En apenas 10 días, la idea que lanzaba Zapatero se ha concretado en una propuesta aprobada por PP, PSOE y UPN: una celeridad asombrosa para una medida que, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor hasta 2020 y que, de todas formas, es innecesaria, puesto que el déficit de Estado ya se encuentra limitado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 126 de dicho Tratado establece que “los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos“, entendidos como el 3% del PIB para el déficit anual, y del 60% del PIB para la Deuda pública acumulada; criterios que se aplican desde que se introdujera esta disposición en el Tratado de Maastricht, en 1992.

Entonces, ¿qué necesidad hay de Constitucionalizar el límite del déficit precisamente ahora? Pues ninguna, como muy bien señaló Josu Erkoreka, ya que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96.1 CE) y “corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados” (art 93 CE). De hecho, en virtud de esos mismos tratados, la Comisión Europea revisa todos los años los proyectos de Presupuestos Generales del Estado antes de que se presenten al Parlamento español.

Lo que la reforma esconde

Quizá la razón por la que se opta por una reforma exprés y sin referéndum, que ha salido adelante con los únicos votos del PPSOE mientras más de la mitad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han decidido no participar en la votación, se encuentre en el futuro artículo 135.3 de nuestra Constitución:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad ABSOLUTA….

Prioridad absoluta, lo han leído bien. Es decir, que si en el futuro el Estado español no tiene suficiente dinero para pagar su deuda y los servicios públicos, deberá priorizar el pago de la primera a costa de los segundos. Lo que proponen PP, PSOE y UPN es que la Constitución proclame un nuevo derecho: el de nuestros acreedores a cobrar del Estado antes que nadie, lo que obliga a financiar los servicios públicos con el dinero que sobre después del pago de la deuda y sus intereses.

¿Qué país soberano antepondría a sus acreedores frente a sus ciudadanos?… pues ninguno. Por muy loables que sean el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit como políticas para garantizar la viabilidad económica del Estado del Bienestar, y la capacidad de respuesta pública frente a las crisis económicas, ningún gobierno en su sano juicio optaría por constitucionalizar semejante derecho. Por desgracia, no nos encontramos en posición de elegir, puesto que seguimos necesitando dinero pese al mucho que ya nos han prestado, y que no está claro que vayamos a poder devolver.

Nuestros amigos europeos ha solicitado garantías adicionales antes de seguir comprando deuda pública española y las tendrán, ya que esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe la modificación en unas semanas, no en 2020. Con ella, se supedita el Estado del Bienestar a la capacidad de quienes nos gobiernen para contener el despilfarro y la descapitalización de lo público, algo que han demostrado ser incapaces de hacer durante las últimas décadas… cuando no quede nada privatizable habrá que empezar a cerrar hospitales y/o subir otra vez los impuestos a quienes los pagan, como ya nos han anunciado.

Lástima que, habiendo alternativas, casi veinte millones de españoles se empeñen en seguir votando a quienes han demostrado ser meros testaferros de los poderes económicos, incapaces por tanto de subir los impuestos a lo ricos y a las empresas, combatir el fraude fiscal y optimizar el gasto de nuestro raquítico sector público… empezando por desinflar los concursos que adjudican a quienes les patrocinan. De lo que la ciudadanía elija el 20N depende que España se convierta en esclava de sus acreedores, como quieren PP y PSOE, o se se desrreforme el artículo 135 de la Constitución para recuperar la soberanía a la que han renunciado por su incapacidad de gobernarnos.

Mi delito es haberme leído -y creído- la Constitución Española de 1978 -panfleto reaccionario donde los haya-, y ser capaz no solo de discernir las graves incongruencias entre los planos y lo realmente construido, sino también de decir sin vergüenza ni exaltación lo que se lleva mascullando en la sociedad desde hace años. ¿Acaso mentimos cuando afirmamos que España no es una Democracia? ¿De verdad alguien puede pensar que en este país manda (-cratos) el pueblo (demos-)?

Gente de todo tipo y condición hemos tomado las calles pidiendo cosas que hace ya 32 años que deberíamos tener. Anónimos/as ciudadanos/as exigimos libertad, justicia, igualdad y pluralismo político… supuestamente, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución). Y lo tenemos que hacer con el temor de que la policía decida en cualquier momento cargar contra nosotros para disolverlos… parece que volviéramos a 1975.

¿Cómo se puede considerar peligrosas a personas que demandan que los partidos políticos funcionen y se estructuren internamente conforme a principios democráticos, y cumplan con su papel constitucional sirviendo tanto para expresar el pluralismo político que hay en este país, como para formar y manifestar la voluntad popular? (art. 6 CE). ¿Qué hay de malo en decidir participar en los asuntos públicos directamente, en vez de a través de representantes, tal y como prevé el artículo 23.1 de la Constitución?

¿Por qué es reaccionario desear de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (art. 31. CE); querer ejercer el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias (art. 35 CE); aspirar a que los poderes públicos promuevan el progreso social y económico para lograr una distribución de la renta más equitativa y el pleno empleo (art. 40 CE); o pretender que garanticen la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas (art. 50 CE)?.

¿Desde cuando es un problema reivindicar que esos mismos poderes promuevan el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho (art. 44.1 CE), y garanticen la defensa de nuestros derechos como consumidores y usuarios (51.1 CE)?; ¿o procuren -con nuestra colaboración- que disfrutemos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo (art. 45.1 CE) y de una vivienda digna? (art 47 CE). ¿En qué momento se olvidaron de que la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE)?.

¿Por qué pretender que las Cortes Generales representen al pueblo español, no porque lo diga la Constitución (art. 66.1 CE), sino porque sea una realidad constatable; que la disciplina de voto no se confunda con mandato imperativo (67.2 CE); que el sistema electoral atienda a criterios de representación proporcional (68.3 CE); que las proposiciones de Ley presentadas mediante iniciativa legislativa popular sean tomadas en serio (art. 87.3 CE); o que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, aunque sea consultivo (art. 92.1) te convierte automáticamente en “antisistema”?

¿A quién puede extrañar que se reclame a la Administración Pública que sirva con objetividad los intereses generales (art 103.1 CE); a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que cumplan con su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana (art 104.1 CE); a los Jueces y Magistrados, que administren la justicia emanada del pueblo de forma independiente, responsable y sometiéndose únicamente al imperio de la Ley (art 117.1 CE); al Ministerio Fiscal, que promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público… y vele por la independencia de los Tribunales (art. 124.1 CE); y al Tribunal de Cuentas, que fiscalice la gestión económica del Estado y del sector público? (art. 136.1 CE).

Pues muchas de estas reivindicaciones son las que se escuchan por toda España en improvisadas asambleas de gente corriente, expresadas con otras palabras. Personas que pretenden -aunque seguramente no lo sepan- que se cumpla la Constitución siempre y para todos igual-, no sólo cuando interesa. Personas que se sienten atacadas por un sistema que no es el que se pactó en 1978 y que, desde luego, la mayoría no pudo ni votar (concretamente el 67,86% de la población).

