Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

“Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria [...] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

HashTAG: #Sin1xMil – http://bit.ly/eoi1G6

La naturaleza del ejecutivo y del legislativo es muy distinta, por lo que no parece práctico elegirlos en una misma votación, ni se justifica desde la doctrina de separación de poderes. Al primero se le exige dirigir la política de la nación, mientras que al segundo se le encomienda la elaboración de las normas centrales del ordenamiento jurídico, el control político del Gobierno y la aprobación del régimen de ingresos y gastos del Estado.

Mientras que para el primero es necesaria una figura digna de la confianza de la ciudadanía, que cuente con un programa político que desarrollar y ejerza un liderazgo fuerte, capaz de dar soluciones satisfactorias a los imprevistos que se presenten; para el segundo, lo que se necesitan son portavoces de la pluralidad de puntos de vistas existentes en la sociedad, capaces de mantener en jaque al Gobierno y de auditar -y mejorar- el funcionamiento del Estado.

A este segundo conjunto también le corresponde el introducir en la agenda política los asuntos más relevantes para los grupos a los que representan, y plantear alternativas respecto a las iniciativas de otros. Son los encargados de ofrecer a la ciudadanía otras propuestas y otros modelos de gestión con los que comparar los que tenemos, e introducir -con ello- la competición en la política. De ahí la necesidad de cambiar las mayorías artificiales en el parlamento por la representatividad plural.

La competencia produce calidad, también en política

La competencia resulta fundamental para la democracia, porque es la que aumenta el nivel de autoexigencia de los políticos y la calidad de las ofertas que se formulan. Sin competencia ni alternativas no hay incentivos para mejorar ni para participar, solo mediocridad y desapego. Por eso, sacrificar la representatividad en aras de la Gobernabilidad es suicida, sobre todo habiéndose “superado” la Transición, momento en el que esta medida sí estuvo justificada.

Una vez consolidado el parlamentarismo en España, ya no es necesario mantener un sistema que altera la formación y manifestación de la voluntad popular al imponer altos costes y barreras de entrada a potenciales alternativas. Desgraciadamente, tanto el PSOE como el PP coinciden en la necesidad de perpetuar un sistema tan disfuncional para mantener el status quo, y proteger su duopolio del poder excluyendo a la competencia, y petrificando el sistema de partidos políticos.

Parece claro que el sistema de representación cada vez satisface menos las demandas de quienes lo sustentan, por lo que -de continuar ampliándose la brecha entre representantes y representados- acabará quebrando: siendo desmantelado por la fuerza, o desplegando la suya para reprimir y castigar a quienes lo amenazan, que cada día somos más. Que este pasado diciembre “la clase política y los partidos políticos” fueran percibidos como el tercer problema de los Españoles (p. 5), por encima de la inmigración o el terrorismo por enésimo mes consecutivo; o que 2/3 de los encuestados en noviembre estuvieran poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento (p. 18) y el 60% opine que “en las Cortes se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, en vez de discutir los problemas fundamentales del país” (p. 17) da una idea del desacoplamiento que se está produciendo entre las aspiraciones de los españoles y las prioridades de los políticos.

Como ciudadano, mi máxima prioridad política es obtener los mejores resultados posibles de mi voto y mis impuestos; algo que el sistema electoral español no me permite por su clara disfuncionalidad en términos de representatitividad, que -a su vez- genera también disfunciones en términos de competitividad. Por tanto, congratularse por “la estabilidad y la gobernabilidad” que proporciona nuestro sistema electoral es no comprender el precio que se paga para conseguirla, ni saber que puede obtenerse por otros medios.

Así es: representatividad y gobernabilidad son compatibles. Bastaría combinar la elección directa del Presidente del Gobierno con un sistema electoral plenamente proporcional para garantizar la estabilidad del sistema político, habida cuenta de que el Presidente sería investido por el voto de los ciudadanos y, en un Parlamento fragmentado, difícilmente podría prosperar una moción de censura constructiva. Sería necesario, no obstante, realizar algunos cambios para facilitar al Gobierno el proceso legislativo[¹], habida cuenta de que el aumento de la representatividad dificultaría la construcción de mayorías.

En un sistema como el propuesto, las mayorías artificiales basadas en el sistema electoral y la disciplina de partido darían paso a mayorías basadas en el consenso, sin producir por ello inestabilidad gubernamental. No obstante, el cambi probablemente generaría cierta parálisis legislativa hasta que los supervivientes del proceso de reconversión interiorizaran las nuevas condiciones en las que deberán realizar su trabajo: menos leyes, más consensuadas, más duraderas, y sólo las necesarias.

En efecto, la fragmentación permitirá -creo yo- contener la proliferación legislativa, y obligaría a realizar una política más constructiva y orientada a la ciudadanía. Nos ahorraríamos confusiones como las de Arsenio Fernández de Mesa al afirmar que “el PP representa a la mitad de los españoles“, cuando sólo le votaron un tercio de los que tenían derecho a voto (que son sólo casi dos millones más de los que se abstuvieron).

A estas medidas podrían sumarse otras como sustituir la propaganda electoral por el envío de un folleto en el que cada candidatura disponga del mismo espacio para comunicar su programa electoral, la posibilidad de presentar listas incompletas (a riesgo de que otras formaciones ocupen los escaños si faltaran candidatos), eliminación del umbral de porcentaje mínimo de votos para ser incluido en el recuento (especialmente en aquellas circunscripciones en las que un escaño representa, sobre el total, un porcentaje por debajo de la barrera electoral), el aumento del número de escaños del Congreso a 400, o la selección de los candidatos de cada lista (y su orden) directamente por los afiliados al partido en cada circunscripción.

Con estas, y otras propuestas, es posible construir un sistema político altamente competitivo y flexible, en beneficio del ciudadano. Sólo hace falta que, quienes pueden hacerlo, voten para alejar del poder a las viejas elites dirigentes y sustituirlas por personas sin intereses creados, dispuestas a llevarlas a cabo. Líderes más adecuados a los tiempos que corren, y conscientes tanto de que no deben morder la mano que les da de comer, ni criminalizar a la población por no compartir su anquilosada visión de la realidad, como de que la sociedad española no es ni roja ni azul: hay una amplia gama de colores, y su proporción varía según el tema.

_________________________________________
[¹] ↑ Por ejemplo, aumentando la vigencia temporal de los decretos leyes antes de su convalidación.

• Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
• Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
• Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
• Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
• Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
• Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

• Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
• Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
• Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
• Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Escarmentados por los referéndum de la Constitución Europea en Francia y Holanda, que se iban a celebrar en 10 de los 27 miembros de la Unión, los gobiernos optaron, para este segundo intento, por ratificar el proyecto por vía parlamentaria. La elección resulta la más lógica teniendo en cuenta que el Tratado de la Unión Europea es esencialmente lo mismo que la rechazada “Constitución Europea“, como reconocen los partidarios del texto. Además, dado que el texto debe ser aceptado por la totalidad de los países, la vía parlamentaria es la única que ofrece suficientes garantías para que el texto entre en vigor antes de las elecciones europeas de 2009, ya que estaría por ver que los partidos no ratificaran en el parlamento las propuestas de sus propios gobiernos.

Desgraciadamente para los gobiernos, que son quienes impulsan y están detrás de la Unión Europea, en el caso Irlandés no había una forma elegante de pasar por alto a los ciudadanos, ya que una sentencia del Tribunal Supremo irlandés exige incorporar los tratados europeos como enmiendas a su Constitución, que deben ser ratificadas por referéndum. A pesar de que el Tratado recibió el apoyo casi unánime de partidos políticos, patronales y sindicatos, los votantes Irlandeses decidieron NO ratificar el texto modificado de la Constitución Europea.

Con las papeletas todavía calientes, el gobierno irlandés declaraba estar “decepcionado” por la decisión tomada por la mayoría de los votantes (supongo que el sentimiento debe ser mutuo), mientras que los líderes de media Europa ya han avisado de que da igual lo que hayan decidido los irlandeses, el texto propuesto seguirá adelante y entrará en vigor cuanto antes… así funcionan las cosas en la Europa que se está construyendo.

Golpe de estado de los gobiernos europeos

Tal y como se ha planteado, el proceso de construcción europea supone una usurpación descarada de la soberanía de los pueblos de Europa en favor de una unidad política, la Unión Europea, que no responde a los requisitos mínimos que definen una Democracia, ni representa a sus ciudadanos. Por su contenido, supone un atentado contra la soberanía de los ciudadanos, y contra el mismo concepto de Democracia.

