmada por el consumo. De hecho, “nunca se ha clasificado la peligrosidad verazmente y ponderadamente de estas sustancias, y se trabaja con una lista elaborada en 1912.”

Aunque la prohibición no reduce el consumo ni la disponibilidad, ni protege a la sociedad de no se sabe muy bien qué, sí que produce otro tipo de resultados. En primer lugar, al empujarse a los consumidores hacia el mercado negro para abastecerse se facilita el acceso a drogas realmente peligrosas que también se distribuyen en este canal sin ningún control (como, por ejemplo, la restricción de venta a menores) ni garantía sanitaria alguna, y se financia a organizaciones criminales que controlan el mercado negro pagando altos precios por algo que -de ser legal- costaría unos céntimos. De hecho, sería tan barato que podría sustituir a otras sustancias intoxicantes mucho más caras como el alcohol o el tabaco.

También se aprecian consecuencias político-criminales, en la medida en que las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de la “Single Convention on Narcotic Drugs” (1961) convierten a la marihuana en una sustancia totalmente prohibida: los países pueden descriminalizar su consumo (es decir, determinar que es legal poseerla y consumirla en tu casa) pero no legalizar su uso o cultivo, por lo que es delito producirla, venderla o transportarla hacia allí.

Cómo se puede tener legalmente algo que no se puede comprar ni producir es una pregunta de difícil respuesta, cuyo desconocimiento no ha impedido que grupos políticos (activistas contra la guerra de Vietnam) o étnicos (judíos, negros) fueran perseguidos por posesión de esta sustancia. Es como si hoy en día los Gobiernos persiguiesen las descargas no autorizadas de materiales protegidos por derechos de autor porque hubieran detectado que quienes realizan este tipo de actividades son también quienes más activamente critican sus decisiones… ¿Una feliz coincidencia, o el neutral cumplimiento de la ley?

Una última consecuencia es la malversación de recursos públicos en mantener las campañas de criminalización de la marihuana, fomentando el miedo y la paranoia de la población, colapsando el sistema judicial y saturando el carcelario con presos cuasi-“políticos”, así como la continuación de una guerra de no se puede ni quiere ganar, pero que justifica la transferencia de una enorme riqueza desde los contribuyentes hacia las redes clientelares del poder.

A lo largo del documental se muestran ejemplos de pequeños productores de la Columbia Británica (Canadá) que cultivan marihuana en sus casas y de cómo esta actividad ilegal impulsa la economía local creando riqueza para quienes arriendan inmuebles para la producción, las empresas que se encargan de la carpintería, electrificación o el suministro de ínsumos para el cultivo, los podadores que preparan la cosecha para la distribución, los vendedores, los que cruzan la frontera con la mercancía, los bancos donde se almacenan los ingresos, abogados que dan asesoramiento legal, etc… Todos ellos forman “The Union“, una comunidad de intereses que directa o indirectamente se beneficia de la prohibición y disfrutan de unas mejores condiciones de vida gracias a ella.

Especialmente interesante es el análisis comparado de la prohibición respecto a crimines reales como homicidios o violaciones, del tratamiento más favorable que reciben otras sustancias más adictivas y con efectos más perniciosos para la salud y la sociedad como son el tabaco, el alcohol o el café, y de la hipocresía generalizada de las posiciones oficialistas sobre la materia. También reseñable es la última parte donde se habla de sobre su potencial farmacológico y ausencia de reacciones adversas, y como se posiciona la industria farmacéutica al respecto. De hecho, ya existen medicamentos cuyo complejo activo es una replica sintética del THC (Marinol), y experiencias exitosas en el tratamiento paliativo de varias dolencias incurables (p.ej. esclerosis múltiple) pese a estar clasificada como sustancia sin valor terapéutico alguno por la DEA.

Sin duda, la marihuana parece una droga peligrosa, lo que no está claro es para quién. El caso es que la lista de países que la han legalizando crece cada día, los últimos en “plante-árselo” han sido los Uruguayos

Como curiosidad, también enlazo el vídeo gubernamental Hemp for Victory!

Europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos

El rescate constituye una DEUDA ODIOSA que será repudiada por haberse otorgado a sabiendas de la insolvencia del país, y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor

Estimados amigos europeos, me siento en la obligación de advertiros de que si entregáis vuestro dinero para rescatar al sector financiero español, lo perderéis para siempre. Sabéis perfectamente que España está en quiebra técnica y que nuestro Gobierno miente más que habla (este y el anterior), y aún así vais a prestar hasta 100.000 millones de euros (equivalente al 16,39% de toda la deuda pública ya existente) a un país cuya economía se prevé se siga contrayendo durante los próximos años, con cifras récord de paro, perdida neta de población y un acelerado envejecimiento de la misma… ¿Cómo esperáis que os paguemos?