Los verdaderos antisistema

No hace falta ser muy listo/a para darse cuenta de lo que puede estar pasando cuando una Junta Electoral se extralimita en sus funciones y ordena disolver grupos de ciudadanos que ejercen legalmente sus derechos de expresión y de reunión pacífica y sin armas, aplicando para ello la normativa correspondiente a los actos de campaña (art. 53 y 54 LOREG) pese a que las manifestaciones ni estaban organizadas por un partido político, ni en ellas se pedía el voto a favor ni en contra de nadie.

O cuando la policía disuelve ilegalmente -es decir, sin que concurra alguno de los motivos legalmente previstos para ello- manifestaciones sin respetar ni su propio reglamento (comentarios), empezando por ir debidamente identificados, mientras el ayuntamiento censura las cámaras de tráfico en un inútil intento de evitar que nos enteremos de cómo la policía agrede a gente pacífica e indefensa (II y III, aunque youtube está repleto de vídeos similares).

Hemos llegado al punto en el que todo el que no va en coche oficial es sospechoso de antisistema; en el que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales nos convierte en delincuentes; en el que se ha renunciado a hacer valer el Estado de derecho y se aplica la ley sólo contra aquellos que todavía la respetan, y en el que el Estado instiga los desordenes públicos con su desprecio manifiesto a los más esenciales principios democráticos.

Si uno de las misiones de toda Constitución es limitar el poder del Estado -especialmente contra los ciudadanos- creo que podemos decir abiertamente que la de 1978 ha fracasado, al menos en este punto. La dictadura se fue, pero la Democracia nunca llegó a este país, y las libertades que nos concedieron eran solo para ejercitarlas donde y cuando no molesten a nadie; ahora lo sabemos.

Cuando quienes diseñaron el pacto constitucional no son capaces -ni parecen tener intención- de cumplirlo… y enciman tienen el valor de llamar antisistema / indignado a quien pretenda que sea tengan a las reglas que ellos mismos redactaron, el colapso es inevitable. Si les parece que los mercados financieros no son nada comprensivos, les queda por ver lo mejor. El sistema en nuestro: lo pagamos con nuestros impuestos y lo legitimamos con nuestros votos, así que será como quiera la ciudadanía… o no será.

Quienes pretendan defender este Estado que han construido para uso y disfrute particular, sepan que les plantaremos cara en las plazas y en las urnas, si sus leyes no lo impiden. En este país somos muchos los que tenemos férreas convicciones democráticas, poco que perder, y mucho tiempo libre a nuestro pesar… sobran demócratas antisistema para hacer una revolución pacífica y legal que restaure el orden constitucional.

Hastag: #democrataantisistema

“Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria [...] necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura” (art. 169.3 LOREG)

Aunque pueda parecer que no son muchas firmas, la consecuencia de esta ley es que, en el futuro, mientras los precandidatos de los partidos con escaño preparan sus programas electorales, el resto estarán mendigando firmas entre una ciudadanía totalmente desencantada con la política y los políticos, que ha tirado la toalla.

Será más fácil cumplir el trámite en aquellas circunscripciones en las que hay menos escaños (y posibilidades de conseguir uno) que en aquellas otras en las que el valor del mismo está cercano a la barrera electoral del 3%, únicos lugares donde hay una mínima posibilidad de conseguir un escaño en igualdad de condiciones con los partidos más votados. Así, para poder presentarse a las elecciones en Madrid y Barcelona, habrá que reunir -al menos- 4490 y 3980 firmas respectivamente … o presentarse por un partido con representación en las Cortes.

Ya resultaba bastante difícil competir en unas elecciones en las que a los ganadores se les abona el importe íntegro de sus gastos de campaña, mientras que al resto se le da poco o nada; en las que los medios de comunicación sólo cubren las “noticias” de los grupos políticos relevantes para sus intereses; y en las que el sistema electoral castiga tan duramente a las minorías para facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, estos obstáculos no impidieron que el número de candidaturas presentadas al Congreso y al Senado en 2008 aumentaran más de un 30% respecto a las elecciones anteriores.

Desgraciadamente, en 2012 el panorama será bien distinto. Si antes de esta reforma ya había candidaturas de primera y segunda, después de su entrada en vigor podemos decir que se acabaron los pobres en la política: quienes no tengan escaño ni puedan movilizar unos cuantos de miles de firmas en el plazo y forma que estipule la administración electoral ni siquiera podrán participar en el proceso. Si antes los medios se encargaban de filtrar las ideas “que no interesan”, ahora ni siquiera se podrán plantear en campaña y someterse a votación.

Por un puñado de firmas

Tomando los datos de las pasadas elecciones, observamos que sólo hay 5 partidos en Madrid (de 37) y 10 en Barcelona (de 32) que hayan obtenido más votos que firmas serán necesarias para poder concurrir a las próximas elecciones. De los cuales, más de la mitad no necesitarán presentarlas, ya que cuentan con -al menos- un/una diputado/a o senador/a que les exima del trámite en todas las circunscripciones.

En el conjunto de la nación, de los 92 partidos que se presentaron al Congreso y al Senado en 2008, 82 tendrán que recoger firmas, y la inmensa mayoría no logrará presentarse porque obtuvieron menos votos anónimos que firmas autenticadas (con los datos personales de los firmantes) deberán recoger. Si analizamos la situación de cada circunscripción, veremos que el número de candidaturas en peligro de extinción supera el 50% en casi todas ellas.

Puede que nadie vaya a echar de menos a estos partidos tan poco votados, pero no me parece que sea lo que España necesita en un momento en el que el barómetro del CIS sitúa, por enésimo mes consecutivo, a la clase política y a los partidos políticos como tercer problema de España, y dos tercios de los encuestados consideran que la situación política general de España es mala o muy mala.

Conviene recordar que necesitamos a estos partidos sin representación porque, al depender menos del sistema, son los únicos en posición de cambiar los aspectos más disfuncionales del poder, y plantear las reformas más ambiciosas. Sólo quienes se presentan pueden incluir en la agenda política temas nuevos, que otros partidos no quieren abordar; y sólo quienes se presentan pueden gobernar, o empujar a quienes lo hagan en la dirección deseada.

Incluso sin parlamentarios, el papel de estos partidos es igualmente importante como termómetro del sentir de la población respecto de la(s) fractura(s) social(es) que traten de explotar. Partidos como el PACMA han logrado, con unos miles de votos, incorporar a la agenda política el asunto del maltrato animal, e influir en la opinión pública SIN OBTENER REPRESENTANTES. Si lo han conseguido ha sido, precisamente, por dirigirse hacia una de esas fracturas latentes, pero con suficiente potencial electoral, que ningún partido establecido consideraba importante hasta que aparecieron ellos. ¿Que ocurriría si futuros PACMAs no pudieran presentarse por culpa de las firmas?