En primer lugar porque, enterrada en las “Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa”, se incluye una Declaración (núm .17) que dice textualmente

“La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”.

Dicho de otra manera, la legislación Europea predomina sobre las Constituciones de los Estados miembros, de modo que el Tribunal Europeo de Justicia queda establecido como Tribunal Supremo de la Unión Europea, por encima de los tribunales nacionales, cuando se traten de asuntos cuyas competencias se hayan transferido a la Unión; que, por cierto, son bastantes. Se calcula que el 80% de las leyes que se adoptan en los parlamentos nacionales son adaptaciones de directivas europeas.

Así que quienes se consuelen pensando que medidas como las 65 horas semanales no les afectarán, que sepan que el Estatuto de los trabajadores y la propia Constitución tienen inferior rango que cualquier normativa europea, como se demostrará con el tiempo si no hacemos algo para evitarlo.

La importancia de este matiz es doble si tenemos en cuenta que si de algo carece la Unión Europea diseñada en el Tratado de Lisboa es de una adecuada separación de poderes, así como de mecanismos de participación y control democrático de la ciudadanía.

De las 7 instituciones que componen la Unión Europea (Art. 13, TUE), sólo una es elegida democráticamente por los ciudadanos… ¡precisamente la que menos competencias y poder tiene!. El Parlamento Europeo probablemente sea la cámara con menos capacidad legislativa de todas las que utilizan ese nombre. Según el Artículo 14 del TUE:

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.

Sin embargo, según el punto 2 del Artículo 17 del TUE dice:

2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

¿Y quién elige a los miembros de la Comisión Europea? Pues el Consejo Europeo (Art. 17. Puntos 4, 5 y 7), es decir, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (Art. 15.1)

Es decir, que a pesar de que no ha sido elegida por la ciudadanía, ni existir una conexión directa entre los ciudadanos y la Comisión, este es el único órgano de la Unión Europea con capacidad para proponer leyes. Las propuestas que hace son enviadas al Parlamento Europeo y al Consejo para su enmienda o ratificación, y una vez aprobadas obligan a los a todos los países miembros, por encima de sus propias leyes.

De este modo, los Gobiernos de los países miembros pueden implantar políticas impopulares, e incluso contrarias a sus programas electorales, amparándose en las escusa de que se ven obligados a adaptar las directivas que les llegan desde Europa, cuando son ellos mismos quienes eligen al presidente de la Comisión Europea a través del Consejo Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia (Art.19 TUE), y a los miembros del Consejo, compuesto por representantes de los países miembros con rango ministerial (Art. 17 TUE) y que, a su vez, eligen a los miembros del Tribunal de Cuentas (art. 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE) y a los miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que junto a los Gobernadores de los Bancos Centrales (adivina quien elige a los gobernadores) forman el Consejo de Gobierno del BCE (art. 10 y 11 del Protocolo nº4 TUE). Tampoco son elegidos directamente por los ciudadanos de Europa las figuras de Presidente y Ministro de exteriores de la UE.

Como se puede observar, toda la legitimidad de las instituciones europeas (menos el Parlamento Europeo, elegido mediante elecciones con listas cerradas, al menos en España) proviene de los gobiernos de los países miembros, no de los ciudadanos de Europa. Hay demasiados intermediarios entre los titulares de la soberanía europea y quienes la gestionan: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dependen de los gobiernos, no de los ciudadanos, y faltan mecanismos democrático de control del poder, ya que salvo los europarlamentarios, nadie tiene que rendir cuentas a los electores por lo que pasa en Europa.

Por si la falta de legitimidad y la deficiente separación de poderes no fuera suficiente, el Artículo 48 del TUE establece que, una vez aprobados, los tratados de constitución de la Unión Europea podrán ser revisados a iniciativa del Consejo Europeo, y las modificaciones propuestas ser adoptadas si no hay oposición en los parlamentos nacionales. Es decir, que la Unión Europea puede rediseñarse cuando y cómo lo deseen los jefes de Estado y Gobierno sin consultar a nadie. ¿Es esta la Europa que queremos?

Sin referendum no hay legitimidad, ni democracia

Las disposiciones que contiene el Tratado de la Unión Europea alteran sustancialmente la organización política de Europa, y supedita en gran medida a los Estados miembros a la nueva Unión Europea. Entonces, ¿por qué no podemos ratificar su creación mediante referéndum, para que todo sea legal?.

Si tan bueno es para el futuro de las gentes de Europa, como afirman desde las instituciones (casi) al unísono, ¿qué puede costar poner una segunda urna en las elecciones europeas de 2009 para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra soberanía y juzgar las gestiones que han realizado nuestros gobiernos con respecto a esta Unión de naciones?.

Probablemente la mayoría de la clase política europea crea, no sin motivo, que no estamos preparados para valorar este nuevo tratado. No en vano, el texto “básico” consta de más de 400 artículos, y ocupa más de 300 hojas. Además, su redacción es deliberadamente ambigüa, y bastantes artículos incluyen en su redacción referencias a otro, con lo cual no queda claro a simple vista a qué se refieren o qué implicaciones prácticas tienen. Como afirma el semanario The Economist, “la opacidad del nuevo tratado no es un accidente: es su razón de ser“.

Según el propio Tratado de la Unión Europea (Art. 11):

[...]
3. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
4. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones
representativas y la sociedad civil.

A la vista de los acontecimientos, diría que ni el diseño ni el proceso de constitución de la Unión Europea cumple con los principios recogidos en su propio Tratado

Motivos para oponerse a ESTA Unión Europea

Hay muchos y variados motivos para rechazar al Tratado de Lisboa. Tantos, que es cuestión de ir revisando los artículos para encontrar cosas con lo que no estaremos de acuerdo. A mi lo que más me preocupa es la usurpación de la soberanía de los ciudadanos por un supra-Estado europeo que no es democrático, pero hay otras muchas razones que los partidarios del NO se han encargado de divulgar, pese a la oposición de los medios de comunicación convencionales.

No es sólo que estos medios esté ocultando al público la existencia de una oposición a los Tratados dentro del propio Parlamento Europeo, sino que también censuran el debate publico sobre esta propuesta al descalificar a quienes piensan distinto de la corriente institucional europea, aunque sean mayoría. Aparentemente, los únicos autorizados para determinar que es lo que nos conviene es la clase política.

Así, en vez de comentar el completísimo informe de 79 páginas donde se detallan uno por uno los motivos para votar NO, los medios convencionales de comunicación han centrado su “sesgada” cobertura informativa del NO en el hecho de que el único partido opuesto al Tratado en Irlanda es el Sin Fein, que como son muy malos no tienen derecho a tener razón en nada de lo que digan, y en que los detractores del Tratado UE estaban infundiendo miedo a los votantes con cuestiones que “no están en el Tratado”, nada más lejos de la realidad.

Entre las “preocupaciones” de los partidarios del NO están que el Tratado de la Unión Europea fomenta la militarización de Europa, ya que obliga a los Estados miembros a comprometerse “a mejorar progresivamente sus capacidades militares. La Agencia [...] Europea de Defensa [...] contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa [...]“. También define la política común de seguridad y defensa como “parte integrante de la política exterior y de seguridad común”, y capacita a la Unión a realizar “misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos” (guerra preventiva) “y el fortalecimiento de la seguridad internacional” (como en Iraq) “, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (Art 42 TUE), incluyendo “las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos”, que “[...] podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, [...] mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su territorio” (Art. 43 TUE).

Otra de las características clave de este Tratado es que institucionaliza el modelo neoliberal de libre mercado como única opción para el ordenamiento económico de la Unión, y establece que las políticas económicas se dictarán desde Europa, ya que:

1. “Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas [...] respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 119″ (Art. 120. TFUE), que son “precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable”.
2. “El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo.” (p.2), “el Consejo, [...] supervisará la evolución económica de cada uno de los Estados miembros” (p.3). “Cuando [...] se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales [...] El Consejo [...] podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate” (p.4) (Art.121 TFUE)
3. “Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos” (p.1). “Si un Estado miembro persistiere en no llevar a efecto las recomendaciones del Consejo, éste podrá decidir que se formule una advertencia a dicho Estado miembro para que adopte, en un plazo determinado, las medidas dirigidas a la reducción del déficit que el Consejo considere necesaria para poner remedio a la situación.” (p.9) e imponer multas en caso de no hacerlo (p.11) (Art. 126 TFUE).