Si al menos ese dinero fuera a emplearse para reactivar la economía -y se lograra- todavía podríais recuperarlo con intereses. Pero no; se va a dilapidar en rescatar bancos quebrados. Es decir, en quedarnos como estamos, en subvertir los mecanismos de autorregulación de los mercados que tanto gustan cuando lo que hay que autorregular son las ganancias. Ni un sólo céntimo llegará a la economía real porque las cantidades de activos tóxicos a sanear superan con creces la cuantía del rescate.

Rescate que, por cierto, se solicita en un flagrante fraude electoral, incumpliendo las promesas con las que el PP ganó las elecciones y, por tanto, en abierta subversión del más elemental principio democrático. Rescate que es contrario a los interés de España y de los españoles, por suponer una renuncia inaceptable de soberanía y una carga que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos y del propio Estado. Rescate que está siendo contestado en las calles con creciente intensidad.

Rescate que, curiosamente, se hace sin dinero… ya que no lo aporta ni el Banco Central Europeo (el Estatuto del BCE no lo permite) ni el Fondo Monetario Internacional (el FMI depende de la Reserva Federal de EE.UU, que tiene sus propios problemas), ni ningún país europeo, americano, asiático o árabe. Al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) le queda margen para cubrir el rescate si es que encuentra a alguien le preste ese dinero (!?), problema que comparte con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ni siquiera existe todavía y al que se espera que entre España e Italia aporten un 30% de su capital total (!?). ¿Acaso pretendéis que paguemos intereses por un dinero que no tenéis, ni existe?

Estimados amigos europeos, no penséis que porque modificamos la Constitución para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos vais a ver un euro. A diferencia de los países serios, la Constitución española sólo se cumple cuando interesa. Pero os digo más, el Gobierno y el actual orden constitucional será depuesto antes que devolver el dinero ¿A quien se le ocurre bajarle el sueldo a la fuerzas de seguridad cuando se suben salvajemente los impuestos y se le asesta al Estado del bienestar el golpe más mortífero en la historia del parlamentarismo español? No parece propio de alguien que quiera agotar la legislatura.

Por tanto, no os sorprendáis cuando nos neguemos a devolver ese dinero que nunca quisimos. Se trata de un ejemplo de libro de DEUDA ODIOSA, que será repudiada tan pronto se restaure la Democracia en España. Estoy seguro que, si no fuera el vuestro, veríais con claridad lo absurdo que resulta pretender la devolución de un préstamo irresponsablemente realizado a un Estado a sabiendas de su insolvencia, de su graves problemas estructurales, de su incapacidad para generar balances positivos, de que el dinero no será empleado para mejorar la productividad ni reactivar la economía, de la existencia de una fuerte oposición popular a la concesión del mismo, poniendo en peligro la viabilidad económica del Estado y negociando con un Gobierno ilegítimo y traidor.

Si, sí, ilegítimo, porque tanto da que la voluntad popular se haya subvertido mediante el uso de la fuerza o ganando unas elecciones a base de mentiras; y traidor por sus crímenes contra la soberanía, la seguridad y la independencia del Estado. En el código penal se tipifican como delitos el publicar y ejecutar ordenes y disposiciones de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia del Estado (art. 589 CP), facilitar a los enemigos de la nación medios directos y eficaces para hostilizar a España (art. 583.2. CP, lástima que sólo sea punible cuando se ayuda a las tropas enemigas, no a sus funcionarios), y el inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España (art. 581 CP, que es lo que probablemente ocurra cuando traten de recuperar el rescate). Me pregunto qué juez o policía tendría el valor de detener a los miembros del Gobierno si apreciara que se pudiera estar cometiendo alguno de estos delitos. Pues ninguno, claro, “en España hace años que hay una huelga indefinida del derecho y la justicia“, como dice Anguita.

Si a sabiendas de todo esto insistís en rescatarnos, asumir las consecuencias de vuestros actos. Alguien hará buen uso de vuestra donación, pero no serán los españoles; el dinero del rescate acabará en manos de los acreedores del sistema financiero español que -oh, casualidad- son VUESTROS propios bancos. ¿De eso se trata, no?. De esclavizar a una nación a través de la deuda; de que las generaciones presentes y futuras de españoles rescatemos a VUESTROS bancos. No gracias, ya tenemos bastante con soportar a los nuestros.

Insisto amigos europeos, si queréis volver a ver vuestro dinero NO rescatéis a España y sus bancos. Avisados estáis.