Para mi está claro que esta nueva medida es un clavo más en el ataúd de la democracia de mínimos que tenemos, cuyo desarrollo está siendo bloqueado por los partidos que se alternan en el poder. Parece que para mantener el status quo ya no es suficiente con desmovilizar sistemáticamente a la población y esconder las alternativas. A pesar de todo, la gente se sigue politizando conforme crece la indignación hacia la defensa numantina que “los herederos de la Transición” hacen de su fuerte. Cualquier concesión que se les arranque se logrará cuando no quede otra opción, y sólo de forma temporal, hasta que se les ocurra como retorcer las leyes para recuperarla.

Los problemas de España con la política y los políticos están enquistados. No van a resolverse sólos ni a desaparecer, y sólo se pueden solucionar por la vía política o la violenta. En el primer escenario, los micro-partidos podrían ser el germen de nuevas alternativas y, con un poco de suerte y unos pocos de votos, impulsores de un cambio cada vez más demandado. Obstruyendo su participación en los procesos electorales se petrifica un sistema que ya es disfuncional hoy, y nos conduce a la segunda vía, porque cada vez será más difícil que aparezcan nuevos partidos, y no se podrá votar a los micropartidos existentes cuando hagan falta o interesen.

A corto plazo, tendrán dificultades para recoger las firmas porque son desconocidos, y serán desconocidos porque no tendrán las firmas para poder presentarse. A largo plazo, su incapacidad para formar candidaturas acabará por provocar su disolución, ya que un partido político que no se puede presentar a las elecciones más importantes no tiene mucho sentido (salvo que sea local).

Menos competencia, peor política

Cuando llegan las elecciones, diferentes propuestas y modelos de gestión compiten por obtener nuestra confianza; entablando -para ello- un debate del que nosotros -como ciudadanos- esperamos obtener lo máximo posible. Para que así sea, resulta fundamental que en ese debate las candidaturas compitan verdaderamente entre sí; porque -cuando no hay competencia- disminuye el nivel de autoexigencia de los políticos, y la calidad de las ofertas que nos hacen.

Si los que no votan siguen sin votar, y los que lo hacen son cautivos de una única opción, quienes resulten elegidos no tendrán muchos motivos para variar su comportamiento de los últimos años. Por eso considero necesario que -a las elecciones- concurran tantas candidaturas como sea posible; ya que, si hay que optar por una opción cerrada, que al menos haya la máxima variedad entre las que elegir.

Menos alternativas supone menos democracia, menos competencia, y peor política. Los ciudadanos tenemos derecho a unas elecciones competitivas y plurales; en las que -quien quiera- pueda participar y proponer su proyecto con libertad. A la vista de los datos expuestos, no parece descabellado suponer que basta requerir las firmas de un 0,1% de los electores para reducir drásticamente el número de alternativas que se presentarán, y para restringir de nuevo nuestra libertad de elegir.

A estos micro-partidos ya se les había excluido de los espacios publicitarios gratuitos en televisión y radio. Bastaría unificar la papeleta de voto (para ahorrar en papel) y el envío de la propaganda elecotral (evitando que el censo caiga en manos de irresponsables) para que la presentación de más candidaturas no suponga ningún coste ni problema logístico. Pero se ve que es más fácil poner trabas a quienes menos posibilidades tienen de superarlas que pensar soluciones que respeten los derechos de todos.

La Constitución y sus defensores

A estas alturas, todos sabemos que la Constitución es un documento de mínimos, cuya única función era cambiar el sistema político español lo justo para que todo siguiera igual… y nos permitieran entrar en Europa. Lo que se afirma en ella no está para cumplirse, salvo que quienes se vean afectados tengan el tiempo y el dinero necesarios para hacerla valer en los tribunales; y son los poderes del Estado (en esta ocasión, el legislativo) quienes más la pisotean.

Considero que no hay cabida para el requisito de las firmas dentro de un Estado (supuestamente social y democrático de Derecho) que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y que atribuye a los partidos -como instrumentos fundamentales para la participación política que son- la misión de expresar dicho pluralismo concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular en las elecciones (art. 6 CE).

En virtud de la misión atribuida a este tipo de organizaciones, me parece inconstitucional exigir a los partidos políticos -y a los candidatos que integran sus listas- que justifiquen su derecho a concurrir a los procesos electorales mediante la realización de trámites previos, como el propuesto. Aceptar algo así no sólo supone la reducción del contenido del principio de pluralidad política. También constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art 14 CE), y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art 23.2 CE), porque se discrimina a quienes se integren en las candidaturas de partidos políticos que no tenga representación en las Cortes, ni medios suficientes para satisfacer el requisito de las firmas (del que, casualmente, están exentos los primeros).

En mi opinión, no corresponde a la ley excluir a ninguna opción política de ningún proceso electoral al que quiera concurrir por no contar con “suficientes” apoyos previos entre la población, o suficientes medios económicos. Corresponde a la ciudadanía decidir, con sus votos, la relevancia que merezca cada formación y proyecto político en función de si los temas que plantea son prioritarios, si sus propuestas son interesantes y, en general, en función de la capacidad percibida en cada opción para desarrollar un programa de gobierno que satisfaga a los electores. No se puede correr el riesgo de descartar alternativas mejores sólo por su incapacidad para superar trabas administrativas.

Por todo ello, ruego a quienes lean esto que escriban a la defensora del pueblo solicitándola que interponga, cuanto antes, recurso de incostitucionalidad contra la reforma del artículo 169.3 LOREG en defensa de la pluralidad política, del derecho de sufragio pasivo, de la igualdad ante la ley, de la democracia, la Constitución y del pueblo al que defiende. He preparado el siguiente documento para que, quien quiera, lo use como le parezca.

» Carta a la defensora del Pueblo – Asunto: Recurso Inconstitucionalidad LOREG 169.3
» Respuesta de la Defensora del pueblo: va a ser que no

La democracia es muy frágil: su defensa no puede dejarse para mañana ni delegarse en otros. Ya hemos perdido muchas oportunidades de defender nuestros derechos, y cada vez nos quedan menos. Actúa online ahora

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En vez de eliminar la bonificación del 1% sobre el tramo autonómico del IRPF, del 99% sobre el impuesto de sucesiones, perseguir el fraude fiscal, reducir a la mitad las dietas, los cargos de libre designación y demás despilfarro público; o, incluso, congelar la expansión y renovación de la red de metro para reducir el déficit creado por la gestión del gobierno autonómico, la Asamblea de Madrid ha optado por lo fácil: reducir el sueldo a sus trabajadores, contraviniendo el convenio colectivo y los pactos acordados previamente, hace apenas unos meses.

