The Corporation ¿Instituciones o psicópatas? – Documental

Título original: The Corporation | Ir al vídeo
Tema: Empresas. Evaluación 4.25/5.
Año 2003. Dur: 172′. Producido por Mark Achbar.
Web: http://www.thecorporation.com.

Las sociedades mercantiles o empresas (denominadas erróneamente como “corporaciones” en la versión es español) se crearon durante el siglo XIX como forma de propiedad de una actividad económica. Gracias a esta fórmula, un grupo de personas podían organizarse para obtener beneficios a través de instituciones jurídicamente independientes de quienes las controlan y de quienes trabajan en ellas. Este sencillo tecnicismo encierra una de las innovaciones legales que más radicalmente han transformado no sólo la economía humana, sino también las relaciones sociales y nuestro sistemas de valores.

La clave para comprender las repercusiones de esta innovación es el concepto de responsabilidad limitada, en virtud del cual, los propietarios de las empresas son capaces de eludir las responsabilidades de su actividades económicas, al quedar esta limitada a la empresa y, en el mejor de los casos, a sus administradores. Esta característica permite a las empresas generar riqueza para sus propietarios de forma mucho más eficaz, ya que cualquier cosa que se haga mal será responsabilidad de la empresa, que es un ente incorpóreo e inmortal accionado por personas reemplazables.

La combinación de responsabilidad limitada y búsqueda ilimitada de mayores beneficios convierte a las empresas, según alguno de los entrevistados, en una grave amenaza para nuestra superveniencia, ya que a las empresas sólo les preocupan los beneficios de sus accionistas, anteponiéndolos al bien público y al bienestar del resto de personas que se ven afectadas por ellas. Como reconoce en el documental la CEO de “The Body Shop”, “TODO el legítimo para la obtención de beneficios”.

Desde esta perspectiva, la consecuencia lógica de la limitación de responsabilidad es que este tipo de organizaciones tiendan a generar el máximo coste colateral que la sociedad les permita, o pueda asumir, para mejorar su cuenta de resultados: desde la explotación de mano de obra esclava, la contaminación del medio ambiente con residuos sin tratar, la comercialización de productos peligrosos y/o sin un estudio riguroso de sus efectos sobre la salud humana, la privatización de recursos naturales para convertirlos en mercancías, etc…

Las empresas como psicópatas

La mayor parte del documental está dedicada a repasar algunos ejemplos de estos efectos colaterales que producen las empresas al socializar los costes de su actividad con el fin de obtener el máximo beneficio. Temas que también son tratados por otros documentales de una forma más monográfica, y que sirven de muestra sobre cómo la empresa está en el origen de muchos problemas sociales modernos.

A partir de estos ejemplos, el documental traza un paralelismo entre el comportamiento de las empresas y el perfil clínico de un psicópata, caracterizado por:

  • Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás.
  • Incapacidad para mantener relaciones duraderas – Deslocalizaciones, temporalidad.
  • Desprecio por la seguridad de los demás.- Comercialización de productos peligrosos para la salud o producción de daños medioambientales.
  • Mentir y engañar sistemáticamente a los demás para obtener un beneficio.
  • Incapacidad para sentirse culpable (la culpa es de otro).
  • Incapacidad para adaptarse a las normas sociales (salvo que sea rentable).

Un fiel reflejo de este diagnóstico es el testimonio de Charleton Brown, intermediario financiero que -con toda crudeza- expone las verdades incómodas del fundamentalismo de mercado: Las catástrofes traen oportunidades de negocio… los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron que muchos se enriquecieran en el mercado del oro, la guerra del golfo disparó la rentabilidad del petroleo y, en general, los conflictos armados mejoran los beneficios en el comercio de materias primas. Como dicen en el documental, “cada vez que se tala un árbol, hay un vertido de crudo o se diagnostica un cancer, sube el PIB“.

