En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -”salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida [...] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios“, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados -como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[...] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en “Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada“.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] ↑ Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] ↑ Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

• Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
• Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
• Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

Escarmentados por los referéndum de la Constitución Europea en Francia y Holanda, que se iban a celebrar en 10 de los 27 miembros de la Unión, los gobiernos optaron, para este segundo intento, por ratificar el proyecto por vía parlamentaria. La elección resulta la más lógica teniendo en cuenta que el Tratado de la Unión Europea es esencialmente lo mismo que la rechazada “Constitución Europea“, como reconocen los partidarios del texto. Además, dado que el texto debe ser aceptado por la totalidad de los países, la vía parlamentaria es la única que ofrece suficientes garantías para que el texto entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, ya que estaría por ver que los partidos no ratificaran en el parlamento las propuestas de sus propios gobiernos.

Desgraciadamente para los gobiernos, que son quienes impulsan y están detrás de la Unión Europea, en el caso Irlandés no había una forma elegante de pasar por alto a los ciudadanos, ya que una sentencia del Tribunal Supremo irlandés exige incorporar los tratados europeos como enmiendas a su Constitución, que deben ser ratificadas por referéndum. A pesar de que el Tratado recibió el apoyo casi unánime de partidos políticos, patronales y sindicatos, los votantes Irlandeses decidieron NO ratificar el texto modificado de la Constitución Europea.

Con las papeletas todavía calientes, el gobierno irlandés declaraba estar “decepcionado” por la decisión tomada por la mayoría de los votantes (supongo que el sentimiento debe ser mutuo), mientras que los líderes de media Europa ya han avisado de que da igual lo que hayan decidido los irlandeses, el texto propuesto seguirá adelante y entrará en vigor cuanto antes… así funcionan las cosas en la Europa que se está construyendo.

Golpe de estado de los gobiernos europeos

Tal y como se ha planteado, el proceso de construcción europea supone una usurpación descarada de la soberanía de los pueblos de Europa en favor de una unidad política, la Unión Europea, que no responde a los requisitos mínimos que definen una Democracia, ni representa a sus ciudadanos. Por su contenido, supone un atentado contra la soberanía de los ciudadanos, y contra el mismo concepto de Democracia.

En primer lugar porque, enterrada en las “Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa”, se incluye una Declaración (núm .17) que dice textualmente

“La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”.

Dicho de otra manera, la legislación Europea predomina sobre las Constituciones de los Estados miembros, de modo que el Tribunal Europeo de Justicia queda establecido como Tribunal Supremo de la Unión Europea, por encima de los tribunales nacionales, cuando se traten de asuntos cuyas competencias se hayan transferido a la Unión; que, por cierto, son bastantes. Se calcula que el 80% de las leyes que se adoptan en los parlamentos nacionales son adaptaciones de directivas europeas.

Así que quienes se consuelen pensando que medidas como las 65 horas semanales no les afectarán, que sepan que el Estatuto de los trabajadores y la propia Constitución tienen inferior rango que cualquier normativa europea, como se demostrará con el tiempo si no hacemos algo para evitarlo.

La importancia de este matiz es doble si tenemos en cuenta que si de algo carece la Unión Europea diseñada en el Tratado de Lisboa es de una adecuada separación de poderes, así como de mecanismos de participación y control democrático de la ciudadanía.

De las 7 instituciones que componen la Unión Europea (Art. 13, TUE), sólo una es elegida democráticamente por los ciudadanos… ¡precisamente la que menos competencias y poder tiene!. El Parlamento Europeo probablemente sea la cámara con menos capacidad legislativa de todas las que utilizan ese nombre. Según el Artículo 14 del TUE:

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

Sin embargo, según el punto 2 del Artículo 17 del TUE dice:

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

¿Y quién elige a los miembros de la Comisión Europea? Pues el Consejo Europeo (Art. 17. Puntos 4, 5 y 7), es decir, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (Art. 15.1)

Es decir, que a pesar de que no ha sido elegida por la ciudadanía, ni existir una conexión directa entre los ciudadanos y la Comisión, este es el único órgano de la Unión Europea con capacidad para proponer leyes. Las propuestas que hace son enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo para su enmienda o ratificación, y una vez aprobadas obligan a los a todos los países miembros, por encima de sus propias leyes.

De este modo, los Gobiernos de los países miembros pueden implantar políticas impopulares, e incluso contrarias a sus programas electorales, amparándose en las escusa de que se ven obligados a adaptar las directivas que les llegan desde Europa, cuando son ellos mismos quienes eligen al presidente de la Comisión Europea a través del Consejo Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia (Art.19 TUE), y a los miembros del Consejo, compuesto por representantes de los países miembros con rango ministerial (Art. 17 TUE) y que, a su vez, eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas (art. 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE) y a los miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que junto a los Gobernadores de los Bancos Centrales (adivina quien elige a los gobernadores) forman el Consejo de Gobierno del BCE (art. 10 y 11 del Protocolo nº4 TUE). Tampoco son elegidos directamente por los ciudadanos de Europa las figuras de Presidente y Ministro de exteriores de la UE.