La estrategia adoptada por los trabajadores para combatir este atropello sin duda molestará a más de uno, que hubiera preferido una huelga de tornos caídos. Por desgracia, esta opción ejerce poca presión sobre Metro, ya que la empresa sólo perdería la recaudación de los billetes sencillos y metrobuses (40,93% según la memoria de 2008; con la estructura de tarifas actual, probablemente mucho menos). Eso sí, los empleados seguirían cobrando y los viajeros felices.

La opción de huelga “domesticada”, es decir, con cumplimiento de los servicios mínimos abusivos (del 50%), no sólo no afecta a la empresa, sino que encima la beneficia: supone una bajada sustancial de los costes operativos (menos trenes y consumo eléctrico, más la penalización a los huelguistas) sin apenas reducción de los ingresos (salvo algún usuario de metrobus/sencillo disuadido por las aglomeraciones… los de abono pagan igual). Seguro que a la empresa le gustaría una huelga permanente con servicios mínimos del 50%, que es el futuro del metro privatizado.

Por último, la huelga total -”salvaje” la llaman- supone una bajada sustancial de los costes operativos de la empresa (~60/90% de los costes variables) y reducción mínima del 35% de los ingresos [1] (usuarios de metrobus y sencillo), y potencial del 100%… suponiendo que el más de 65% de los usuarios de abono transporte ejerciten su derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional del importe del abono, generando de paso un ataque distribuido de denegación burocrática -DDoB, que original- cuyos costes corren a cargo de la empresa y los usuarios.

Así que, visto la distribución de ingresos de Metro de Madrid, los huelguistas se enfrentan a una decisión perder-o-perder… y han optado por la que más afecta a la empresa, aun a riesgo de poder ser despedidos por incumplir los servicios mínimos cuando hay un 20% de paro; y enfrentarse a una parte no despreciable de los usuarios, que anteponen su “derecho” a viajar en metro al derecho, constitucionalmente protegido, de ir a la huelga ante al decisión unilateral -y contraria a la ley- de romper el convenio colectivo previamente pactado.

Mientras, la Comunidad de Madrid, en su linea habitual, trata de presentarse como víctima inocente del conflicto entre estos huelguistas “salvajes” y el Gobierno de España, cuando ha sido la propia CAM la que han decidido extender el Decretazo a los empleados de Metro “porque-sí”, y la que ha extendido y renovado la red de metro durante años, muy por encima de lo justificable en función del incremento en la demanda -ahora estancada o en retroceso- y de la viabilidad económicas del propio servicio.

Esto no supondría mayor problema para cualquier gobierno responsable, dispuesto a asumir el coste de un servicio público deficitario, pero que genera otros beneficios. Sin embargo, parece que al Gobierno de Esperanza Aguirre se le ha ido la mano con el gasto y las rebajas de impuestos, pero no está dispuesto a aguantar la carga de su deuda. Así que, ¿para qué queremos tener el mejor metro del mundo, si no podemos mantenerlo?.

A la vista del historial y el estilo de gestión del PP, todo parece indicar que se trata de un típico caso de creación de un déficit suficiente para justificar su privatización, que, no nos engañemos, es a lo que se dedican los gobiernos tanto del PP (expertos en privatizar), como los del PSOE (expertos en déficit)… y respaldan los madrileños elecciones tras elecciones.

Eso sí, mientras lloran, la consejería de transportes y Metro ya han iniciado los procedimientos sancionadores para que caiga todo el peso de la ley sobre los huelguistas silvestres, esa misma que ellos incumplen. Por su parte, Solidaridad Obrera, sindicato con fuerte presencia en Metro (que rechaza las subvenciones y revoca del cargo a los delegados sindicales si no cumplen diligentemente su tarea) avisa de que “a partir del uno de julio huelga indefinida [...] ellos verán lo que hacen“.

La centrifugadora de mierda está adquiriendo velocidad y empieza a salpicar a todo el mundo. En los próximos meses veremos huelgas similares en muchos mas sectores, denunciando las soluciones que se aplicarán para intentar resolver los excesos que tenían que haberse frenado y combatido en la época de bonanza.

Malas leyes y juicios lentos

La situación de Metro ejemplifica bastante bien como funciona nuestra presunta democracia, algo especialmente interesante para aquellos ingenuos que creen que tenemos derechos, cuando resulta que la Constitución sólo se aplica cuando interesa al poderoso. Mientras que la Comunidad de Madrid vulnera tranquilamente la Constitución (Art 37.1: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios“, y la Empresa establece unos servicios mínimos injustificados -como así reconocen diversas sentencias [2]- los trabajadores ven vulnerado su derecho constitucional a la huelga (Art. 28.2 CE)… ¿de qué sirve que, varios años después, una sentencia anule las resoluciones que establecen los servicios mínimos por abuso de ley?

Vista la reincidencia de la empresa y la Comunidad de Madrid, los trabajadores -cansados de que se rían en su cara- han optado en esta ocasión por romper la baraja: si no se va a cumplir a ley, no se cumple ninguna, y que arda Madrid. Esta es la consecuencia de las decisiones políticas que hacen imposible obtener sentencia firme sobre la resolución de servicios mínimos antes de la huelga, y que permiten el fraude de ley a la hora de establecerlos. Si la maquinaria legal es incapaz de defender adecuadamente los derechos y libertades ciudadanas -establecidos en la Constitución- habrá que defenderlas por otros medios, como siempre se ha hecho.

El verdadero problema aquí no es el cierre del Metro, sino, “[...] la excesiva gubernamentalización y unilateralidad, la absoluta exclusión de los representantes sindicales, la ausencia de mecanismos de mediación y arbitraje, la ineficacia del control judicial sobre los Decretos de servicios mínimos [que], junto a prácticas irregulares y frecuentes como las delegaciones de facultades “en cascada” y el establecimiento de servicios mínimos abusivos, han materializado no sólo formas de lesión del derecho de huelga y de otros derechos constitucionales de los usuarios, sino también y fundamentalmente la constancia empírica de la absoluta ineficacia del modelo normativo existente en este ámbito de los servicios esenciales”, como muy bien resume Martin Aguado en “Derecho de Huelga: por una regulación garantista y avanzada“.

Si alguien quiere buscar responsables de lo que está pasando, habría que empezar por quienes ha votado a los políticos que, en 32 años, no han tenido tiempo para aprobar una Ley Orgánica que sustituya al Real Decreto Ley 17/1977 (preconstitucional), unifique la doctrina judicial y las legislaciones autonómicas, y establezca unos baremos y mecanismos adecuados para que se respeten los artículo 28.2 y 37.2 de la Constitución. Casualmente, serán los mismos que han “elegido” los diferentes gobiernos que han generado la gestión deficitaria cuyas consecuencias ahora empezamos a pagar y que han decidido que la justicia en España no funcione. Probablemente, muchos de ellos también estarán quejándose en estos momentos de lo “insolidarios” y canallas que son los trabajadores del metro.