Además, se prohíbe que los organismos públicos de gobierno y empresas públicas de los Estados miembros puedan tener descubiertos en sus cuentas, o recibir cualquier tipo de créditos del Banco Central Europeo y por los bancos centrales (Art. 123 TFUE). Es decir, se obliga al superávit y a recurrir a la financiación privada (pagando intereses) en caso de necesitar más dinero, cuando antes podían tener déficit, recibir préstamo a tipo preferente e incluso emitir dinero sin interés (aunque aumentando la inflación).

En el Tratado también “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países” (Art. 60), exponiendo las economías locales a movimientos especulativos y fomentando la competición fiscal y la evasión de impuestos. Los servicios públicos, base del estado del bienestar, son rebautizados como servicios de interés económico general, y quedan sujetos a las reglas del mercado (y a su privatización), ya que las empresas que gestionen estos servicios “o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia” (Art. 106 TFUE), “y serán incompatibles con el mercado interior, [...], las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”, estableciéndose algunas excepciones (Art. 107 TFUE).

Respecto a la política comercial común, el tratado establece que “la Unión
contribuirá [...] a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.” (Art 206 TFUE), y define una política comercial común basada que, entre sus principios, incluye “la uniformización de las medidas de liberalización” (Art. 207 TFUE).

Por último, en la parte de los derechos de las ciudadanos, el Tratado de la Unión Europea reconoce como vinculante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), donde se recogen los derechos comunes de los Europeos, bastante descafeinados respecto a los que reconoce nuestra Constitución.

Así, el derecho a la vivienda se convierte en derecho a “una ayuda de vivienda” (Art. 34, CDFUE); el derecho a la salud pasa a ser “derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales” (¿pagando?). En vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo, se reconoce el “derecho a trabajar” (Art. 15 CDFUE) en el marco de una Unión Europea que, “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado” (Art. 9 TFUE), de modo que nadie pueda impedir que trabajemos, aunque nadie está obligado a garantizar que podamos.

Hasta la iniciativa popular, recogida en el artículo 11 del TUE, se ha descafeinado:

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

Que alguien me explique qué es “numero significativo de Estados”, o si “invitar a presentar una propuesta adecuada” significa que la propuesta la redactará la Comisión o los ciudadanos pueden acompañar la invitación con un borrador de la misma (quizás no sea adecuada).

Seguro que si hubiera ganado el SÍ se hablaría del compromiso de los irlandeses con Europa y su buen juicio al saber que aquello que es bueno para la élite económica y política tiene que ser bueno para todos.

La Europa de los pueblos contra la Europa de los gobiernos

Aquellos que creemos en la Democracia creemos también que debemos aspirar a algo mejor que el modelo de Europa plasmado en estos Tratados Europeos. No queremos vivir en una Europa en la que la voluntad de la clase política está por encima de la voluntad de los ciudadanos, y donde no esté reconocido el derecho a opinar diferente de quienes gobiernan.

También creemos que los resultados de una elecciones libres y limpias no pueden crear una crisis en instituciones verdaderamente democráticas. Por tanto, la decisión soberana de Irlanda no paraliza ni pone en crisis la construcción de una Europa unida por principios democráticos, aunque sí que despoja al Tratado de Lisboa de la poca legitimidad que pudiera quedarle, y pone en entredicho el proyecto político de los gobiernos de la Unión Europea, la Europa de los Gobiernos, que tiene bastantes paralelismos con cierto documental sobre conspiraciones.

Así que en vez de empeñarse en hacernos tragar esta Constitución con filigranas legales y repeticiones de referéndum (hasta que los resultados sean apropiados, como se hizo con el tratado de Niza en Irlanda y Dinamarca), los europeos preferiríamos que se resolviera definitivamente esta crisis de las instituciones europeas mediante la convocatoria de votaciones en todos los países de la Unión para que los ciudadanos decidan sobre si se debe participar en el proceso constituyente de una Unión Europea.

Entonces, en aquellos países en que ganase el sí, se podrían convocar elecciones en circunscripción única para crear cortes constituyentes con plenos poderes para elaborar una Constitución para Europa. Sin jefes de Estado ni de gobierno; sin tratados intergubernamentales. Sólo los representantes de las gentes de Europa y una hoja en blanco, redactada a la vista de todos.

A pesar de lo desorbitado de las partidas presupuestarias, y de haberse incrementado un 43,85% entre 1999 y 2005, parece que no son suficiente para pagar los 144,8 millones de euros que los partidos políticos deben a las entidades de crédito, de los cuales más del 46% corresponden al PSOE (+PSC). Afortunadamente para todos ellos, sus acreedores no parecen tener mucho interés en cobrar, como pasa con los 19,5 millones de euros en deudas ya vencidas pendientes de pago (Datos 2005 – Conclusiones 9ª y 10ª – pg 237).

Me pregunto cómo serán capaces de gastar tanto dinero, por qué los bancos no cobran (¡o incluso condonan!) sus deudas y, sobre todo, con qué autoridad se presentan estos partidos a unas elecciones para gobernar un país si ni siquiera son capaces de gestionar sus propias finanzas para ser económicamente viables. Veamos como se reparte(n) el dinero de todos.

Subvención electoral: A los que ganan, la campaña electoral les sale GRATIS

La Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece, para las elecciones generales, una serie de subvenciones a través de las cuales el Estado compensa el dinero invertido en la campaña electoral, pero estas subvenciones sólo se conceden a aquellos partidos políticos que consigan representación parlamentaria.

La cuantía de las subvenciones se actualizan en cada convocatoria electoral, y se corresponden con los siguientes conceptos e importes (datos 2008):

• 21.167,64€ por cada Diputado o Senador obtenido.
• 0,79€ por cada voto al congreso en aquellas circunscripciones en las que se haya obtenido, al menos, un diputado.
• 0,32€ por cada voto obtenido por los candidatos que hayan obtenido un escaño de senador.

Las cantidades a percibir están limitadas a una cantidad máxima, establecida en 0,37 por habitante en cada circunscripción. Este tope lo alcanza el ganador y, en muchas circunscripciones, también la segunda fuerza política, en función de grado de bipolarización del voto.

Además de lo anterior, cada partido político recibe 0,21€ por elector en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado candidaturas si obtiene Diputados o Senadores suficientes para constituir un grupo parlamentario en alguna de las dos Cámaras. Este dinero no cuenta para el límite de subvención, y sólo puede utilizarse para compensar el gasto ocasionado por el envío postal de propaganda electoral y papeletas a los votantes.

Sabiendo esto, a partir de los resultados de las pasadas elecciones se pueden calcular las subvenciones que corresponden a cada partido político y el balance económico de su campaña electoral:

Por supuesto, la ley electoral establece que los partidos que no obtenga representación parlamentaria no tienen derecho a subvención alguna, ni siquiera por número de votos. Supongo que cuando el presidente Zapatero se comprometió a “trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades para tener éxito” al cierre de su primer debate electoral, no se estaba refiriendo a la igualdad de oportunidades de los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

El negocio continua toda la legislatura

La transferencia de dinero público a las cuentas de los partidos políticos no acaba en la campaña electoral. La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos establece otro paquete de subvenciones anuales para atender los gastos de funcionamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria.

En este caso, la cuantía de la subvención la determina el Gobierno en los presupuestos generales del Estado y se reparte 1/3 en función del número de Escaños y 2/3 en función del número de votos obtenidos en las elecciones al Congreso de los Diputados.

La distribución del presupuesto para 2008 según los resultados de las elecciones del 9 de marzo sería el siguiente:

Como se puede observar, la subvención anual para gastos es sustancialmente mayor que la de la campaña electoral pero, como la anterior, sólo la disfrutan los partidos con representación parlamentaria.

Hoja de ruta hacia el bipartidismo, y cómo evitarlo

Quien se pregunte por qué la infinidad de alternativas políticas existentes no calan en el electorado aquí tiene una sencilla explicación: el sistema electoral las discrimina, la sesgada y desigual cobertura “informativa” que ofrecen las fábricas de consenso (también denominadas medios de comunicación) las ocultan a los ciudadanos, y el sistema de subvenciones estatales a partidos políticos les niega los recursos económicos para darse a conocer. Mientras, los partidos “que interesan” obtienen escaños, reciben una amplia cobertura informativa y dinero del Estado para sufragar las campañas electorales y sus gastos de funcionamiento. ¿Es esto democracia? Yo diría que no…

El hecho de supeditar la subvenciones de los partidos políticos a la consecución de un escaño es por sí mismo discriminatorio hacia las alternativas que obtienen votos, pero no representación parlamentaria. Además, vulnera el principio de igualdad de oportunidades y, sobre todo, reduce la pluralidad del discurso político.