El problema radica en que, desde la óptica de la empresa, toda decisión se evalúa exclusivamente desde una perspectiva económica y con el objetivo de maximizar el beneficio a corto plazo. Si el beneficio potencial compensa el riesgo que se corre, incumplir las leyes, vulnerar los derechos humanos o tomar cualquier otro tipo de decisión moralmente reprobable es opción estratégica; y mientras no se le atribuya un valor económico igual o superior a la propia actividad económica que se desarrolla, las empresas seguirán sin considerarán las implicaciones morales, sociales o medioambientales de sus acciones. Incluso si los propios trabajadores rechazan las prácticas de su empresa, se ven en la tesitura de cumplirlas para conservar sus empleos.

Es por esto que, sólo cuando el conocimiento de sus practicas empresariales genera rechazo entre los clientes -y una potencial merma de las ventas- aparece la preocupación por los “daños colaterales” que produce su actividad económica. Así nacieron las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa; que, aunque positivas, no son más que acciones de marketing que dedican una ínfima cantidad de los recursos de la empresa a lavar la mala imagen que producen el resto de sus actividades. Si a las empresas realmente les preocuparan los costes que externalizan hacia la sociedad, los reducirían, aunque ello supusiera una merma de su competitividad y/o beneficios

La apropiación de los bienes comunes

El afán de expansión de las empresas les lleva a invadir todos los ámbitos de la vida, y a querer apropiarse de todo lo que existe, llegando incluso a invadir aspectos de la vida que tradicionalmente se han mantenido fuera de la dinámica del mercado. Bajo la premisa de que la riqueza sólo se crea cuando se posee de forma privada, empresas y gobiernos se afanan en la parcelación de los bienes comunes amparándose en el discurso de las supuestas bondades de las privatizaciones, desregulaciones y libre comercio. Sin embargo, esta forma de actuar no crea riqueza, sino que la usurpa poniéndole una valla y declarando propiedad privada algo que es de todos, como pasa con la apropiación del conocimiento mediante el uso de patentes.

Algo similar ocurre con las instituciones públicas que ofrecen servicios fundamentales para la sociedad: se están transfiriendo sistemáticamente a manos privadas con la escusa de obtener una ganancia marginal de eficiencia en su funcionamiento. Sin embargo, esto no siempre se consigue y, cuando se logra, es a costa de un peor servicio o mayor coste para sufragar los beneficios, porque las empresas privadas no pueden funcionar con pérdidas. Es por eso que es necesario un sector público fuerte que pueda funcionar con pérdidas, de modo que garantice la prestación de ciertos servicios (educación, sanidad, acceso a suministros), pueda subvencionar sectores productivos dependientes, y mantener el empleo para reactivar el consumo durante las recesiones -en vez de limitarse a reducir plantilla para mantener la rentabilidad, o cerrar si no lo consigue.

Como ya se demostró en el caso de los bomberos privados (63′), hay ámbitos de la vida en que la gestión privada es contraproducente para todos. Hay cosas demasiado esenciales para el bien púbico como para que se consideren oportunidades de negocio, por eso es necesario tomar la decisión política de sacar este tipo de productos y servicios del mercado. Como se comenta en el documental, la esclavitud desapareció no porque dejara de ser rentable, sino porque se tomo la decisión política de que el ser humano no podía ser una mercancía ni una propiedad.

Además de abrir nuevos mercados -apropiándose de los bienes comunes- las empresas también invaden el espacio público para lograr sus objetivos. A la tradicional publicidad, se van añadiendo nuevas formas de relaciones públicas dirigidas a lograr que los consumidores compren sus productos. El grado de manipulación puede llegar a ser enorme, desde la publicidad que enseña a los niños como dar mejor la lata para a sus padres para que les compren lo que han visto en la tele, a la creación de manifestaciones tridimensionales de las marcas y los valores que personifican (“como disneyworld“), la publicidad encubierta (mensajes que no parecen publicidad ni que vayan dirigidos a nosotros), o la creación de grupos -presentados como expertos independientes- para la defensa de sus intereses.