Como se puede observar, toda la legitimidad de las instituciones europeas (menos el Parlamento Europeo, elegido mediante elecciones con listas cerradas, al menos en España) proviene de los gobiernos de los países miembros, no de los ciudadanos de Europa. Hay demasiados intermediarios entre los titulares de la soberanía europea y quienes la gestionan: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dependen de los gobiernos, no de los ciudadanos, y faltan mecanismos democrático de control del poder, ya que salvo los europarlamentarios, nadie tiene que rendir cuentas a los electores por lo que pasa en Europa.

Por si la falta de legitimidad y la deficiente separación de poderes no fuera suficiente, el Artículo 48 del TUE establece que, una vez aprobados, los tratados de constitución de la Unión Europea podrán ser revisados a iniciativa del Consejo Europeo, y las modificaciones propuestas ser adoptadas si no hay oposición en los parlamentos nacionales. Es decir, que la Unión Europea puede rediseñarse cuando y cómo lo deseen los jefes de Estado y Gobierno sin consultar a nadie. ¿Es esta la Europa que queremos?

Sin referendum no hay legitimidad, ni democracia

Las disposiciones que contiene el Tratado de la Unión Europea alteran sustancialmente la organización política de Europa, y supedita en gran medida a los Estados miembros a la nueva Unión Europea. Entonces, ¿por qué no podemos ratificar su creación mediante referéndum, para que todo sea legal?.

Si tan bueno es para el futuro de las gentes de Europa, como afirman desde las instituciones (casi) al unísono, ¿qué puede costar poner una segunda urna en las elecciones europeas de 2009 para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra soberanía y juzgar las gestiones que han realizado nuestros gobiernos con respecto a esta Unión de naciones?.

Probablemente la mayoría de la clase política europea crea, no sin motivo, que no estamos preparados para valorar este nuevo tratado. No en vano, el texto “básico” consta de más de 400 artículos, y ocupa más de 300 hojas. Además, su redacción es deliberadamente ambigüa, y bastantes artículos incluyen en su redacción referencias a otro, con lo cual no queda claro a simple vista a qué se refieren o qué implicaciones prácticas tienen. Como afirma el semanario The Economist, “la opacidad del nuevo tratado no es un accidente: es su razón de ser“.

Según el propio Tratado de la Unión Europea (Art. 11):

[...]
3. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
4. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones
representativas y la sociedad civil.

A la vista de los acontecimientos, diría que ni el diseño ni el proceso de constitución de la Unión Europea cumple con los principios recogidos en su propio Tratado

Motivos para oponerse a ESTA Unión Europea

Hay muchos y variados motivos para rechazar al Tratado de Lisboa. Tantos, que es cuestión de ir revisando los artículos para encontrar cosas con lo que no estaremos de acuerdo. A mi lo que más me preocupa es la usurpación de la soberanía de los ciudadanos por un supra-Estado europeo que no es democrático, pero hay otras muchas razones que los partidarios del NO se han encargado de divulgar, pese a la oposición de los medios de comunicación convencionales.

No es sólo que estos medios esté ocultando al público la existencia de una oposición a los Tratados dentro del propio Parlamento Europeo, sino que también censuran el debate publico sobre esta propuesta al descalificar a quienes piensan distinto de la corriente institucional europea, aunque sean mayoría. Aparentemente, los únicos autorizados para determinar que es lo que nos conviene es la clase política.

Así, en vez de comentar el completísimo informe de 79 páginas donde se detallan uno por uno los motivos para votar NO, los medios convencionales de comunicación han centrado su “sesgada” cobertura informativa del NO en el hecho de que el único partido opuesto al Tratado en Irlanda es el Sin Fein, que como son muy malos no tienen derecho a tener razón en nada de lo que digan, y en que los detractores del Tratado UE estaban infundiendo miedo a los votantes con cuestiones que “no están en el Tratado”, nada más lejos de la realidad.

Entre las “preocupaciones” de los partidarios del NO están que el Tratado de la Unión Europea fomenta la militarización de Europa, ya que obliga a los Estados miembros a comprometerse “a mejorar progresivamente sus capacidades militares. La Agencia [...] Europea de Defensa [...] contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa [...]“. También define la política común de seguridad y defensa como “parte integrante de la política exterior y de seguridad común”, y capacita a la Unión a realizar “misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos” (guerra preventiva) “y el fortalecimiento de la seguridad internacional” (como en Iraq) “, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (Art 42 TUE), incluyendo “las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos”, que “[...] podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, [...] mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su territorio” (Art. 43 TUE).