Si a esto añadimos que nuestro sistema electoral es injusto, y favorece descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, encontramos que los partidos más votados han montado un sistema para acaparar el poder político y que, a la larga, nos conducirá al bipartidismo si no lo evitamos.

Para empezar, sería conveniente que empezarás a votar a los partidos con los que identifiques verdaderamente, ya que limitarse a elegir entre A o B no es libertad. Ya he comentado que hay muchos: en estas últimas elecciones se presentaron 92 partidos políticos, sumando un total de 1.130 candidaturas al Congreso y 1.235 al Senado, un 30% más que en 2004. Sin embargo, no esperes que los medios de comunicación te informen de otras alternativas, tendrás que informarte por tus propios medios. Es parte de la responsabilidad de ejercer tu soberanía.

También sería deseable que los partidos políticos se financiasen exclusivamente con recursos propios y de las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes, como ya han propuesto algunos partidarios de la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos.

Es evidente que quienes se benefician de estas subvenciones las defenderán con su vida mientras las sigan cobrando. Por eso en necesario que mucha gente vote “con todas sus fuerzas” a quienes proponen hacer estas y otras reformas que igualen en oportunidades a quienes se presentan a unas elecciones. Si tu no cambias las cosas, nadie lo va a hacer por ti; así que actúa.

En España no gobierna (“-cracia”) el pueblo (“demo-”), ya que carecemos de medios eficaces para el ejercicio directo de la soberanía, y los medios indirectos (a través de representantes) se encuentran supeditados a la voluntad de los partidos políticos, protegidos por nuestro injusto sistema electoral, que beneficia descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, fomenta el bipartidismo y el mantenimiento del “status quo”.

Lo poco que podemos hacer por nosotros mismos es presentar iniciativas populares, que están limitadas a hacer propuestas de ley sobre temas no regulados por leyes orgánicas (los verdaderamente importantes) y, hasta la fecha, no han superado el trámite parlamentario a pesar de haber reunido suficientes firmas para presentarse. También podemos votar los referendums que convoca el gobierno sobre los temas que le interesan (¿para cuando un referéndum sobre el aborto o la eutanasia?), aunque poco importa, porque su resultado no es vinculante para los poderes del Estado.

Lo que sí que es vinculante son los resultados de las elecciones, por eso el sistema electoral está basado en listas cerradas, para que los ciudadanos sólo puedan decidir qué partidos elegirán a las personas que se sientan en el Congreso y en el Senado, que es lo que pasa cuando los ciudadanos no podemos elegir ni la composición ni el orden de las listas que votamos.

Una vez en sus puestos, los representantes de los ciudadanos administran nuestra soberanía sin que podamos ejercer ningún control sobre su labor. Pese a que se supone que les elegimos nosotros, no podemos auditar su trabajo ni cesarlos de sus puestos.

Hoy empieza un nuevo ciclo, unas nuevas elecciones en las que la gente vuelve a votar, sin saber muy bien por qué y, en muchos casos, para que no gane otra opción. Esta proclamada “fiesta de la democracia”, a la que por cierto no parece haber sido invitada, es un claro reflejo de la calidad democrática del sistema de gobierno que se legitima con estas elecciones.

El colegio electoral

Al llegar al colegio recuerdo demasiado tarde algo que ya observé en 2004, que entre las 11h y las 13h el colegio electoral está hasta la bandera. Busqué las cabinas que garantizan que el voto sea secreto y encuentro esto.

Sin papeletas en el interior (ni donde ponerlas), sin bolígrafo para marcar el senado, y una cortina que no cierra bien ni cubre completamente. Así que toca coger las papeletas del pasillo a la vista de todo el mundo (cogiendo varias si se quiere disimular).

Esperando la cola para votar, escucho un comentario propio de tan “democrático” día. Un señor de unos cincuenta y tantos comenta “Hay mucha participación… esto NO nos beneficia”.

Si el ser humano fuera racional, este comentario sólo podría provenir de un afiliado a un partido minoritario al que, lógicamente, la alta participación resta posibilidades de conseguir un representante. Sin embargo, dada la composición electoral de Madrid, donde los partidos minoritarios están a 100.000 votos de su primer escaño, me cuesta creerlo que sea el caso.

Incluso aunque fuera de “Unión Progreso y Democracia” o “Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía”, que aspiran (como todos) a conseguir un escaño en Madrid, me cuesta creer que un votante de estos partidos, que se venden como “diferentes”, le interese una baja participación, ya que es más probable que les vote un abstencionista que un votante de otro partido grande.

Desde luego que no creo que se tratara de un abstencionista activo, que piensa nuestro sistema de gobierno no es democrático, que no encuentra ningún partido político que defienda esta postura (aunque quizás los haya, y si no se pueden fundar), y que no está dispuesto a renunciar a su soberanía durante 4 años. Aunque a este colectivo le podría interesar una alta abstención que fuerce un cambio de modelo de gobierno (para mejor, claro), desde luego no te los encuentras en un colegio electoral papeleta en mano y, sobre todo, se toman mucho más en serio la democracia que los ciudadanos medios como para decir esto.

Así pues, supongo que se tratará de un votante informado de izquierdas, que sabe que nuestro colegio electoral es mayoritariamente de derechas (65% aprox en las últimas elecciones generales, en las que fui vocal del mesa) y sabe que tanta gente significa muchos votos para “los otros”. Aunque me inclino más por pensar que se trate de un votante del PP que ha oído que una alta participación les perjudica. Toda especulación está abierta a discusión…

También en la cola, dos mujeres que están delante mio me preguntan si tenía un bolígrafo, y ya puestos, cómo se vota al senado. Esta pregunta, que me han hecho bastantes veces a lo largo de esta campaña, retrata la ignorancia con la que mucha gente “ejerce su soberanía”. Estoy seguro que si la gente comprendiese la ley electoral, el sistema político se desestabilizaría.

Rápidamente les explique que se pueden votar hasta tres candidatos, del mismo o diferentes partidos, aunque sigo sin comprender por qué las instrucciones para votar al senado no figuran en la propia papeleta… por falta de espacio no será.

Lo que no les expliqué fue que esta restricción existe para evitar que todos los senadores de una circunscripción pertenezcan a la lista más votada, que es lo que pasaría siguiendo el sistema de asignación actual.

Afortunadamente para ellas, me limité a prestarles mi rotulador verde anti-fraude electoral, que uso para que resulte más evidente cualquier intento de manipular mi voto minoritario marcando más opciones de las permitidas, y evitar que se confunda con uno en blanco (porque no vean rápidamente que he marcado opciones raras).

Bueno, ya me toca. A pesar de ser candidato al Senado, entregué mis papeletas a la Presidenta de la mesa, quien fue la que introdujo mis votos en las urnas, como exige la ley (Art. 86.3 LOREG) y a diferencia de lo que hacen los políticos (ver I, II, III y IV)… ¡¡que encima se equivocan!!.

De vuelta a casa me encuentro que, todavía, no se ha retirado las banderolas electorales, contraviniendo el apartado primero del acuerdo 34/2008 de la Junta Electoral de Zona de Madrid, que exigía su retirada antes de las 6:00h del día 7 de marzo. Si alguien quiere ayudar a denunciarlo puede mandar enlaces a fotos de calles de Madrid (indicando la calle de que se trata) donde se vea claramente la banderola, la placa del nombre de la calle (u otro mobiliario urbano que permita identificar el lugar) y un periódico del 8 de marzo o posterior.

El Escrutinio

El escrutinio de mi mesa en las elecciones de 2004 fue, cuando menos, irregular. Los interventores de los partidos políticos, que tienen voz en las deliberaciones de la mesa pero no voto, empezaron a “aconsejar” a la mesa cómo hacer el recuento. A la presidenta, que sólo pensaba en irse a casa, le pareció adecuado que abriéramos las urnas (de una en una, claro), y, entre todos, abriéramos los sobres y fuéramos haciendo montones.