El objetivo final es convertir a la población en consumidores mecánicos de productos que no necesitan, que se encuentren disociados unos de otros y llenen sus vidas satisfaciendo necesidades creadas por las empresas, desempeñando la función social que nos han asignado y viviendo según los valores que nos han inculcado (como que el transporte público es para quien no tenga más remedio). Si lo que hacen es ético o no, no les interesa: los publicistas (como todos) se limitan a hacer su trabajo.

Indiferencia hacia la democracia y los derechos humanos

La tercera parte de “The Corporation” repasa el largo historial de indiferencia hacia la democracia y vulneración de los derechos humanos de estas compañías, propiciado por el hecho de que las empresas no están integradas en el procesos democráticos, ni sometidas a ellos. Aunque, en teoría, las empresas deben cumplir las leyes, esto no garantiza que lo hagan, ni que -aun respetando los límites de la ley- las actividades que desarrollan no produzcan daños en otras personas y/o el medio ambiente.

Es de sobra conocida la estrecha cooperación entre la industria y los gobiernos, así como la capacidad que tienen las empresas para presionar a estos últimos de muy diferentes maneras. Independientemente de la forma de gobierno que adopte un Estado, en todos ellos la línea que separa a los responsables del sector público y del sector privado es muchas veces difusa, o directamente no existe; lo que ha llevado, en no pocas ocasiones, a que los gobiernos sean instrumentos en manos de los grandes empresarios locales y/o extranjeros.

Cuando las grandes transnacionales no han podido persuadir a los gobiernos para imponer políticas económicas “impopulares”, pero muy beneficiosas para ellas, no han dudado en financiar a otras opciones políticas más afines a sus intereses. Un ejemplo claro de este fenómeno es la ascensión del fascismo en Europa, que se produjo (en parte) gracias a la financiación y el apoyo mediático que estos grupos extremistas obtuvieron de las grandes empresas. Una vez alcanzado el poder, los gobiernos totalitarios “recompensaron” a quienes les apoyaron con una regulación que acallará las reivindicaciones sindicales, fortaleciera su control de los mercados y protegiera sus beneficios empresariales; todas ellas políticas gubernamentales muy positivas para la economía, como se ha demostrado con el milagro económico chino.

El recurso al golpe de estado es un caso clásico en el continente americano: Guatemala (1954), Chile (1973), Bolivia, Argentina y Brasil durante los años 1970, e incluso Honduras recientemente (2008). Sin embargo, el rechazo internacional hacia los gobiernos golpistas de sudamérica hizo que, a partir de la década de 1980, el control de los gobiernos democráticos empezara a ejercerse a través de organismos internacionales “neutrales” -como el Fondo Monetario internacional o el Banco Mundial- que imponían estrictos planes de ajuste y restructuración económica como requisito para acceder a los fondos necesarios para evitar la quiebra. Así ocurrió en Polonia (1989), Rusia después del colapso de la URSS, o Sudáfrica una vez finalizado el apartheid. Quedó claro que no era necesario un golpe de estado para obligar a un gobierno a reestructurar la gestión pública en beneficio de las empresas, basta con crear las condiciones necesarias (“crisis” o “emergencias”) para que no tenga otra opción, y la opinión pública acepte con resignación los cambios. Esta estrategia ha sido bautizada como “la doctrina del shock”.

Hacia la economía democrática

Como ya se ha visto, la empresa crea mucha riqueza para sus propietarios, pero lo hace apropiándose de los recursos naturales del planeta y explotando a los más débiles como mano de obra barata para transformar dichos recursos naturales de una forma derrochadora. Cuando encuentra trabas a sus planes de expansión económica no duda en subvertir el sistema legal y el principio democrático para que sirvan a sus intereses, hasta el extremo de que la ONU se empieza a plantear la necesidad de crear un tribunal para juzgar a multinacionales. Los daños que generan este tipo de organizaciones superan con creces los beneficios que obtienen unos pocos de ellas.