Otra de las características clave de este Tratado es que institucionaliza el modelo neoliberal de libre mercado como única opción para el ordenamiento económico de la Unión, y establece que las políticas económicas se dictarán desde Europa, ya que:

1. “Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas [...] respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 119″ (Art. 120. TFUE), que son “precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable”.
2. “El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo.” (p.2), “el Consejo, [...] supervisará la evolución económica de cada uno de los Estados miembros” (p.3). “Cuando [...] se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales [...] El Consejo [...] podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate” (p.4) (Art.121 TFUE)
3. “Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos” (p.1). “Si un Estado miembro persistiere en no llevar a efecto las recomendaciones del Consejo, éste podrá decidir que se formule una advertencia a dicho Estado miembro para que adopte, en un plazo determinado, las medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considere necesaria para poner remedio a la situación.” (p.9) e imponer multas en caso de no hacerlo (p.11) (Art. 126 TFUE).

Además, se prohíbe que los organismos públicos de gobierno y empresas públicas de los Estados miembros puedan tener descubiertos en sus cuentas, o recibir cualquier tipo de créditos del Banco Central Europeo y por los bancos centrales (Art. 123 TFUE). Es decir, se obliga al superávit y a recurrir a la financiación privada (pagando intereses) en caso de necesitar más dinero, cuando antes podían tener déficit, recibir préstamo a tipo preferente e incluso emitir dinero sin interés (aunque aumentando la inflación).

En el Tratado también “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países” (Art. 60), exponiendo las economías locales a movimientos especulativos y fomentando la competición fiscal y la evasión de impuestos. Los servicios públicos, base del estado del bienestar, son rebautizados como servicios de interés económico general, y quedan sujetos a las reglas del mercado (y a su privatización), ya que las empresas que gestionen estos servicios “o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia” (Art. 106 TFUE), “y serán incompatibles con el mercado interior, [...], las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”, estableciéndose algunas excepciones (Art. 107 TFUE).

Respecto a la política comercial común, el tratado establece que “la Unión
contribuirá [...] a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.” (Art 206 TFUE), y define una política comercial común basada que, entre sus principios, incluye “la uniformización de las medidas de liberalización” (Art. 207 TFUE).

Por último, en la parte de los derechos de las ciudadanos, el Tratado de la Unión Europea reconoce como vinculante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), donde se recogen los derechos comunes de los Europeos, bastante descafeinados respecto a los que reconoce nuestra Constitución.

Así, el derecho a la vivienda se convierte en derecho a “una ayuda de vivienda” (Art. 34, CDFUE); el derecho a la salud pasa a ser “derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales” (¿pagando?). En vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo, se reconoce el “derecho a trabajar” (Art. 15 CDFUE) en el marco de una Unión Europea que, “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado” (Art. 9 TFUE), de modo que nadie pueda impedir que trabajemos, aunque nadie está obligado a garantizar que podamos.

Hasta la iniciativa popular, recogida en el artículo 11 del TUE, se ha descafeinado:

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

Que alguien me explique qué es “numero significativo de Estados”, o si “invitar a presentar una propuesta adecuada” significa que la propuesta la redactará la Comisión o los ciudadanos pueden acompañar la invitación con un borrador de la misma (quizás no sea adecuada).

Seguro que si hubiera ganado el SÍ se hablaría del compromiso de los irlandeses con Europa y su buen juicio al saber que aquello que es bueno para la élite económica y política tiene que ser bueno para todos.

La Europa de los pueblos contra la Europa de los gobiernos

Aquellos que creemos en la Democracia creemos también que debemos aspirar a algo mejor que el modelo de Europa plasmado en estos Tratados Europeos. No queremos vivir en una Europa en la que la voluntad de la clase política está por encima de la voluntad de los ciudadanos, y donde no esté reconocido el derecho a opinar diferente de quienes gobiernan.

También creemos que los resultados de una elecciones libres y limpias no pueden crear una crisis en instituciones verdaderamente democráticas. Por tanto, la decisión soberana de Irlanda no paraliza ni pone en crisis la construcción de una Europa unida por principios democráticos, aunque sí que despoja al Tratado de Lisboa de la poca legitimidad que pudiera quedarle, y pone en entredicho el proyecto político de los gobiernos de la Unión Europea, la Europa de los Gobiernos, que tiene bastantes paralelismos con cierto documental sobre conspiraciones.

Así que en vez de empeñarse en hacernos tragar esta Constitución con filigranas legales y repeticiones de referéndum (hasta que los resultados sean apropiados, como se hizo con el tratado de Niza en Irlanda y Dinamarca), los europeos preferiríamos que se resolviera definitivamente esta crisis de las instituciones europeas mediante la convocatoria de votaciones en todos los países de la Unión para que los ciudadanos decidan sobre si se debe participar en el proceso constituyente de una Unión Europea.