Aunque más rápido, esta forma de recontar no es la que establece la ley, y es propensa a errores de recuento. Sólo la presidenta de la mesa puede extraer los votos de la urna, de uno en uno, cantarlos y mostrarlos a los miembros de la mesa. Sin duda es un proceso más lento, y especialmente desalentador si eres parte de la mesa electoral más grande del colegio y estás recontando los votos de unas elecciones con alta participación.

Confieso que, aunque me quejé, al resto de miembros de la mesa e interventores les pareció que estaba loco por querer recontar así, y no tuve suficiente valor para defender la ley, ya que podría haber amenazado con no firmar el acta de la mesa en protesta.

Con el “método rápido” acabamos a las 1:00am, si hubiéramos recontado los votos según establece la ley seguramente habríamos acabado a las 3 o 4 de la mañana, pero tampoco hubiera sido tan grave porque los miembros de la mesa tienen por ley un permiso retribuido de 5 horas la jornada siguiente a la votación. Por culpa del recuentro “express” el partido minoritario por el que me presentaba en aquellas elecciones perdió un voto para el Senado, que debió contabilizarse como blanco, y me quedé con la duda de cuántos votos en blanco habrían sido robados por votos con dos papeletas votando a la misma candidatura.

Puesto que el escrutinio es público por ley, y la participación parece que va a ser igual de elevada que en 2004, me voy corriendo a mi colegio electoral a ver si aquello fue una excepción o la norma.

A las 20:00h se cierran las puertas (conmigo dentro) y empieza el recuento en la linea que viene siendo habitual, aunque con más orden que en 2004. Presidentas de mesa, vocales, interventores y apoderados, todos a una sacando votos de las urnas y de sus sobres vulnerando el procedimiento electoral ante la presencia impasible de la policía nacional y los interventores del Estado (por cierto, muy jovencitos y sin acreditación).

De entre la jungla de papeletas, mucho voto nulo votando a Gallardón y, como me esperaba, a UPyD al Senado: En torno al 30% de los votantes de UPyD de mi mesa electoral marcaron los cuatro candidatos que presentaban al senado, ergo voto nulo. El alto respaldo que obtuvo UPyD en mi mesa (con más del 50% de voto al PP) me hace reafirmarme en mi convencimiento de que se trata de un partido de centro-derecha. En contraste, Izquierda Unida se va al hoyo claramente… el voto (in)útil se manifiesta con fuerza aquí.

Al final, cuando los números no cuadran, los miembros de las mesas añaden convenientemente unos cuantos votos en blanco para redondear la cuenta, y todos tan anchos. Los de la mesa de al lado optaron por fabricar un par de votos nulos que faltaban porque no sabían que había pasado con los originales que sacaron (ambos con una papeleta al PP y otra al PSOE).

Ante la duda, las decisiones se toman por consenso, según le parezca a los componentes de la mesa. ¡¿Para qué consultar la ley electoral?!, que está claro que no os habéis leído. Lo mejor los comentarios de los interventores, sentando cátedra con frases como “siempre se ha hecho así”. Joder, que lleváis auditando elecciones por lo menos 10 años (que os conozco) y todavía no os habéis mirado las normas electorales, ya os vale.

Lo más patético, tres votos al senado para el PSOE que nunca debieron contabilizarse, porque el votante, en un alarde de vaguería, hizo una equis grande que abarcaba las casillas de los tres candidatos en vez de hacer una equis en la casilla de cada uno de ellos.

Al final, misma participación que en 2004 y misma hora de salida. A las 9:00 ya estaba escrutado el Congreso, y hasta las 12:00 el Senado (y luego a hacer las actas). Se confirma la utilidad del rotulador verde a la hora de captar la atención de los escrutinadores a altas horas de la noche. Tuve ocasión de salvar por los pelos un voto a “Por Un Mundo Más Justo” (PUM+J) al senado, pero me pregunto cuántos votos a formaciones minoritarias no se habrán contabilizado.

Por eso, recomiendo encarecidamente a los votantes de partidos minoritarios que usen rotulador gordo, nunca bolígrafo, y de color diferente a la papeleta (ni negro ni rojo) para la papeleta del Senado, porque hay mucha gente mayor contando los votos y no se ven las equis. Si podéis doblar la papeleta para que al sacarla se vea el voto, mejor. Pero, sobre todo, no seáis tan cabrones como para cerrar el sobre con la banda adhesiva.

Cuando me iba pude ver como en una mesa estaban recontando los votos según establece la ley. Iban bastante rezagados y seguro que acabaron a altísimas horas de la noche. Estas anónimas personas merecen toda mi admiración por su sacrificio por el bien común.

El Resultado: Más bipartidismo y menos democracia

Finalmente el recurso al voto útil y al miedo de que ganen “los otros” ha funcionado… y el sistema electoral ha echado el resto. A pesar de una campaña electoral mediocre, y huérfana de propuestas y verdaderos debates, los ciudadanos han dado un paso más hacia la renuncia total a sus derechos políticos. La próxima legislatura el parlamento será un poco menos plural.

De los 350 escaños, 322 ya están en manos de los 2 partidos más votados. El PSOE se lleva 16 escaños más de lo que le correspondería por el número de votos recibidos, mientras que el PP sólo recibe 12 escaños extra. Esto es posible gracias a una terrible combinación de circunscripciones pequeñas con reparto mediante método D’hondt: un sistema electoral diseñado para perjudicar a las minorías, y que difícilmente será más proporcional mientras favorezca a quienes gobiernan.

A continuación os dejo la famosa comparativa entre sistemas electorales con los datos provisionales de las Generales de 2008. En amarillo el reparto oficial de escaños, en rosa el reparto de escaños utilizando una circunscripción única sin límite del 3%, y en verde el reparto utilizando el Cociente Droop en vez de D’hondt, en circunscripción única.

Algún día unas elecciones serán el germen de una verdadera democracia, pero mientra la fiesta continua si la presencia de la homenajeada.

Parece que a nadie le importe que la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de Gobierno quedara reducida a su mínima expresión en el texto constitucional. Quizá fuera una medida necesaria para proteger la estabilidad de la nueva “democracia” que se estaba desarrollando en España. Sin embargo, hoy en día, dicha medida supone una excesiva dependencia de la ciudadanía respecto a nuestros “representantes” políticos, y convierte a nuestro actual sistema en una democracia de segunda fila.

Los partidos políticos que han gobernado desde la ratificación de la Constitución nada han hecho por desarrollar nuevas formas de participación directa. A sabiendas de que el sistema electoral les favorece y que nada pueden hacer los ciudadanos para controlarlos hasta las siguientes elecciones, la clase política se ha dedicado a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, limitando el desarrollo del país a los periodos (pre)electorales: verdaderos “sprits” dónde los políticos nos bombardean con proyectos que no han considerado oportuno proponer/realizar durante los 4 años anteriores. ¡Que bien nos iría si hubiera elecciones todos los años!.

Los ciudadanos: fuente de la soberanía y de los poderes del estado

Además de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos tenemos el deber de controlar que sus decisiones sirven a nuestros intereses colectivos, una labor que no estamos realizando por diversos motivos. El más importante, a mi juicio, es la falta de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para desempeñar dicho control, aunque no menos importante es la falta de información y de formación necesaria para realizarlo de forma efectiva. Estrategias todas ellas con un único objetivo, neutralizar el control ciudadano, ya que no hay mayor pesadilla para un “político” que una ciudadanía informada y capaz de pensamiento crítico.

No ha sido hasta hace bien poco que el Gobierno ha decidido implementar la recomendación del Consejo de Europa de introducir en el currículo de la enseñanza obligatoria una formación específica que aborde los principios teóricos y prácticos de la Democracia. Una asignatura dirigida a fomentar el pensamiento crítico, a desarrollar las habilidades para defender el punto de vista propio en un debate, a enseñar a valorar las aportaciones de quienes discrepan, y a conocer tanto la organización política del Estado como los derechos que tenemos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, primer paso para defenderlos.

Educación para la Ciudadanía es una asignatura cuyo objetivo es proporcionar a los futuros ciudadanos conocimientos y capacidades suficientes para poder gobernarse por sí mismos, y constituye un importante pilar para una sociedad libre. Por eso, resulta sorprendente que políticos en activo se opongan abiertamente a la implantación generalizada de una formación que tan bien les hubiera venido (a algunos) para desempeñar sus cargos de administradores de la soberanía popular. Sin embargo, esta formación por sí sola no es suficiente si no se disponen de mecanismos adecuados para canalizar la voluntad popular.