Para poner freno y reconducir los efectos perniciosos del dominio de las grandes conglomerados empresariales, el documental plantea como solución la democratización de la economía, es decir, someter a las empresas y a la economía al control democrático de los ciudadanos, de modo que estos puedan opinar sobre lo que pasa en los mercados, y tengan la capacidad de modular las actividades empresariales y financieras que les afectan directa o indirectamente.

Entre las medidas propuestas destacan -a mi entender- “despojar” a las empresas de su “derechos” como “personas” (jurídicas), la disolución de aquellas que incumplan reiteradamente la ley (ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de reconvertirlas en cooperativas), o permitir que trabajadores y consumidores puedan participar en igualdad de condiciones en los consejos de administración donde se toman las decisiones que les afectan. Como dice Milton Friedman en el vídeo, “es necesario crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto”.

En definitiva, se trata de poner a la empresa al servicio a la comunidad para satisfacer las necesidades de todos, en vez de permitir que sean las empresas las que utilicen a la sociedad para alcanzar el máximo lucro posible; algo que sólo será posible con gobiernos verdaderamente democráticos, al servicio de los ciudadanos y sometidos a su control, que sean capaces de impulsar cambios legislativos ambiciosos que permitan alcanzar estos objetivos. Es por esto que resulta fundamental recuperar el control sobre los gobiernos para hacer prevalecer, desde ellos, la lógica de la democracia sobre la lógica del mercado. Todo llegará… si nos esforzamos por que ocurra.

El papel de los consumidores en la economía de mercado

Cuando notamos que nuestra economía personal se deteriora la reacción instintiva de mucha gente es señalar al Gobierno, ya sea para echarle la culpa de nuestros problemas o para exigirle que los solucione por nosotros. Qué si suben los alimentos; la gasolina; la vivienda; el desempleo… ¡todo sube menos los sueldos!; y ante este panorama lo único que se nos ocurre es entregarnos a la práctica del verdadero deporte nacional: echarle la culpa a los demás, sin asumir ninguna responsabilidad sobre nuestros propios problemas; y exigir que nos los resuelvan, en vez de buscar soluciones por nuestra cuenta.

Sin embargo, por mucho que nos neguemos a ver la realidad, sigue siendo igualmente hipócrita exigir responsabilidades al Gobierno cuando la economía no está bajo control estatal. En un mercado no regulado, la interacción entre productores y consumidores determina las características de los intercambios comerciales mediante un proceso colectivo de negociación en el que todas las partes tratan de maximizar el valor o utilidad que obtienen de dichos intercambios.

El funcionamiento de este mecanismo presupone que todas las partes están dispuestas a defender sus propios intereses compitiendo contra todos los demás: contra nuestros clientes (o empleadores) para obtener más ingresos; contra nuestros proveedores (trabajadores y medioambiente incluido) para obtener materia prima a menor coste; y contra quienes se dedican a lo mismo que nosotros (competencia) para acaparar más clientes y proveedores. Esta es la premisa de la competición, sobre la que se basa la economía de mercado.

Sin embargo, al menos en España, los consumidores no estamos ejerciendo eficazmente nuestro papel de contrapeso para equilibrar y estabilizar los mercados. No nos gusta “perder” el tiempo comparado ofertas, buscando alternativas, restringiendo o posponiendo nuestro consumo cuando las condiciones no nos satisfacen, o negociado las condiciones en que se realizarán las transacciones. Por tanto, a nadie le debería sorprender que suframos los desajustes que estamos incentivando con nuestra irresponsable forma de consumir.

Cuando la demanda es inflexible, los precios suben (y los salarios bajan)

En una escena de “The Wire” unos narcotraficantes discuten sobre la nueva heroína que están despachando:

– String, la gente se está quejando… nos dice que esta basura está floja.
– Lo sé. Pero es floja en todas partes. La cosa es que no importa a qué llamamos heroína, se va a vender. Si la droga es fuerte, la venderemos. Si la droga es floja, venderemos el doble. ¿Sabes por qué? Porque un drogadicto va a tratar de conseguirla sin importarle más. Cuanto peor la hacemos, más ganamos.