Entonces, en aquellos países en que ganase el sí, se podrían convocar elecciones en circunscripción única para crear cortes constituyentes con plenos poderes para elaborar una Constitución para Europa. Sin jefes de Estado ni de gobierno; sin tratados intergubernamentales. Sólo los representantes de las gentes de Europa y una hoja en blanco, redactada a la vista de todos.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Esta cantidad tan sólo representa el 0,54% del PIB de los países donantes, y resulta ridícula (el 16%) si la comparamos con el presupuesto militar anual (1,2 billones de dólares al año en 2007. Por cierto, un 33% mayor que durante la guerra fría).

A la vista de cuáles son las prioridades de los políticos de los países desarrollados para invertir sus presupuestos, ¿de donde sacar el dinero necesario para acabar con la pobreza? La respuesta es sencilla: De los impuestos que dejan de pagar las empresas transnacionales y las personas ricas que utilizan los paraísos fiscales para ocultar su dinero.

El informe anual 2006 de Social Watch señala que, “Si se detuviera la evasión fiscal de los inversores extranjeros y las élites locales, la lucha contra la pobreza podría ser financiada de manera efectiva”. Por su parte, la Red de Justicia Global, en su documento divulgativo “Hacednos pagar impuestos si podéis” (muy recomendable), cuantifica en 255.000 millones de dólares anuales los impuestos que dejan de pagar los “11.5 billones de dólares de la riqueza personal de individuos ricos”, que “se mantienen en [...] centros financieros extraterritoriales [...] para reducir al mínimo los impuestos o para evitar pagarlos [...]“.

Es decir, que si las personas que tienen su patrimonio en paraísos fiscales “pagaran impuestos en los países donde residen [...] o donde obtienen sus riquezas, la recaudación tributaria adicional disponible para la financiación de servicios públicos y para la inversión en todo el mundo” sería suficiente para alcanzar los objetivos del milenio… ¡¡¡y en los cálculos no se incluyen las empresas!!!. Queda claro que hay dinero suficiente para arreglar los problemas del mundo. Tan sólo es necesario, como comenta el coordinador de Naciones Unidas en España, voluntad política por parte de los países.

Fuente: http://www.unmillenniumproject.org

La distribución desigual de la riqueza

En diciembre de 2006 el Instituto Mundial para la Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas publicó un estudio en el que se concluía que el 2%
más rico de la población posee la mitad de la riqueza mundial. Ese mismo estudio ilustraba con un interesante mapamundi los niveles de riqueza globales en 2000, que confirman los datos existentes previamente de que el 20% de la población acapara entre el 70% y el 90% de la producción mundial, como ilustra el gráfico.

Fuente: Atlas de Le Monde diplomatique

Esta distribución tan drásticamente desigual es la prueba más palpable de la existencia de mecanismos de transferencia de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos: Los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales causan pobreza

A raíz de la culminación del proceso de Descolonización (tras la Segunda Guerra Mundial) se desarrollaron los actuales canales para facilitar el movimiento ilegal de capitales. Inicialmente ideados para permitir a líderes políticos y empresarios sacar sus fortunas de los nuevos países que iban logrando su independencia de las potencias colonizadoras, hoy en día estos canales sirven por igual para esconder y blanquear el dinero procedente de la corrupción, de actividades ilegales y de la evasión de impuestos en transacciones comerciales.

Estos canales ofrecen, a aquellos que pueden permitírselo, una gran variedad de servicios de planificación fiscal internacional diseñados para mover capitales de forma ilícita alrededor del mundo y evitar (o al menos minimizar) el pago de impuestos aprovechando las ventajas que ofrecen los denominados paraísos fiscales: Desde la exención del pago del impuesto sobre la renta para las personas físicas (Andorra, Mónaco, Somalia, Quatar, Arabia Saudi, Kuwait, Uruguay), hasta impuestos bajos (10% en Macedonia y Bulgaria, 10%-12% en Irlanda) o inexistentes (Bermudas, Emiratos Árabes Unidos) para las empresas.

El auge de la evasión fiscal ha sido tal, que el número de paraísos fiscales ha pasado de unos 25 a principios de los años 1970s hasta los 72 paraísos fiscales reconocidos en la actualidad, muchos de ellos ligados estrechamente, tanto política como económicamente a los países de la OCDE, y en especial al Reino Unido. De hecho, de los lugares identificados como paraísos fiscales, un 19% dependen directamente del Reino Unido (son Dependencias de la corona británica o territorio británico), un 30% son Estados perteneciente a la Commonwealth británica (anteriormente parte del Imperio Británico), y un 10% ex-colonias británicas. En total, casi el 60% están o han estado vinculados con el Reino Unido.

Se estima que el movimiento transfronterizo de ingresos derivados de actividades delictivas, corrupción y evasión de impuestos oscila entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales, la mitad de los cuales proviene de las economías en desarrollo y en transición. Según este cálculo, originariamente realizado por Raymond W. Baker, el 3% de esa cantidad anual proviene de la corrupción y un tercio de actividades ilegales. El resto, casi dos tercios, es evasión fiscal.