La Iniciativa Popular limitada a proposiciones de ley

El más importante mecanismo de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno es la Iniciativa Popular, mediante la cual un número suficiente de electores pueden exigir la consideración política de un determinado asunto público. En España, la única modalidad contemplada de Iniciatica Popular es aquella que permite realizar proposiciones de ley sobre asuntos no relacionados con leyes orgánicas (como, por ejemplo, las leyes que regulan el régimen electoral, la propia iniciativa popular (:O), el referéndum, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el código penal, la educación o la libertadad sindical, por citar algunas de las muchas que hay). Tampoco se puede utilizar para decidir sobre asuntos tributarios o de carácter internacional (Art. 87).

Es triste que no se permita el uso de tan importante mecanismo de participación ciudadana para modificar el ordenamiento político del Estado, ni para exigir la convocatoria de un referéndum sobre decisiones que la ciudadanía considere importantes y que no pueden esperar a los siguientes resultados electorales (como, por ejemplo, una intervención armada).

Además, dado que sólo se insta la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, no existe ninguna obligación por parte de las Cortes de debatir seriamente la propuesta o realizar una contrapropuesta. Así se explica que ninguna de las 55 propuestas de Iniciativa Legislativa Popular presentadas hasta la fecha hayan superado su tramitación parlamentaria (en el buscador del Congreso, seleccionar todas las legislaturas e “Iniciativa Legislativa Popular” en tipo de iniciativa).

La figura del Referéndum no vinculante

El otro gran mecanismo de participación directa de que disponen los ciudadanos es el referéndum, expresión máxima de la voluntad popular. Dicho mecanismo está regulado por el artículo 92 de la Constitución, que en su apartado primero sintetiza muy bien el espíritu paternalista de Carta Magna:“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Por un lado, no se establece la obligatoriedad de someter a referéndum las decisiones de especial importancia política. Por otro, se determina que, de hacerse, el referéndum será consultivo o, lo que es lo mismo, no vinculante.

En el caso de que la palabra referéndum necesitase un adjetivo, el adecuado sería VINCULANTE, adjetivo que no aparece ni en la Constitución ni el la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum. Me pregunto qué sentido tiene solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre un asunto de Estado si no es para acatar la decisión que adopten.

Semejante medida solo se puede justificar desde el convencimiento de que los ciudadanos españoles no sabemos lo que nos conviene, a pesar de que hemos votado afirmativamente a todas las propuestas realizadas en referendo hasta la fecha, haciendo caso a lo que nos dicen los políticos.

Como colofón, el apartado tercero de dicho artículo establece que los referéndum sólo pueden ser convocados por el Presidente de Gobierno, y en ningún caso mediante Iniciativa Popular, por lo que en la práctica es un instrumento que carece de contenido. ¿Quién mejor que los propios ciudadanos, de quienes emanan los poderes del Estado, para convocar un Referendum?.

En inexistente derecho a la revocación de cargos públicos

Aunque parezca una obviedad decirlo, los cargos públicos trabajan para el conjunto de los ciudadanos, no para ellos mismos, ni para empresas privadas ni para particulares influyentes. Afirmo esto porque, a veces, parece que se olvidan de para quién deberían trabajar (Canon, Ley del Libro, Ley del Cine). Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para vetar su labor, al menos en España.

En este sentido, algunos Estados de EE.UU, Canadá y Venezuela han incorporado a los procesos de participación ciudadana la revocación de cargos, que permite a los ciudadanos desposeer de su cargo a cualquier funcionario o representante público. Este derecho, no contemplado en nuestra Constitución, sirve para apartar de la función pública a cualquier persona presuntamente corrupta y/o incompetente, y evita el fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone el transfuguismo, actualmente amparado en el artículo 67.2 de la Constitución.

De existir este derecho, nuestros representantes y los integrantes de la maquinaria del Estado tendrían mucho cuidado con lo que dicen y hacen, estarían más sensibilizados con las inquietudes de sus conciudadanos y nos ahorrarían bochornosos espectáculos como este. A diferencia de la vía penal, no es necesario esperar a juicio ni sentencia firme, y se podrían castigar actuaciones cuestionables que no constituyen un delito, pero que los ciudadanos consideren inaceptables. Es un procedimiento rápido y democrático que mejoraría drásticamente la calidad de nuestros políticos.

Hasta el día en que esto sea posible, deberemos conformarnos con cambiar el sentido del voto en las siguientes elecciones, pero eso no garantiza que la persona en cuestión sea desposeída de su escaño, porque son los partidos políticos los que establecen el orden de sus listas, y dicha medida no afecta a los cargos que son nombrados por nuestros representantes o se obtienen por oposición. No hay manera de deshacerse de un mal Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, o Presidente del Gobierno sin desacreditar al partido que lo nombró (con el que se puede seguir estando de acuerdo a pesar de su equivocada decisión).

Segunda Transición hacia la Democracia

En mi opinión, los padres de la Constitución dejaron en el tintero buena parte del concepto de Democracia. Por tanto, queda pendiente una reforma que desarrolle plenamente los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hasta equipararlos con los mecanismos de representación de que disponemos en España, y con los derechos existentes en los países de nuestro entorno.

Existe en marcha una campaña de recogida de firmas para una “Propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática“. La aprobación de las medidas que recoge la propuesta, que como hemos visto no puede plantearse como Iniciativa Legislativa Popular, abriría las puertas a la Democracia (con mayúsculas) en España y cambiaría nuestra realidad actual casi tanto como lo hizo la Constitución en su día.

Aunque recomiendo encarecidamente la lectura del (breve y claro) texto original, las ideas que plantea se pueden resumir en otorgar más importancia a la iniciativa popular, en cuanto expresión directa de la voluntad popular, permitiendo su uso para:

• Crear o modificar leyes de cualquier rango, incluidas leyes orgánicas y la reforma constitucional (expresamente prohibido por el Art. 166). También derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento.
• Ratificar o derogar tratados internacionales, aunque el Gobierno se oponga a hacerlo.
• Elegir y Revocar cargos públicos.

La reforma también recoge la obligatoriedad de someter a referéndum las propuestas elevadas al Congreso por Iniciativa Popular, pudiendo optar los ciudadanos entre apoyar la formulación original del proyecto, la modificada tras la tramitación parlamentaria (de haberla), o ninguna de las dos. De esta forma se evitaría que, como hasta ahora, se ignorasen las propuestas legítimas del pueblo soberano.

Por último, redefine la figura del referéndum como una consulta vinculante en cuanto expresión directa de la voluntad popular, y se permite su convocatoria en el ámbito local y autonómico a instancia de sus Gobiernos y/o ciudadanos, siempre que el tema consultado entre dentro de las competencias que son propias a dichas instituciones.

Estas propuestas no son sino la concreción práctica de los principios de la Democracia Directa, una forma de organización política más democrática que la actual y que, de implantarse, probablemente enriquecería el debate político, aumentaría la cohesión social, produciría consensos más sólidos y duraderos sobre las normas por las que nos regimos. También mejoraría la gestión del Estado y sus recursos, ya que obliga a los poderes del Estado a justificar más y mejor sus actuaciones, y deja siempre la última palabra en manos de los ciudadanos.

La oportunidad de una vida: Reforma constitucional de 2008

Para poder disfrutar de una Democracia mejor es imprescindible reflejar medidas como estas en la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar una reforma parcial de la Constitución a principios de 2008, coincidiendo con el final de la legislatura. En principio dicha reforma se limitará a la equiparación entre hombre y mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado y a la reforma del Senado, dejando de lado iniciativas para dotarnos de una Constitución que impulse el desarrollo social y económico del país, como las aquí expuestas.

Algunos partidos políticos minoritarios se proponen aprovechar la ocasión para incluir en la reforma medidas como las mencionadas, la reforma del sistema electoral o una mayor separación de poderes, entre otras. Si quieres disfrutar de un país más Democrático tendrás que confiar en ellos, porque ni PP ni PSOE abanderarán jamás cambios de este tipo.

Esta reforma Constitucional es todavía más urgente dado que 1) Se elaboró bajo la supervisión de una dictadura militar y 2) No la han votado más del 67% de los españoles (todos los menores de 47 años, y aumentando cada año). La decisión está en tus manos: Segunda Transición o más de lo mismo. Nos vemos en las urnas.