Esto mismo deben pensar en España el sector de vivienda y el energético, especialmente el petroquímico (con el precio de la gasolina), entre otros. La única diferencia es que, en vez de vender más, lo que se hace es vender la misma cantidad a mayor precio; que van incrementando hasta que los consumidores no pueden pagar más, o deciden no hacerlo.

Cuando los consumidores no discriminan con sus decisiones económicas entre buenas y malas ofertas existe poco incentivo para que las empresas proveedoras compitan entre sí por mejorar el valor de sus propuestas. Independientemente de que sea por falta de interés en estudiar las ofertas o porque hay pocas opciones entre las que elegir, cuando los consumidores no participan activamente en la negociación de los precios la oferta acaba por volverse homogénea, de baja calidad y alto coste. Esto es lo que pasa en los mercados donde no hay competencia.

Según Eurostat, en 2006 los precios en España estaban un 7.71% por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, pero los salarios estaban entre el 26,87% y el 29,5% por debajo de esos mismos países. ¿Es casualidad que en España tengamos precios europeos pero sueldos muy inferiores? Mi modesta opinión es que no. La gente tiene tantas necesidades creadas, y tan poca costumbre de privarse de nada, que es incapaz de defender sus propios intereses… algo que aprovechan los mercados, que sí están acostumbrados a competir contra nosotros, y a ganar.

Esta situación se conoce en economía como demanda inflexible o cautiva, que se produce cuando la demanda, ya sea de empleo o de consumo, apenas sufre variaciones conforme varían las condiciones de las transacciones. Cuando esto ocurre, una de las consecuencias más inmediatas es un rápido empeoramiento de dichas condiciones para la parte “inflexible” de la transacción, que continuará hasta que el empeoramiento empiece a afectar también a la otra parte y se restablezca el equilibrio.

El tamaño grande no siempre es el más barato
El tamaño grande NO es necesariamente el más barato

De este modo, si una empresa reduce la calidad de sus productos y/o incrementa sus precios, y estos cambios no afectan a la cantidad de unidades vendidas, los cambios se mantendrán en el tiempo. Igualmente, si empeoran las condiciones laborales y no se reduce la demanda de empleo, ni aumenta la rotación de la plantilla, las nuevas condiciones laborales se perpetuarán.

Por este motivo, tanto en nuestro papel de trabajadores como en el de consumidores, estamos obligados a contrarrestar a quienes compiten contra nosotros para maximizar sus beneficios, por la cuenta que nos trae. Esto implica acostumbrarse a prestar atención y comparar las condiciones de venta, a sondear el mercado de forma regular en busca de mejores ofertas (también de trabajo o alquiler), a cambiar de proveedor siempre que se pueda obtener una mejora sensible, y a negociar y a rechazar aquellas condiciones que no nos favorezcan. Como dicen los angloparlantes O el trato es bueno o no hay trato.

Sólo cuando una parte significativa de la población empiece a rechazar tratos que no les convienen (o no les quede más remedio, como ya le está pasando a muchos), las empresas empezarán a buscar formas alternativas para mantener sus márgenes de beneficios sin alterar la calidad de sus productos/servicios, los precios, o los salarios; y aquellas que no encuentren nuevas formas de incrementar su competitividad desaparecerán.

La concentración de la propiedad privada perjudica al consumidor

Otra de las características fundamentales de nuestra mercado es que la oferta supera ampliamente la demanda. Simplemente no hay suficientes consumidores para todo lo que se produce, por lo que muchas empresas acaban desapareciendo frente a sus competidores, otras fusionándose para tratar de sobrevivir y otras absorbiendo -o comprando- las cuotas de mercado de los menos afortunados.

La tendencia generalizada de los productores para contrarrestar su situación intrínseca de debilidad y garantizarse unos beneficios crecientes es organizarse y coordinarse para reducir el nivel de competencia del mercado, obstruyendo la entrada de nuevos competidores y pactando precios que les dejen un buen margen (price fixing). De este modo, conforme se reduce la competencia, las pocas empresas supervivientes desarrollan la capacidad de poder trasladar sistemáticamente los incrementos en sus costes a sus clientes y/o proveedores, hasta el punto de poder imponer precios que garanticen sus beneficios.