¿Y esto en qué me afecta a mí?

Los impuestos sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia, tanto la fuga de capitales como la evasión fiscal merman la capacidad estatal para financiar los servicios e infraestructuras públicas, lo cual perjudica seriamente a los ciudadanos de dos formas complementarias.

En primer lugar, porque se traslada la carga fiscal hacia los colectivos sin movilidad internacional, quienes no pueden escapar de las medidas compensatorias que los gobiernos deben adoptar para mantener el bienestar social. Estos colectivos, que deberían pagar menos impuestos que quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, deben asumir la parte correspondiente de los evasores a través de impuestos indirectos sobre el consumo.

Este tipo de impuestos ofrecen a los Estados la posibilidad de controlar fácilmente la recaudación, puesto que su gestión se realiza enteramente dentro del territorio nacional y resultan más difíciles de evadir al amparo de la ley. Por contra, estos impuestos, como el IVA (y próximamente el IBA), se aplican por igual a todas las personas, teniendo que pagarlos incluso a aquellas cuyo nivel de ingresos está por debajo del umbral que exime del pago del impuesto sobre la Renta.

Cuando no es posible compensar el déficit producido por la fuga de capitales mediante impuestos, los gobiernos no suelen tener otra alternativa que recortar el gasto público y privatizar servicios como la sanidad o la educación. De esta manera se excluye a los colectivos que más utilizan estos servicios (mujeres, ancianos y niños) del disfrute del crecimiento económico que les rodea, y se incrementan las desigualdades entre ricos y pobres.

Deberían ser los ciudadanos quienes eligieran tener una buena oferta de servicios públicos a costa de más impuestos, o pagar menos impuestos a costa de sacrificar servicios sociales. La alternativa que proponen los evasores de impuestos (y el neoliberalismo en general) es que los ciudadanos paguen más impuestos por menos servicios sociales, lo cual supone un fuerte freno para el desarrollo y un ataque directo a la soberanía de las naciones.

En nuestra faceta de consumidores, también nos vemos perjudicados por los paraísos fiscales en la medida en que falsean la competencia en el mercado. Las empresas transnacionales pueden, mediante lo que se denomina transferencia de precios, declarar sus beneficios en la jurisdicción en que se exija pagar menos impuestos y así disponer de más capital para acelerar su expansión. De esta manera, obtienen recursos para competir con ventaja en los mercados locales contra las pequeñas empresas (que no tienen acceso a los paraísos), y se aprovechan de las infraestructuras públicas, que utilizan en sus actividades pero no financian con sus impuestos.

Varias fuentes estiman que la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, a pesar de que estos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial.

¿Y qué hacen los gobiernos al respecto?

La dimensión del problema que genera la movilidad internacional de capital hace necesario abordarlo desde la cooperación internacional, e involucrando a todas las naciones del mundo. Mientras quede un resquicio, el dinero se fugará por él.

Para una lucha eficiente contra la evasión fiscal sería necesario el intercambio automático de información fiscal entre todos los países, y la creación de impuestos globales que, por ejemplo, haga que las empresas tributen por los beneficios allí donde realmente se generan. Para la aplicación de todas estas medidas, sería necesaria la creación de una Agencia Tributaria Internacional.

Desgraciadamente, hasta la fecha todas las iniciativas para luchar contra la evasión fiscal han sido frenadas por la negativa de los paraísos fiscales a cooperar.

Estas jurisdicciones (muchas ni siquiera son Estados), que en su día hicieron de las ventajas fiscales y la opacidad el eje central de su estrategia de desarrollo, hoy en día dependen por completo de los capitales extranjeros que llegan atraídos por dichas medidas.

Dadas sus limitadas posibilidades económicas (generalmente se trata de territorios pequeños, poco habitados, mal comunicados y sin recursos que explotar), y la increíble cantidad de riqueza que genera la industria de servicios financieros que han creado artificialmente, resulta difícil imaginar que tengan interés en cooperar con el resto de la comunidad internacional.

En su lugar, los paraísos fiscales optan por competir entre ellos, ofreciendo ventajas fiscales crecientes para atraer y retener las inversiones de capital, a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas de las que dependen sus economías. Esta carrera a la baja, que llevada a su último extremo acabaría por suprimir los impuestos para los usuarios de paraísos fiscales, no sólo reduce la recaudación fiscal en otros Estados (especialmente los vecinos), sino que desvía las inversiones hacia aquellas economías que más subvenciones ofrecen, dejando de lado los criterios productivos.

En esa misma carrera a la baja también se ven obligados a participar muchas naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. En este caso, no por decisión propia, sino por la presión de organismos supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que condicionan la obtención de ayudas financieras a la aprobación de reformas fiscales que reduzcan los tipos impositivos y hagan “más competitivas” las economías de estos países.