Aunque en su momento pudo parecer la opción más segura para proteger la estabilidad política durante la Transición, al observar la distribución de los escaños en las últimas elecciones (2004) me pregunto si es democrático que la tercera fuerza más votada sea la sexta en número de representantes.

El tamaño de la circunscripción es lo que importa

Los artículos 68 y 69 de la Constitución Española de 1978 establecen que la circunscripción electoral para elegir a los representantes en el Congreso y en el Senado es la provincia. Esta forma de asignar a los parlamentarios españoles, sobre la base de mayorías provinciales, reduce considerablemente el nivel de representación de las minorías cuyos votantes no se encuentran concentrados geográficamente (el caso de Izquierda Unida).

El problema radica en que las provincias son circunscripciones demasiado pequeñas como para garantizar una adecuada proporcionalidad entre los votos recibidos y los representantes asignados a cada opción. Es inevitable que cuanto menos representantes corresponda elegir en una circunscripción, menos proporcional sea el reparto de los mismos. El caso extremo es la circunscripción que elige a un único representante (Ceuta y Melilla), en donde la lista más votada se lleva el 100% de los representantes, independientemente del número de votos.

En España, debido a la gran concentración de población en determinadas provincias, el 50% de los representantes al Congreso son elegidos en circunscripciones donde se eligen 7 candidatos o menos, siendo las más frecuentes las de 3, 4 y 5 representantes (9 provincias de cada uno de los tres tamaños, que suman el 31% del total). Con estas dimensiones, lo habitual es que sean 2 o 3 las fuerzas políticas que obtengan parlamentarios en cada circunscripción, descartándose el resto de votos sin representante.

De esta manera, es muy difícil que un partido minoritario se haga un hueco en los órganos de Gobierno. En nuestro actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden acceder a la representación parlamentaria son aquellos con un respaldo mayoritario en el conjunto de la nación o aquellos que, siendo minoritarios, tienen a su electorado concentrado en provincias clave.

En el caso de que la circunscripción electoral fuera única (el conjunto del Estado), bastarían 70.000 votos entre 26 millones (equivalentes al 78% de participación) para conseguir un representante en el Congreso. Sin embargo, al asignarse los representantes por provincias, hoy en día 70.000 votos desperdigados no valen nada.

La explosión del regionalismo

La consecuencia más directa del actual sistema de asignación provincial de representantes es el creciente protagonismo del regionalismo e independentismo, que para algunos supone una amenaza a la unidad de España. Una vez que queda claro que la forma más fácil de hacerse oír siendo pequeño es agrupando electores en una provincia, la estrategia más directa de conseguirlo es mediante programas regionalistas, cuya prioridad no sea el conjunto del país sino la región.

A modo de ejemplo, de los 93 partidos que concurrieron a las elecciones al Congreso de 2004, el 52,5% mencionaban en su denominación alguna región de España y/o los términos nacionalista/independentista/regionalista. ¡Más de la mitad! Esto no significa que los partidos regionalistas con representación parlamentaria tengan más importancia de la que les corresponde, como queda demostrado más adelante en la tabla que compara diferentes sistemas electorales, pero si que es preocupante que tanto énfasis en lo local haya dejado al país huérfano de formaciones políticas capaces de plantear una alternativa viable a los gobiernos de PP y PSOE. La cuarta fuerza política no regionalista del país, Ciudadanos en Blanco, consiguió poco más de 40.000 votos para su proyecto de hacer el voto en blanco computable, y no se presentaba con un programa de gobierno completo.

La ley electoral y la asignación de escaños

Al problema del tamaño de la circunscripción, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, añade dos nuevas trabas en su artículo 163: 1) No se computarán los votos de las candidaturas con menos del 3% de votos en la circunscripción, y 2) Los representantes se asignarán a las listas restantes en función del Sistema D’Hondt.

La barrera del 3%, ideada para excluir a los partidos minoritarios, resulta del todo antidemocrática cuando existen muchos órganos de gobierno en los que un 3% representa un escaño (en cualquier órgano con más de 34 representantes, el 3% representa, al menos, un escaño). En el congreso, el 3% representa 10,5 escaños y un escaño representa el 0,29% de los votos. De haber un umbral para participar en el recuento de escaños, debería situarse en el número de votos necesarios para conseguir un representante, aunque en mi opinión no debería excluirse “a priori” ninguna opción política por no reunir un determinado número de votos. El sistema de asignación de representantes debería ser el que se encargara de asignar a cada opción la representación que más se ajuste al número de votos recibidos.

En cuanto al sistema de recuento, si bien es cierto que el actual sistema (D’Hondt), basado en la metodología de la cifra repartidora, favorece excesivamente a los partidos mayoritarios, el sesgo que introduce es considerablemente menor que el atribuible al tamaño de las circunscripciones en España.

Existen varios sistemas de asignación proporcional de representantes que ofrecen una mejor representatividad entre votos recibidos y candidatos elegidos, basados mayoritariamente en la metodología del resto mayor. De entre ellos, el Cociente Droop es el que ofrece mayores ventajas. Aunque no tan popular como D’Hondt, el Cociente Droop se utiliza hoy en día en la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Autralia y Malta, entre otros países.

Para estudiar las cualidades de ambos sistemas, he calculado cuáles habrían sido los resultados electorales de las pasadas elecciones de 2004 al Congreso si hubiera habido una única circunscripción nacional y se hubieran asignado los escaños mediante el sistema D’Hondt (en violeta) y el Cociente Droop(en verde). La siguiente tabla recoge los resultados de ese escenario en comparación con nuestro actual sistema electoral, basado en el método D’Hondt y circunscripciones provinciales (en amarillo).

Comparando las tres columnas correspondientes al diferencial entre el número de votos y número de escaños asignados, la ampliación de la circunscripción a nivel nacional aumenta notablemente la representatividad del resultado y, de las dos metodologías analizadas, el Cociente Droop, pese a seguir favoreciendo a los partidos mayoritarios, es más proporcional en el reparto de escaños.

En todos los sistemas, el partido más beneficiado hubiera sido el PP, pero mientras que con el sistema actual disfruta de una sobrerepresentación del 4,58%, con una única circunscripción se habría reducido sensiblemente el problema (al 2%) y combinando circunscripción única con Cociente Droop esta sobrerepresentación se habría reducido a niveles aceptables (0,86% de escaños más de los que le corresponderían). Las mismas conclusiones se pueden sacar comparando los totales correspondientes a sumar los valores absolutos de las desviaciones entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños para las tres alternativas. La no proporcionalidad del sistema español (15,4%) está muy por encima de lo que se podría esperar (3,42%).

Al elegirse un mayor numero de representantes, la circunscripción única nacional otorga a los partidos minoritarios perjudicados por el actual sistema electoral (IU y PA) una representación acorde con la proporción de votos recibidos, siendo está más precisa en el caso de Cociente Droop, gracias al cual 7 partidos políticos que actualmente no cuenta con representación política conseguirían un diputado.

Aunque habrá gente que argumentarán que este sistema dificulta la gobernabilidad por la cantidad de escaños “sueltos” que otorga, en mi opinión estas nuevas formaciones políticas, dispuestas a comerle el terreno a quien se duerma en los laureles, son necesarias para el reciclaje en la alternancia en el poder, para un debate político más plural y para mantener la tensión en la clase política.

Soluciones para mejorar la representatividad de los órganos de Gobierno

Antes de exponer las medidas para solventar el importante déficit democrático que supone nuestro sistema electoral, quisiera llamar la atención sobre otro importante déficit que padecemos. Las elecciones, ya sean legislativas, autonómicas y municipales, son las únicas vías de participación efectiva que tienen los ciudadanos en cuestiones de gobierno.

La Jefatura de Estado es hereditaria, los poderes Ejecutivo y Judicial son nombrados por el poder Legislativo y, como he descrito, la elección del poder Legislativo está sesgada en favor de los grupos mayoritarios. En este país, la iniciativa legislativa popular no puede utilizarse para modificar la Constitución ni las leyes orgánicas (como la electoral), y aunque se pudiera utilizar no sería vinculante, por lo que no hay obligación de aprobarla, discutirla o someterla a referéndum (que por cierto, tampoco sería vinculante, así que da igual el resultado). En definitiva, los ciudadanos estamos completamente a merced de los partidos políticos, como detallo en “El secuestro político de la Soberanía Popular”.