La capacidad de las empresas para alcanzar este escenario ideal -para ellas- depende en gran medida de la felixibilidad y movilidad de la demanda. ¿Cómo es posible que Telefónica se atreva a lanzar en Alemania una marca de telefonía móvil barata y diga que en España no piensa hacerlo, o que las tarifas telefónicas en España sean las tarifas más altas de toda Europa? Evidentemente, la diferencia es que los consumidores españoles y alemanes nos comportamos de diferente manera, y hemos creado mercados con características diferentes.

Mientras que en Alemania los sueldos son altos, y los precios se mantienen estables; en España los sueldos bajan en términos absolutos, lo que, combinado con una alta inflación (media anual del 3,33% entre 2002 y 2008) originada en el incremento de los márgenes empresariales, hace que el salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico, mientras que los beneficios de las empresas han crecido un 73% entre 1999 y 2006… cuatro veces más que las empresas del resto de Europa.

Este milagro económico ha sido posible gracias a la falta de competencia real, en unos mercados donde la práctica totalidad de la producción está concentrada en pocas empresas (3-4 por sector), y que es consecuencia directa e indirecta de que amplios sectores de la población acepten como normal el empeoramiento de su situación económica y mantengan sus hábitos pese a pagar precios más altos y recibir salarios más bajos.

Frente a este modelo de ciudadano despreocupado y conformista -predominante en el mercado español- encontramos al ciudadano inconformista y activo, que ha comprendido que para proteger su poder adquisitivo debe fomentar la competencia eligiendo aquellas ofertas que dinamicen en el mercado, en especial cuando las realicen empresas de reciente implantación. Este tipo de ciudadano no se casa con nadie: premia o castiga con su tiempo o dinero a las empresas dispuestas a hacerle una oferta mejor, exige a los poderes públicos que ejerzan de forma efectiva su mandato de proteger la libertad de mercado y hacer que las empresas cumplan las leyes; y orienta su voto hacia quienes cumplen cumplen adecuadamente su labor de supervisión de los mercados.

Desgraciadamente, en el mercado español predomina el perfil conformista, por lo que las empresas seguirán dictando los precios y salarios que mejor encajen con sus previsiones de incremento de beneficios hasta que la gente decida fomentar la competencia y elegir a gobiernos estrictos a la hora de supervisar los mercados.

Regular los mercados no es suficiente

El Estado, como supervisor del mercado nacional, tiene un importante papel a la hora de regular su mercado interior. Al menos en teoría, entre sus funciones deberían estar el tomar medidas contundentes para evitar que la actividad de sectores enteros se concentre en manos a unas pocas empresas (oligopolios), erradicar cualquier práctica que coarte la libertad de los consumidores para elegir, y poner freno a las estrategias que erosionan la competencia.

Sin embargo su capacidad de poder proteger la libertad de mercado depende en gran medida de que este tema sea una prioridad para los electores, y de que éstos le respalden sin fisuras a la hora de tomar medidas impopulares entre empresarios e inversores. Cuando esto no es así, lo que suele pasar es precisamente lo contrario: los gobiernos pasan a estar al servicio de los mercados, dejándoles hacer, fortaleciendo sus estructuras de beneficios y subvencionando sus ventas a costa del dinero y los impuestos de los ciudadanos (que viene a ser lo mismo).

Sólo de este modo se explica que gobiernos elegidos por una mayoría de ciudadanos apuesten de forma sistemática por la moderación salarial (¡¡¡ahora defendida hasta por los sindicatos !!!) como solución para luchar contra la inflación en detrimento de la mejora de la productividad y el aumento del nivel de competencia en los mercados. No obstante, a falta de una labor pedagógica y medidas complementarias, en la práctica, lo que se consigue con esta moderación es reducir el consumo sin reducir los precios ni aumentar la competencia.