En estos casos, no se trata de crear refugios para el dinero, sino de regularizar y acelerar el expolio que sufren estos países mediante la imposición de un programa político y económico que les es ajeno. A cambio de renunciar a la soberanía sobre su economía, los países receptores de ayudas son recompensados con créditos que acaban generando una creciente deuda externa por la acumulación de intereses, como pasa con las hipotecas.

El ejemplo más sangrante de esta realidad lo constituye el Banco Mundial. Pese a definirse como una organización que ofrece asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo para reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente, en realidad obtiene beneficios a costa de los países pobres, como recientemente ha denunciado SocialWatch. Especialmente revelador sobre la verdadera finalidad del BM y el FMI es saber que el objetivo de su programa conjunto de Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados es “reducir a niveles sostenibles la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados”. Ya no es necesario mantener un imperio colonial cuando se puede someter a los países económicamente, de forma indefinida y al amparo de Naciones Unidas, mediante ayudas que acaban por causar más subdesarrollo, en vez de combatirlo.

Estos gobiernos, además, tienen que soportar el chantaje de las empresas transnacionales. Estas empresas, atraídas inicialmente por la situación favorable para la inversión, no dudan en trasladarse a otros países tan pronto como se pueda justificar en términos de rentabilidad, sin importarles los compromisos adquiridos previamente. Por eso amenazan a los gobiernos con deslocalizar sus centros productivos a otros países si no mejoran el trato fiscal que reciben (mediante ventajas fiscales y/o subvenciones). Tanto si cede como si no, el Estado afectado dejará de recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de impuestos.

Queda claro que subvencionar la inversión (ya sea privada, pública, local o extranjera) no es una forma sostenible de hacer crecer una economía. Las actividades que sólo son rentables gracias a las subvenciones que reciben del Estado no sólo no contribuyen al crecimiento económico, sino que lo ponen en peligro.

Receta para un mundo más justo

1. Paga todos los impuestos que te correspondan. Como en todo, hay que empezar con uno mismo y predicar con el ejemplo. En algún momento de tu vida tendrás que someterte a una operación “importante”, de esas que recomiendan hacer por la seguridad social y que no cubren lo seguros privados. Querrás que tus hijos/sobrinos/nietos vayan a una guardería/escuela/universidad, aunque no puedas pagarla. Te irás de viaje por carreteras sin pagar peaje. Tirarás de la cadena… Todos los servicios públicos cuestan dinero: aunque no nos cobren nada al utilizarlos los pagamos con nuestros impuestos.

2. Infórmate. La evasión fiscal es sólo una de los múltiples frentes que anuncian la llegada de un nuevo orden mundial: Una nueva sociedad diseñada por y para una minoría bien organizada, que pretende vivir mejor que nadie a costa de los demás, como en los buenos tiempos (feudales).

Su ideología ya se ha impuesto en las mentes de los futuros oprimidos en la medida en que pensemos en la educación como una forma para “ser competitivos en el mercado laboral”, en comprar una casa “como una inversión, que se revalorizará en los próximos años”, o en la privatización como una solución para “reducir el gasto público y aumentar la calidad y eficiencia del servicio”.

Frente a esta línea de pensamiento se opone el movimiento altermundista, cuyas propuestas, como la Renta Básica o la Tasa Tobin, se basan en ideales opuestos a los del neoliberalismo:“Libertad, igualdad y justicia”.

3. Pasa a la acción. Quien no defiende sus derechos acabará por perderlos, así que tendremos que hacer algo para frenar el desarrollo del mundo que se nos avecina. El cambio ya se inició hace tiempo en la periferia del sistema, donde no nos afecta y difícilmente lo veremos hasta que se haya generalizado.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede invertir el proceso. Por ello es de vital importancia concienciar al prójimo. Ya sea por tu cuenta, o como parte de una de las muchas asociaciones con objetivos afines a nivel local, nacional o internacional.

También es crítico votar a representantes que tengan estos problemas en sus prioridades. No busquéis en los programas de las formaciones políticas mayoritarias, ya que han tenido tiempo para haber atajado el problema, y son las que han permitido que lleguemos hasta la situación actual. Existe una gran variedad de formaciones políticas, de todos los colores y sabores.

No dudes en votar a estas pequeñas formaciones. A diferencia de lo que (erróneamente) creen algunos, no estaréis tirando el voto sino votando por el “verdadero” Cambio. Un cambio de base, no más de lo mismo.

Por último, recordad: Otro mundo es posible… y cada día más necesario. Así que manos a la obra.