Motivos para alegrarse

La parte positiva de todo esto es que abre posibilidades para todos. Por lo pronto, Metro de Madrid y la CAM consiguen ahorrar ese dinero que tanto necesitan, ya que el cierre diario supone un ahorro teórico del 0,27% diario (1/365) de los costes totales (luz, sueldos, limpieza, seguridad). En 18 días de huelga total alcanzarán el 5%. Además, la huelga permitirá ocultar la provocada insostenibilidad de la gestión económica del Metro, que servirá de escusa para la eventual privatización del servicio, y/o futuras subidas del precio del billete. Por su parte, los trabajadores probablemente no sufrirán represalias graves y/o lograrán defender sus derechos laborales.

El resto de los mortales, aunque hayamos tenido que madrugar, gastar algunos eurillos extra en transporte, y llegado un poco más tarde a su puesto de trabajo, recibimos a cambio la oportunidad de aprender valiosas lecciones como, por ejemplo:

1. Que no hay que dar nada por seguro. El futuro es imprevisible, y lo que hoy funciona mañana no puede existir, por lo que hay que tener un plan alternativo para tal eventualidad. Esta vez ha sido el metro, pero ¿y si lo que faltara fuera el agua, la electricidad o los alimentos? ¿Estamos “listos para el mañana”?… Quizás deberíamos preparar algo.
2. Que la política nos afecta, queramos o no, porque todas las decisiones políticas tienen consecuencias globales a largo plazo (Falta de tutela del Derecho a huelga + Gestión deficitaria » Cierre del metro). No es suficiente con no votar a los políticos negligentes, hay que combatirlos activamente, porque todos los días siembran problemas que acabarán por golpearnos. “El futuro se decide hoy”.
3. Que la Constitución no está para cumplirse, que la legislación que la desarrolla es manifiestamente mejorable, y los tribunales no garantizan una tutela judicial eficiente. Con un poco de suerte, alguien arreglará esto tarde o temprano. Es responsabilidad de los propios ciudadanos el defender a la Democracia y el Estado de derecho de sus enemigos. No hacerlo nos convertirá, irremediablemente, en víctimas de la tiranía del poder.
4. Que tenemos el derecho a no pagar las consecuencias de los errores de otros, especialmente cuando el plan consiste en seguir cometiéndolos a nuestra costa. Deberíamos aprender del ejemplo de quienes no aceptan ser pisoteados con motivo de la crisis, o cualquier otra excusa, como el terrorismo. Claro, que para no dejarse pisotear primero hay que estar en condiciones de no permitirlo, lo que me lleva a la pregunta de hasta qué punto somos libres.
5. Que la palabra del gobierno autonómico no vale nada. Un día firman una cosa y al siguiente hacen todo lo contrario. Aplicable a todos los niveles (por ejemplo, con la retroactividad de las primas a la producción de renovables).

A más de un trabajador leer esto después de tardar 2 horas en volver a casa desde el trabajo, en un autobús donde escaseaba el oxígeno, era lo que le faltaba. Pero creo que sería injusto culpar del cierre a los empleados de Metro, que sólo exigen el cumplimiento del convenio anteriormente pactado con el Gobierno autonómico, y de la Constitución. Ni han creado el déficit que ahora se pretende tapar con sus sueldos (entre otros), ni son los únicos que han votado a un gobierno incapaz de regular eficazmente el derecho a huelga y garantizar la viabilidad económica del metro, de la Comunidad de Madrid, y hasta de la Nación.

¡No matemos al mensajero que trae la respuesta a años votando al PPSOE!.
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[1] ↑ Pérdidas de 3,2 millones de euros diarios, según la empresa
[2] ↑ Sentencias favorables a los trabajadores de Metro de Madrid sobre servicios mínimos injustificados:

• Tribunal Constitucional: Sentencia 53/1986, de 5 mayo.
• Tribunal Supremo: Sentencias de 11 abril 2003, 31 enero 2005; 5 junio 1998 (huelga de 1994); 4 mayo 1998 (huelga de junio 1994); 2 sentencias de 17 abril 1996 (sobre las huelgas de enero y diciembre de 1994).
• Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Sentencia 147/2010 de 21 enero, y 1436/2009 de 8 octubre.

• Incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías;
• Profesionalización de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia;
• Revisión de la organización del poder judicial y adecuación de las plantillas de cada órgano a la carga de trabajo real;
• Un sistema de sustituciones mediante jueces titulares para que la ausencia del juez no paralice la administración de justicia;
• Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia retributiva;
• Regulación de una carga máxima de trabajo y otras medidas para una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar

En definitiva, una serie de medidas imprescindibles para tratar de acabar con la parálisis del poder judicial, uno de los más graves problemas de España desde tiempos pretéritos.

El año pasado se destapó, a raíz del caso Mariluz, que existían 270.000 sentencias penales sin ejecutar (y II), y más de un millón de otros tipos. El problema ya existía con Aznar, con González y en los tiempo de Franco; y que parece que no tiene visos de solucionarse, ya que hace unos días se anunció que los asuntos judiciales en trámite habían aumentado hasta los 2,7 millones.

Afortunadamente los jueces han acabado por darse cuenta de que, aunque no sean los responsables del mal funcionamiento de la administración de justicia, sí que son los más perjudicados por el mismo. No sólo por tener que trabajar a diario en condiciones inaceptables en cuanto a medios y carga de trabajo, sino también por tener que soportar el descontento ciudadano y el desprestigio asociado a la ineficacia de su trabajo, del que ellos son las primeras víctimas.

Especialmente significativa me parece la estrategia de reivindicación elegida para tratar de afrontar este gravísimo (y endémico) problema de estado. ¿Alguien imagina al parlamento convocando una huelga porque carece de los medios materiales y procedimentales para desarrollar sus sesiones? ¿o que el los funcionarios del BOE hicieran huelga para reclamar los medios necesarios para publicar y distribuir su publicación? ¡Claro que no!, cualquier problema en un poder del estado se resuelve sin necesidad de acciones reivindicativas porque para eso disponen del dinero de los contribuyentes y de libertad en la gestión… se promulgan leyes, reglamentos y se asignan dotaciones presupuestarias sin perder un segundo.

Entonces, ¿por qué los jueces optan por convocan una huelga en vez de por reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha una modernización a fondo de la justicia en España? Imagino que ya lo habrán intentado durante los últimos años, sin mucho éxito, y, tras darse cuenta de que carecen de la capacidad necesaria para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, han optado por la huelga para pedir la ayuda a la sociedad civil, porque ellos están con las manos atadas.