Evidentemente, mientras el coste de los salarios puedan mantenerse, e incluso reducirse si se incrementen menos que los precios y se hacen más precarias las condiciones de empleo, cualquier inversión en aumentar la productividad y competitividad es poco atractiva. Y más aún cuando la intensidad de la competencia está controlada y resulta posible para todos (tanto a consumidores como a productores) compensar su incapacidad de competir a costa del erario público mediante subvenciones, ayudas directas (II) y bajadas de impuestos, para que podamos continuar como si no pasara nada.

Este tipo de “soluciones”, aunque pueden desahogar la situación a corto plazo, no sólo no atajan las causas estructurales de los problemas sino que, además, los agravan. Al aliviarse la crisis con estas medidas temporales, las reformas de fondo necesarias se posponen -si es que se realizan- y, cuando los precios absorben las subvenciones o rebajas fiscales, volvemos al punto de partida, iniciando un ciclo que conduce inevitablemente la quiebra del Estado. Cuando no se puedan pagar las subvenciones que todo el mundo pide con los impuestos que nadie quiere pagar ¿a quién irán a llorarle subvenciones y bajadas de precios?, ¿quien protegerá a los ciudadanos de los poderes económicos y de ellos mismos?, pero, sobre todo, ¿quién rescatará a las empresas cuando sean víctimas de su propia codicia?

Está claro, al menos para mi, que los gobiernos de España han trabajado, trabajan y posiblemente seguirán trabajando para proteger los beneficios empresariales. Eso sí, disfrazando sus iniciativas en tal sentido como medidas para la protección de empleo y lucha contra el paro… evidentemente, sin trabajadores que explotar no habría actividad económica ni beneficios.

En estas circunstancias, cualquier intervencionismo económico se limitará a ayudar a las empresas a superar las consecuencias de su mala gestión, nunca a ayudar a los consumidores en detrimento de los beneficios empresariales. Por tanto, resulta cuanto menos ingenuo reclamar ayuda al Estado, ya que cualquier solución que nos ofrezca llegará siempre tarde, será insuficiente por lo general, y muy probablemente se limitará a mitigar los efectos perniciosos por un tiempo, en vez de atajar el verdadero problema.

No obstante, tengo que insistir en que la culpa de que los gobiernos que elegimos no estén desempeñando eficazmente su labor de controlar los mercados es, en primer lugar, de los ciudadanos que se lo consienten y/o se empeñan en respaldarlos con su voto. Además, por mucho que el gobierno se esmerara en regular los mercados, cualquier esfuerzo será siempre inútil mientras la mayor parte de la población siga sin asumir su parte de responsabilidad en equilibrar la relación entre oferta y demanda… mientras sigamos consintiendo el enriquecimiento de otros a nuestra costa. El Estado no puede solucionar los problemas que nosotros mismos hemos provocado.

Ser competitivo no es resignarse, sino competir contra los mercados

Todo lo que aquí he expuesto es una obviedad. Desgraciadamente para todos, un amplio porcentaje de la población no acaba de asimilar que hay que competir contra los mercados; y con su actitud despreocupada y conformista acaban generando graves distorsiones en el mercado, que sufrimos todos.

Porque que los precios suban, los salarios bajen, y la oferta se vuelva homogénea y de baja calidad es sólo la punta del iceberg. Conforme se agudizan estas condiciones en los mercados, los consumidores tienen dos opciones: o mantener su consumo a costa de aumentar su endeudamiento, o reducirlo. En cualquier caso, el resultado a medio plazo es que la demanda disminuye sin esperanza de reactivarse, con lo que se acaba destruyendo parte de la capacidad productiva del mercado y se concentra la oferta en menos productores que antes.