Si bien es cierto que en los centro públicos la matrícula es gratuita, no lo es menos que para la educación se necesitan libros de texto. Afortunadamente para los padres de hijos en edad escolar, recientemente ha entrado en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas que ha acabado con la aplicación al libro de texto de las extrañas limitaciones que siguen vigentes para mayoría de libros. Concretamente, el precio fijo de venta al público que debe establecer el editor y el descuento máximo del 5%.

Esta nueva ley ha desatado una guerra de precios sin precedentes en este sector que, según los datos de la Federación del Gremio de Editores de España, es el primero por volumen de facturación (24,4%) y el segundo por volumen de ejemplares editados (17%), sólo por detrás de la literatura (datos correspondientes a 2006). También es el sector editorial que mayor número de novedades lanza cada año (el 23,6% del total), lo cual probablemente esté relacionado con la sospechosa velocidad con la que pierden su “vigencia” dichos libros, que “hay que cambiar” al cabo de uno o dos años, y no el mínimo de 4 que prevé la ley. En mi opinión, las editoriales de estos libros llevan demasiado décadas lucrándose de los indefensos ciudadanos.

Además de la nueva ley, los gobiernos autonómicos acuden puntualmente a la cita de todos los años con 135 millones de euros (2006) para subvencionar la compra de los libros y hacer más soportable (económicamente) la vuelta al cole. Una cantidad enrome de fondos públicos que, cada año se desvían para seguir enriqueciendo a empresas privadas en vez de dedicarse a hacer innecesario que nadie tenga que pagar por ellos (ni el Estado ni los consumidores).

Hasta ahora, las mayoría de soluciones propuestas (ayudas directas en forma de becas y libros subvencionados por el Estado) pasan por perpetuar la situación, protegiendo los intereses de las grandes editoriales, que se aferran a un jugoso mercado de 738 millones de euros (curso 2006-2007) [698 millones de euros (curso 2005-2006)] donde, todos los años, los clientes SE VEN OBLIGADOS a comprar unos libros cuyo precio [controlan] controlaban. Ya hemos soportado bastantes abusos, así que va siendo hora de que el Gobierno detenga la sangría a las arcas del Estado y ponga un poco de cordura en el sector de la educación, sector tan estratégico como la energía o las telecomunicaciones.

En este sentido, una iniciativa muy interesante es la que en 2003 inició la Xunta de Galicia con el préstamo de libros, que ha ahorrado mucho dinero para pesar de los editores y libreros. Sin embargo, creo que se debería ir un paso más allá y convocar un concurso público para escribir los libros de texto en el que puedan participar profesores, profesionales de la educación y especialistas en las áreas de conocimiento concreto (matemáticas, historia, lengua…), bien por separado o formando grupos.

En una primera fase el Ministerio de Educación se encargaría de dividir los contenidos curriculares de cada asignatura de cada curso en bloques cerrados de conocimientos (los temas de los libros) y abrir un amplio periodo de inscripción al concurso público en el que los participantes estuvieran informados del número de inscritos para cada tema en cada materia de cada curso. Para incentivar la participación, los trabajos seleccionados serían premiados con 30.000€ a cambio de ceder los derechos de autor al Estado, quizás un precio desorbitado si tenemos en cuenta que los libros de texto comerciales de EP y ESO tienen una media aproximada de 15 páginas por capítulo. No obstante, sin duda el alto incentivo redundará en una mayor cantidad y calidad de los trabajos presentados.

Un tribunal seleccionará aquellos trabajos que se adecuen a los contenidos de la materia y al curso, presenten una mayor claridad expositiva y demuestren con más claridad que han sido elaborados íntegramente con contenidos desarrollados por el autor y/o libres (hay una gran cantidad de contenido libre en la Wikipedia). Dichos trabajos serán refundidos para crear los libros de texto, y revisados para corregir cualquier inconsistencia que pudiera confundir al alumno. Al ser copyright del Estado, podrán ser distribuidos bajo una licencia de Documentación Libre que reúna las siguientes características:

1. Que permita el libre uso de los documentos
2. Que permita la libre distribución y copia de los mismos.
3. Que permita a terceras partes la modificación de los documentos, y que dichos trabajos derivados se distribuyan bajo los términos de la misma licencia.

Una licencia como, por ejemplo, la Licencia de Documentación Libre de GNU o la licencia Reconocimiento-CompartirIgual de CreativeCommons.

El Ministerio de Educación publicaría cada año, aproximadamente en otoño, una versión oficial de los libros de texto que podría ser modificada y mejorada por las comunidades autónomas para ajustarse mejor a las características específicas de cada lugar, y estas versiones modificadas, o el original, podrían volver a ser modificadas por cada centro escolar para ajustarse a las características de su proyecto educativo. Al tratarse de versiones modificadas deberán ser publicadas bajos las mismas condiciones que los originales y nada impedirá que las mejoras de versiones modificadas sean incluidas en la revisión de la versión oficial del siguiente año, corrigiendo los errores rápidamente y entrando en un ciclo cerrado de constante mejora del material curricular.