Tanto la dotación presupuestaria que recibe el poder judicial, como la composición del órgano de dirección de los jueces (CGPJ) y la elaboración de las leyes y reglamentos que establecen los trámites para la administración de justicia son decisiones adoptadas por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo). Por tanto, el mal funcionamiento de la justicia es una decisión política y, además, responde a una política institucionalizada de la que han sido partícipes todos los gobiernos desde la Transición, todavía inacabada. La convocatoria de esta huelga certifica el fracaso del modelo de Poder Judicial establecido en la Constitución.

La reacción ante esta medida desesperada de protesta no se ha echo esperar: desde el mismo momento su anuncio, el oligopolio informativo han empezado a difundir por los principales medios acusaciones de corporativismo, de atacar al gobierno e, incluso, de planear un golpe de estado, con el doble objetivo de crear una mala imagen de los rebeldes y pasar de puntillas sobre el verdadero problema:

• Si la condena al juez Tirado ha sido la gota que colma el vaso, bien podría haberse producido mucho antes
• Como ya se explicado antes, las reivindicaciones no incluyen aumentos salariales que vayan más allá de lo ya pactado
• Que este Gobierno sea el que más medios ha dado a Justicia no quita que estos sigan siendo insuficientes
• Sobre el derecho o no de los jueces a la huelga, me parece un debate irrelevante mientras se garantice el funcionamiento de la administración de justicia a través de servicios mínimos. Por lo demás, para un ciudadano corriente, un día más de retraso no supone una gran diferencia.

Como es habitual, hay más interés en crear opinión que en abordar el problema desde todos los puntos de vista. Mucho se habla de los jueces sin abordar la verdadera cuestión de fondo: ¿A quién beneficia que la justicia en España funcione tarde, mal y a rastras? y ¿Por qué no se hace nada por resolverlo? Desde luego que los ciudadanos y los jueces nos alegraríamos mucho de que funcionara tan bien como la Agencia Tributaria, totalmente integrada en la era digital y que nos ofrece todo tipo de facilidades para pagar nuestros impuestos rápidamente.

Parece como si no interesara hablar de las consecuencias sociales que tiene el el mal funcionamiento de la justicia, que pone en peligro no sólo la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia, sino también el estado de derecho y la paz social por la percepción generalizada de impunidad, que fomenta conductas socialmente irresponsables y/o criminales. La justicia NO PUEDE SER UNA ASIGNATURA PENDIENTE para cualquier estado que aspire a ser democrático… no puede haber retrasos de años y cientos de sentencias sin ejecutar.

Pero en vez de hablar de esto las lineas editoriales prefieren hablar de la “traición de los jueces huelguistas”, sin pararse a pensar si son más traidores los jueces que organizan una huelga para mejorar la justicia o los gobiernos que, interesadamente en mi opinión, ha abandonado a su suerte a uno de los poderes del Estado para poder actuar con mayor libertad. Al fin y al cabo, si los jueces están atados de pies y manos, y los ciudadanos no podemos pedir explicaciones ni echar a los políticos que supuestamente elegimos ¿quien controla al poder ejecutivo y legislativo?

Me parece que el problema merece un plan de choque a la altura de las medidas anticrisis aplicadas a los bancos, incluyendo, además del presupuesto para mejorar los medios disponibles, reformas en la constitución que garanticen la total independencia del poder Judicial del resto de los poderes del Estado, de modo que responda, únicamente, ante sí mismo y ante los ciudadanos. Sólo de este modo se puede garantizar el Estado de Derecho y una verdadera democracia.

Hasta que esto pase, seguiremos siendo el país en el que se entrona a quien se salta las leyes y se ridiculiza a las víctimas; el país donde los partidos políticos se reparten a los jueces, el Gobierno promueve leyes a medida para que no se pueda juzgar a sus aliados, la corrupción campa por a anchas y donde la gente sigue votando a aquellos que crean y perpetúan los problemas que sufrimos.

Me pregunto como sería este país si la gente tuviera el valor de usar su voto para cambiar las cosas y resucitar, a golpe de urna, al poder judicial. Si lográsemos que en el plazo de 3 meses se tuviera sentencia judicial firme sobre cualquier asunto nos cambiaría el caracter, y dejaríamos de admirar a otros países para empezar a ser admirados.

Efectivamente, los ciudadanos tenían demasiada prisa en recuperar derechos fundamentales que no tenían reconocidos y afianzar los avances producidos desde la muerte del dictador; así que poco importó que la Constitución presentase serias deficiencias democráticas: simplemente no sabíamos qué características debería tener un Estado democrático y las prioridades eran otras, así que los españoles aceptaron aquel conjunto de propuestas a las que hoy llamamos Constitución.

Sin embargo, en el mismo paquete en el que se nos devolvían derechos y libertades, también iban incluidas otras muchas cosas. Entre ellas, una separación quirúrgica entre los poderes del estado y los depositarios de la soberanía nacional, así como una insuficiente separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Características que convierten a España en una partitocracia, en donde las cúpulas de los partidos asumen la soberanía efectiva de la nación. Había que elegir, todo o nada, sin tiempo para pensar una solución mejor.

La Constitución española no es democrática

Según la Constitución Española, y el ordenamiento jurídico que la desarrolla:

• No elegimos al jefe de Estado: es un cargo no electo, vitalicio y hereditario; y no sometido a las leyes, a diferencia del resto de los ciudadanos.
• No elegimos al jefe de Gobierno: es un cargo elegido por los diputados en la sesión de investidura, y sometido a su control parlamentario (al menos, al de los grupos de la oposición, que son minoría).
• No elegimos a los diputados que nos representan, ya que las listas electorales son cerradas, y las elaboran las cúpulas de los partidos según criterios que desconocemos.
• Nuestros representantes están sometidos a la disciplina de voto, es decir, que deben lealtad a (los dirigentes de) sus partidos, no a sus electores, so pena de ser sancionados.
• No elegimos a los responsables de la administración de justicia, ni de otros órganos con labores ejecutivas, como el banco de España o la policía. Además, todos estos organismos dependen económicamente de la partida presupuestaria que les asigne el gobierno en los presupuestos del Estado, lo cual limita los recursos de los que disponen para desempeñar sus funciones.
• No disponemos de mecanismos efectivos para el ejercicio directo de nuestras soberanía sin la intermediación de los poderes del Estado. No podemos ejercer ningún control efectivo sobre la labor de los poderes del Estado, someter propuestas a referéndum ni modificar leyes sin el visto bueno del Parlamento.
• No se nos consultan decisiones relevantes, como la adopción del Euro o el nuevo modelo de Unión Europea dibujado en el Tratado de Lisboa, Constitución de una Europa sin democracia.
• No podemos modificar estas reglas: sólo los partidos políticos que sumen una mayoría parlamentaria suficiente puede modificar la Constitución y las leyes orgánicas.