Un ejemplo claro de lo que hablo es la crisis inmobiliaria: Quizás los bancos podrían no haber dado tan alegremente hipotecas, pero es que su negocio es vender dinero; quizás el Estado podría no haber incentivado la compra con desgravaciones y ayudas fiscales, pero es que ese tipo de medidas son las que desean los votantes… Sin embargo, el que verdaderamente podía haber evitado la crisis fue el consumidor dispuesto a pagar el equivalente al sueldo de 20 años para comprar una casa normalita. Si estas personas hubieran ejercido su papel de contrapeso del mercado, probablemente la oferta se habría racionalizado de forma controlada, y la burbuja no habría estallado en nuestra cara llevándose por delante a cientos de familias que trabajaban en la construcción, para alguna de las entidades bancarias afectadas por la morosidad o que tienen una hipoteca que no pueden pagar.

Para mantener el poder adquisitivo (y evitar colapsos económicos que puedan afectarle), el ciudadano tiene varias opciones a su alcance. Por desgracia, todas ellas requieren un esfuerzo de su parte y empezar a pensar por uno mismo. En cualquier caso, cambiar nuestra forma de interactuar en contextos económicos siempre será una alternativa mejor a largo plazo que seguir siendo un colectivo atomizado que vive a merced de las grandes empresas y del Estado. ¿No será mejor organizarse para defender nuestros propios intereses, por si a nadie más le preocupan?

A nivel individual, hay que acostumbrarse a utilizar nuestras transacciones mercantiles para fomentar la competencia y demostrar que somos sensibles a la oferta reduciendo el consumo -u optando por otras alternativas- cuando el valor o utilidad que conseguimos de nuestras transacciones no nos satisfaga. Todo se resume en presionar a las empresas, que son la causa de nuestros problemas económicos, para que mejoren sus ofertas (de empleo, de productos y de servicios). Como dice la sabiduría popular, “si quieres que te suban el sueldo o que te bajen el alquiler, lo mejor es que te vayas a otro sitio”.

Cuando no encontremos alternativas aceptables, debemos plantearnos la posibilidad de organizarnos para lograr mejoras de precio y calidad, y/o asumir directamente el rol de producción. Así, por ejemplo, resulta relativamente sencillo montar una cooperativa para, por ejemplo, comprar productos ecológicos directamente al productor a mejor precio (II) al eliminar intermediarios y combinar el poder de compra de los miembros de la misma; así empezó el séptimo grupo empresarial de España.

Como máxima general, conviene aliarse con aquellos que persiguen los mismos objetivos que nosotros para aumentar y coordinar la presión sobre nuestras contra-partes (base sobre las que se asienta el sindicalismo, y los oligopolios) y no subvencionar los beneficios ajenos con nuestro dinero: Si la empresa se traslada a un polígono porque es más barato (para la empresa, no para el empleado), que pague una ruta en vez de obligar a los trabajadores a desplazarse por su cuenta; si hay jornada partida, que pague un comedor; si no se puede igualar el IPC al revisar los salarios, que aumente los días de vacaciones o reduzca la jornada laboral…

Así que la próxima vez que recibas un llamamiento para presionar a determinada empresa, no olvides que proviene de un grupo de personas tratando de defender sus intereses, que muy probablemente compartas. Así que en vez de ignorarlo, o burlarte, evalúa si te beneficiarías de la acción, y en caso afirmativo ¡participa! Te sorprenderías de lo que se puede conseguir, hasta bajar el precio de la gasolina. Y ya puestos a tomar las riendas de nuestro propio destino, vota a políticos que trabajen en defensa de tus intereses, que no tengan miedo a intervenir en los mercados y se comprometan a aumentar la competencia real entre empresas y a garantizar la libertad y los derechos del consumidor.

La próxima vez que pienses que algo es muy caro o que te pagan poco, pregúntate qué méritos has hecho tu para merecer algo mejor. El primer responsable de tu destino eres tu mismo, así que decide; compite.

Justicia para España

Leo, alegrado, que las cuatro principales asociaciones de jueces se disponen a convocar un acto de protesta el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones:

  • Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
  • Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
  • Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
  • Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
  • Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
  • Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

  • Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
  • Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
  • Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
  • Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.