La mejor, quizás única, oportunidad de que dispondremos será cuando se disuelvan las Cortes en 2008 según lo previsto en el procedimiento para la Reforma de la Constitución. Si de esas elecciones saliera una coalición de partidos regionalistas y nacionales minoritarios suficiente para arrebatar la mayoría a PP y PSOE, sería posible introducir “novedades” no previstas originalmente en el proyecto de reforma, como las mencionadas aquí.

Concretamente, es necesario modificar cuanto antes la Constitución para que los representantes de la soberanía popular sean elegidos por circunscripciones correspondientes a su ámbito de competencia, de modo que representen con fidelidad el apoyo que cada opción política tiene en conjunto sin importar dónde se vote. De este modo, los Diputados deberían elegirse por circunscripción nacional en cuanto representantes del conjunto de los españoles (Art. 68); y los Senadores deberían elegirse por circunscripción autonómica en cuanto representantes de los territorios que componen España (Art. 69). Está última medida, la del Senado, se baraja entre las posibles novedades para introducir en la futura reforma (parcial) de la Constitución anunciada por Zapatero.

Además sería necesario modificar el artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para eliminar (o reducir al mínimo) el límite del 3% de los votos que necesita cualquier candidatura para ser contabilizada, ya que de aplicarse la ampliación de las circunscripciones sin esta modificación, el Congreso se quedaría con sólo 4 grupos parlamentarios. También sería recomendable, ya puestos a mejorar el sistema, modificar el sistema de asignación de escaños descrito en el mencionado artículo por otro de mayor proporcionalidad, como el mencionado Cociente Droop.

No me cabe duda de que si se aprobaran estas tres sencillas modificaciones, dejaríamos de escuchar tonterías en las noticias y la productividad de nuestros políticos se dispararía. Pero claro, eso será por encima de sus cadáveres, ya que ¿quién estaría dispuesto a sacrificar la gallina de los huevos de oro?.

Deberemos ser los ciudadanos quienes apartemos a las formaciones políticas dominantes del poder si queremos renovar la Democracia en España. En tus manos está elegir entre mantener a este país en el “Pan y Circo” o iniciar la Segunda Transición, hacia una verdadera Democracia. Tienes una cita con las urnas, y con la Historia. No nos falles.

Conforme aumenta la complejidad de la cosa a gestionar, aumentan las posibilidades de que aparezca la figura del representante: un intermediario elegido periódicamente para administrar la soberanía popular. A falta de aplicar soluciones técnicas mejores, se recurre a la Democracia Representativa o Parlamentaria.

El problema de estos representantes es que, para ser elegidos, necesitan ser conocidos (ellos y sus propuestas). Y para darse a conocer necesitan recursos y el respaldo que sólo pueden proporcionarles las grandes franquicias presentes en el mercado político. Las únicas organizaciones con recursos suficientes para hacer publicidad y cuyos miembros son los únicos que reciben cobertura mediática

Estas organizaciones, que canalizan la soberanía popular, se sustentan gracias a la financiación que obtienen de los recursos públicos gestionados por sus integrantes, y a las aportaciones de organizaciones privadas: Por lo general, empresas “desinteresadas”, militantes y afines

La financiación de los partidos políticos

Sin capacidad económica propia, las franquicias políticas dependen de su capacidad de gestionar el poder para convertirlo en recursos, ya sea en forma subvenciones por votos/representantes o de donaciones privadas, con los que financiar las actividades destinadas a mantenerse en el poder. Es en este momento cuando la política deja de servir a los ciudadanos para servir a los propios partidos políticos.

Lo ideal sería que los partidos políticos no gastaran más dinero del que perciben de los recursos públicos y las cuotas de los afiliados, que éstas fueran las únicas maneras de que obtuvieran financiación y que todos contaran con unos presupuestos parecidos a la hora de pugnar por los votos. Sin embargo, en la lucha por el poder toda inversión es poca. En las elecciones generales de 2004 el PP y PSOE gastaron 12,5 y 10,6 millones de €uros respectivamente, casi el límite máximo que les correspondía por ley y muy lejos de los presupuestos que manejan el resto de partidos. En economía, a esta situación se la denomina oligopolio.

El sistema electoral y voto útil

A los 7’6 millones de votantes que eligieron no votar en las generales de 2004 (una de las elecciones con más participación en España) hay que sumar 1’5 millones de votantes que votaron a partidos políticos que no obtuvieron representación parlamentaria y 0,6 millones de votos en blanco o nulos.

En total, un 29% de ciudadanos no tienen representación en el parlamento mientras que un 39% de ciudadanos, organizados en torno a 3 partidos, pueden formar una coalición con mayoría absoluta. Por otra parte encontramos cosas inexplicables como que IU tenga la mitad de escaños que CiU habiendo recibido un 53% más de votos que esta formación en unas elecciones generales. Es evidente que este sistema no es democrático, porque la democracia se basa en el principio de igualdad. Esta es nuestra democracia.

La causa, según mi opinión, es el sistema electoral vigente. Un sistema que prima a los partidos mayoritarios a la hora de asignar los escaños, en el que las circunscripciones son demasiado pequeñas para que los partidos minoritarios logren representación (salvo los nacionalismos) y en el que sólo podemos votar las listas (cerradas) que proponen los partidos, elegidas y ordenadas según el resultado de las luchas de poder internas.

Este sistema, además, produce un sesgo peligroso hacia el bipartidismo, ya que sólo se presta atención a los partidos en condiciones de disputar el poder. ¿Sabías que en las elecciones de 2004 se presentaron 96 formaciones políticas que no consiguieron escaño en el parlamento?. ¿Qué sabemos de estas alternativas políticas? Ni siquiera que existen..

En la práctica, las opciones de elección percibidas por el ciudadano se ven reducida a las pocas opciones “viables” y, de este modo, se frena el desarrollo y la resolución de los verdaderos problemas sociales. Al votar al PSOE sólo para que no gane el PP (o viceversa) estamos excluyendo de los órganos de gobierno otras propuestas seguramente más afines a nuestra ideología, y posponiendo la resolución de los verdaderos problemas sociales por falta de debate y/o voluntad política.

Las propuestas de los partidos mayoritarios son tan similares en lo fundamental que el debate parlamentario se vuelve innecesario. Por este motivo, en la actualidad el único debate político que nos ofrecen los políticos se basa en la descalificación del contrario por hacer lo que ellos mismos hicieron en el pasado cuando estaban en su lugar. El estilo de las descalificaciones es la única diferencia significativa entre grupos que, si fueran un poco más parecidos, se presentarían en coalición a las elecciones y nos ahorrarían el esfuerzo de elegir. De esta manera podríamos disfrutar del espectáculo sin interrupciones (electorales).

En este escenario, las elecciones sólo sirven para definir qué papeles interpretarán los políticos de los partidos mayoritarios durante los próximos cuatro años. Y así seguirá siendo hasta que suficientes ciudadanos opten por dar su voto (in)útil a nuevas formaciones para dar el relevo a los partidos tradicionales.

¿Es posible otra Democracia?

No vamos a caer en engaños. El sistema electoral español está diseñado para mantener las cosas como están. La ley electoral es una ley orgánica, lo cual hace necesario que su modificación se apruebe con más del 50% de los votos. ¿Y qué partido mayoritario va a modificar una ley que le favorece?

No obstante, si estás desengañado de la política y harto de los políticos sólo tienes una opción: Votar a partidos que propongan la reforma del sistema electoral y la Constitución para que:

• Las listas sean abiertas, es decir, se pueda votar a los candidatos que deseemos, incluso de partidos diferentes, en vez de a la lista completa.
• Se asignen escaños mediante un sistema más proporcional que el actual. Idealmente mediante Voto Personal Transferible, que se utiliza en varios países o, en su defecto, el Método Sainte-Laguë como mal menor.
• Se renueve una cuarta parte del Parlamento cada año. De esta manera aprovecharíamos los efectos revitalizantes que las precampañas electorales producen en los políticos: Los ciudadanos tendríamos más garantías de que se cumplirán los compromisos electorales y podríamos reconducir la situación en caso de que no nos satisfaga.
• Se pueda utilizar la iniciativa popular para proponer modificaciones en las leyes (incluso orgánicas), revocar cualquier cargo electo o ratificar/derogar tratados internacionales. Siempre previo referéndum, cuyo resultado sea vinculante, en linea de la propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática.

¿Cuales son estos partidos? Eso te toca descubrirlo a ti… La auténtica democracia requiere de la participación e involucración directa de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Empezando por a quién votar. Todavía tienes tiempo hasta las elecciones. Suerte.