¿Es esto lo que entendemos por Democracia? Sinceramente, espero que no, porque en este modelo los ciudadanos ("demos" ) no tenemos poder alguno ("cratos" ). Sin embargo, aunque nuestra Constitución diste de ser perfecta, es innegable que ha cumplido con su objetivo: darnos tiempo para formarnos como ciudadanos y aprender la Democracia… que nadie confunda crítica con desprecio.

Gracias a ella, nos encontramos más cualificados que en 1978 para evaluarla con criterio, disponemos del tiempo suficiente para plantear mejoras y, sobre todo, lo hacemos sin miedo a que esto produzca un golpe de estado y una nueva guerra civil… ¡motivos más que suficientes para festejar sus 30 años de vigencia!.

No obstante, después de treinta años de experiencia con la Constitución, creo que no conviene seguir posponiendo el debate sobre la calidad de esta "democracia", así como sobre las alternativas para mejorarla y ampliarla. Ya hemos alabado suficiente las virtudes de nuestra Constitución, y ocultado demasiado sus defectos, que son muchos y graves.

Lo que en su día supuso un avance, hoy vemos que también ha sido origen de muchos de los problemas que sufrimos los ciudadanos: la falta de representatividad del sistema electoral, la corrupción, el transfugismo, la parálisis del poder judicial, la desprotección de nuestros supuestos derechos de acceso a la vivienda o a trabajar, la falta de transparencia de las administraciones… nuestros problemas serían distintos, u otros quizás, si se hubiera escrito la Constitución de otra manera.

Segunda Transición hacia una verdadera Democracia

Quizás hace 30 años no fuera el momento de innovar políticamente. Dimos un único paso en la dirección correcta… y nos detuvimos. Sin duda la Constitución supuso un cambio radical para quienes pudieron votarla (mayores de 48), pero responde cada vez menos a las necesidades de los nuevos españoles crecidos en libertad (menores de 35). Hasta el propio Zapatero admite que "sería conveniente reformarla" y que "algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación", aunque él no se atreva a hacerlo.

En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que acertamos a la primera, o que esta Constitución se hizo para durar más que sus antecesoras (el récord lo tiene la de 1876 con 55 años); especialmente si consideramos que su redacción estuvo condicionada por el miedo a una regresión totalitaria y que la transición fue controlada por el franquismo. Ambos aspectos acotaron hasta dónde se podía avanzar.

Hoy somos conscientes de que la soberanía es un bien muy preciado para regalarla en unas elecciones; y que hay que controlar activamente la labor de quienes la gestionan si queremos que la utilicen en beneficio de nuestros intereses comunes. Ya nos vamos aburriendo de indignarnos con jueces y políticos; de protestar públicamente contra sus decisiones; de organizar manifestaciones contra las injusticias que sufrimos; de recoger firmas que no sirven para nada… en definitiva, de mendigar aquello que nos pertenece por derecho: la soberanía de este país.

Empezamos a comprender que la política no nos es indiferente; y de que, guste o no, tendremos que incluir entre nuestras responsabilidades hacernos cargo de lo que compartimos con el resto de la sociedad, si es que queremos que seguir teniendo algo compartido. Tarde o temprano dejaremos de identificarnos irracionalmente con partidos que en realidad no defienden nuestros intereses, y de empezar a exigir resultados a quienes confiamos el voto. Sustituiremos las consignas partidistas, los estereotipos y los tópicos por un estudio de las propuestas políticas que impulsan nuestros representantes, que a veces no nos lo que nos tratan de vender.

Va siendo hora de empezar a llamar las cosas por su nombre. De asumir que la Constitución ya está amortizada y de buscar formas de seguir avanzando. Evidentemente, esto pasa por convencer a los partidos mayoritarios (únicos que pueden modificarla), para que la modifiquen, renunciando con ello al control del país; o por empezar a votar a otros partidos que se propongan desarrollar una Constitución verdaderamente democrática, al menos hasta que consigan la mayoría necesaria para ello. No podemos seguir posponiendo nuestra cita con la historia, por la cuenta que nos trae.

Querida Constitución, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre tendrás un hueco en nuestros corazones, pero no podemos detenernos aquí para no herir tus sentimientos. La Democracia todavía está más allá del horizonte, y no podemos quedarnos contigo más tiempo. Gracias, una vez más, por resguardarnos mientras recuperábamos las fuerzas para seguir luchando por alcanzar nuestros sueños.

Parece que a nadie le importe que la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de Gobierno quedara reducida a su mínima expresión en el texto constitucional. Quizá fuera una medida necesaria para proteger la estabilidad de la nueva “democracia” que se estaba desarrollando en España. Sin embargo, hoy en día, dicha medida supone una excesiva dependencia de la ciudadanía respecto a nuestros “representantes” políticos, y convierte a nuestro actual sistema en una democracia de segunda fila.

Los partidos políticos que han gobernado desde la ratificación de la Constitución nada han hecho por desarrollar nuevas formas de participación directa. A sabiendas de que el sistema electoral les favorece y que nada pueden hacer los ciudadanos para controlarlos hasta las siguientes elecciones, la clase política se ha dedicado a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, limitando el desarrollo del país a los periodos (pre)electorales: verdaderos “sprits” dónde los políticos nos bombardean con proyectos que no han considerado oportuno proponer/realizar durante los 4 años anteriores. ¡Que bien nos iría si hubiera elecciones todos los años!.

Los ciudadanos: fuente de la soberanía y de los poderes del estado

Además de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos tenemos el deber de controlar que sus decisiones sirven a nuestros intereses colectivos, una labor que no estamos realizando por diversos motivos. El más importante, a mi juicio, es la falta de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para desempeñar dicho control, aunque no menos importante es la falta de información y de formación necesaria para realizarlo de forma efectiva. Estrategias todas ellas con un único objetivo, neutralizar el control ciudadano, ya que no hay mayor pesadilla para un “político” que una ciudadanía informada y capaz de pensamiento crítico.

No ha sido hasta hace bien poco que el Gobierno ha decidido implementar la recomendación del Consejo de Europa de introducir en el currículo de la enseñanza obligatoria una formación específica que aborde los principios teóricos y prácticos de la Democracia. Una asignatura dirigida a fomentar el pensamiento crítico, a desarrollar las habilidades para defender el punto de vista propio en un debate, a enseñar a valorar las aportaciones de quienes discrepan, y a conocer tanto la organización política del Estado como los derechos que tenemos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, primer paso para defenderlos.

Educación para la Ciudadanía es una asignatura cuyo objetivo es proporcionar a los futuros ciudadanos conocimientos y capacidades suficientes para poder gobernarse por sí mismos, y constituye un importante pilar para una sociedad libre. Por eso, resulta sorprendente que políticos en activo se opongan abiertamente a la implantación generalizada de una formación que tan bien les hubiera venido (a algunos) para desempeñar sus cargos de administradores de la soberanía popular. Sin embargo, esta formación por sí sola no es suficiente si no se disponen de mecanismos adecuados para canalizar la voluntad popular.