Evidentemente habría que distinguir entre la versión oficial del Ministerio de Educación y Cultura, las versiones oficiales modificadas de la Comunidades Autónomas y las versiones modificadas por organismos privados (colegios, editoriales). Cada centro deberá velar porque los libros de texto que elija no se desvíe del curriculum común establecido para los alumnos, teniendo siempre la opción segura de optar por la versión de la Comunidad Autónoma.

La publicación del original y subsiguientes modificaciones deberá hacerse en un formato electrónico que permita la distribución de la información por medios telemáticos y la reproducción y modificación de los textos sin necesidad de recurrir a programas comerciales. Una buena opción es el formato OpenDocument Text incorporado por defecto en la suite ofimática OpenOffice.org, que se puede descargar gratuitamente y permite firmar digitalmente los documentos. De esta manera podremos saber si el texto que tenemos ante nosotros es oficial o modificado.

Una vez instaurado este modelo, los costes de los libros de texto se limitarían a su impresión, que puede correr a cargo de los centros educativos y se puede subvencionar desde el estado. Las editoriales también podrían sacar ediciones de estos libros, e incluso versiones modificadas de los mismos (¿quién se lo va a prohibir?), pero a un precio competitivo comparado con el “Hágaselo usted mismo”.

Lo mejor de todo es que estos mismos libros de texto se podrían utilizar en todos los países hispanohablantes, previa adaptación de algunos contenidos a la realidad de cada sitio.

Hablemos de cifras

Un proyecto de esta envergadura en perfectamente asumible con el presupuesto y recursos del Estado. En la Educación Primaria Obligatoria, se imparten 5 asignaturas en el primer ciclo (Conocimiento del Medio, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Religión/estudio), ya que en educación física no es necesario y 6 en el segundo y tercer ciclo de EP (se añade Lengua Extranjera).

En los tres primeros años de Educación Secundaria Obligatoria encontramos que se necesitan desarrollar 13 libros: 9 para las asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música, Religión/Actividades Alternativas) más 4 para cada una de las asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera, Procesos de Comunicación, Taller de Matemáticas y Taller de Artesanía) además del correspondiente a Lengua y Literatura de las CC.AA, que debería ser desarrollado por cada comunidad. Un Total 15 libros.

Para el último curso de la ESO el número de libros necesarios aumentan ya que a las 5 asignaturas troncales que necesitan libro (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales – Geografía e Historia, Ética, Religión/Actividades Alternativas) hay que añadir el de Lengua y Literatura de las CC.AA (de nuevo responsabilidad de las comunidades), 7 de asignaturas de elección (Matemáticas A y B, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Tecnología y Música) y, al menos, 2 más correspondientes a asignaturas optativas (Segunda Lengua Extranjera y Cultura Clásica). Un total de 14 libros.

No obstante, existen 13 optativas más para las que se podría necesitar desarrollar un libro, si bien el hacerlo no parece un asunto tan prioritario. Estas optativas son: Una materia de Inciación Profesional, Taller de Astronomía, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Coral, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y Activa, Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural, Energías Renovables y medio Ambiente, Botánica Aplicada, Papeles Sociales de Mujeres y Hombres, Informática y Materias diseñadas por el Centro).

En definitiva, estamos hablando de 93 libros (+13 adicionales) para toda la educación obligatoria de los futuros ciudadanos. Tras un breve estudio, no necesariamente representativo, de los libros de texto existentes en el mercado he encontrado que la media de capítulos de los libros de EP y ESO es de 12 y que el número medio de páginas de estos es de 14 (± 5). Estos valores, lejos de buscar la exactitud, pretenden ser orientativos para el cálculo que viene a continuación

Con los 135 millones de euros de ayudas del estado a libros de texto, repartidos entre los 1152 capítulos a desarrollar, se podría dotar de un presupuesto de 117.187,5 euros para desarrollar cada capítulo… ¡Si es que hay dinero hasta para imprimirlos! ¡Y por el coste de las subvenciones de un sólo año!.

¿Imposible? Ya existen antecedentes

Gracias a una iniciativa muy parecida Extremadura, una de las regiones más pobres de la Unión Europea, ha logrado pasar del subdesarrollo tecnológico a convertirse en referencia de desarrollo de la Sociedad de la Información, llevando Internet a todos los hogares e instalando un ordenador por cada dos estudiantes en las escuelas.

Evidentemente, en Extremadura no disponían de los fondos necesarios para pagar licencias de sitemas operativos y herramientas ofimáticas propietarias (como pasa con los libros de texto), así que invirtieron un 10% de gasto que habría supuesto esta solución en crear su propio sistema operativo con herramientas compatibles (gnuLinEx), impartir cursos de formación y hacer copias para distribuir gratuitamente entre la población. ¿A qué esperan los políticos para hacer lo mismo con los libros de texto?