La Iniciativa Popular limitada a proposiciones de ley

El más importante mecanismo de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno es la Iniciativa Popular, mediante la cual un número suficiente de electores pueden exigir la consideración política de un determinado asunto público. En España, la única modalidad contemplada de Iniciatica Popular es aquella que permite realizar proposiciones de ley sobre asuntos no relacionados con leyes orgánicas (como, por ejemplo, las leyes que regulan el régimen electoral, la propia iniciativa popular (:O), el referéndum, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el código penal, la educación o la libertadad sindical, por citar algunas de las muchas que hay). Tampoco se puede utilizar para decidir sobre asuntos tributarios o de carácter internacional (Art. 87).

Es triste que no se permita el uso de tan importante mecanismo de participación ciudadana para modificar el ordenamiento político del Estado, ni para exigir la convocatoria de un referéndum sobre decisiones que la ciudadanía considere importantes y que no pueden esperar a los siguientes resultados electorales (como, por ejemplo, una intervención armada).

Además, dado que sólo se insta la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, no existe ninguna obligación por parte de las Cortes de debatir seriamente la propuesta o realizar una contrapropuesta. Así se explica que ninguna de las 55 propuestas de Iniciativa Legislativa Popular presentadas hasta la fecha hayan superado su tramitación parlamentaria (en el buscador del Congreso, seleccionar todas las legislaturas e “Iniciativa Legislativa Popular” en tipo de iniciativa).

La figura del Referéndum no vinculante

El otro gran mecanismo de participación directa de que disponen los ciudadanos es el referéndum, expresión máxima de la voluntad popular. Dicho mecanismo está regulado por el artículo 92 de la Constitución, que en su apartado primero sintetiza muy bien el espíritu paternalista de Carta Magna:“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Por un lado, no se establece la obligatoriedad de someter a referéndum las decisiones de especial importancia política. Por otro, se determina que, de hacerse, el referéndum será consultivo o, lo que es lo mismo, no vinculante.

En el caso de que la palabra referéndum necesitase un adjetivo, el adecuado sería VINCULANTE, adjetivo que no aparece ni en la Constitución ni el la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum. Me pregunto qué sentido tiene solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre un asunto de Estado si no es para acatar la decisión que adopten.

Semejante medida solo se puede justificar desde el convencimiento de que los ciudadanos españoles no sabemos lo que nos conviene, a pesar de que hemos votado afirmativamente a todas las propuestas realizadas en referendo hasta la fecha, haciendo caso a lo que nos dicen los políticos.

Como colofón, el apartado tercero de dicho artículo establece que los referéndum sólo pueden ser convocados por el Presidente de Gobierno, y en ningún caso mediante Iniciativa Popular, por lo que en la práctica es un instrumento que carece de contenido. ¿Quién mejor que los propios ciudadanos, de quienes emanan los poderes del Estado, para convocar un Referendum?.

En inexistente derecho a la revocación de cargos públicos

Aunque parezca una obviedad decirlo, los cargos públicos trabajan para el conjunto de los ciudadanos, no para ellos mismos, ni para empresas privadas ni para particulares influyentes. Afirmo esto porque, a veces, parece que se olvidan de para quién deberían trabajar (Canon, Ley del Libro, Ley del Cine). Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para vetar su labor, al menos en España.

En este sentido, algunos Estados de EE.UU, Canadá y Venezuela han incorporado a los procesos de participación ciudadana la revocación de cargos, que permite a los ciudadanos desposeer de su cargo a cualquier funcionario o representante público. Este derecho, no contemplado en nuestra Constitución, sirve para apartar de la función pública a cualquier persona presuntamente corrupta y/o incompetente, y evita el fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone el transfuguismo, actualmente amparado en el artículo 67.2 de la Constitución.

De existir este derecho, nuestros representantes y los integrantes de la maquinaria del Estado tendrían mucho cuidado con lo que dicen y hacen, estarían más sensibilizados con las inquietudes de sus conciudadanos y nos ahorrarían bochornosos espectáculos como este. A diferencia de la vía penal, no es necesario esperar a juicio ni sentencia firme, y se podrían castigar actuaciones cuestionables que no constituyen un delito, pero que los ciudadanos consideren inaceptables. Es un procedimiento rápido y democrático que mejoraría drásticamente la calidad de nuestros políticos.

Hasta el día en que esto sea posible, deberemos conformarnos con cambiar el sentido del voto en las siguientes elecciones, pero eso no garantiza que la persona en cuestión sea desposeída de su escaño, porque son los partidos políticos los que establecen el orden de sus listas, y dicha medida no afecta a los cargos que son nombrados por nuestros representantes o se obtienen por oposición. No hay manera de deshacerse de un mal Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, o Presidente del Gobierno sin desacreditar al partido que lo nombró (con el que se puede seguir estando de acuerdo a pesar de su equivocada decisión).

Segunda Transición hacia la Democracia

En mi opinión, los padres de la Constitución dejaron en el tintero buena parte del concepto de Democracia. Por tanto, queda pendiente una reforma que desarrolle plenamente los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hasta equipararlos con los mecanismos de representación de que disponemos en España, y con los derechos existentes en los países de nuestro entorno.

Existe en marcha una campaña de recogida de firmas para una “Propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática“. La aprobación de las medidas que recoge la propuesta, que como hemos visto no puede plantearse como Iniciativa Legislativa Popular, abriría las puertas a la Democracia (con mayúsculas) en España y cambiaría nuestra realidad actual casi tanto como lo hizo la Constitución en su día.

Aunque recomiendo encarecidamente la lectura del (breve y claro) texto original, las ideas que plantea se pueden resumir en otorgar más importancia a la iniciativa popular, en cuanto expresión directa de la voluntad popular, permitiendo su uso para:

• Crear o modificar leyes de cualquier rango, incluidas leyes orgánicas y la reforma constitucional (expresamente prohibido por el Art. 166). También derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento.
• Ratificar o derogar tratados internacionales, aunque el Gobierno se oponga a hacerlo.
• Elegir y Revocar cargos públicos.

La reforma también recoge la obligatoriedad de someter a referéndum las propuestas elevadas al Congreso por Iniciativa Popular, pudiendo optar los ciudadanos entre apoyar la formulación original del proyecto, la modificada tras la tramitación parlamentaria (de haberla), o ninguna de las dos. De esta forma se evitaría que, como hasta ahora, se ignorasen las propuestas legítimas del pueblo soberano.

Por último, redefine la figura del referéndum como una consulta vinculante en cuanto expresión directa de la voluntad popular, y se permite su convocatoria en el ámbito local y autonómico a instancia de sus Gobiernos y/o ciudadanos, siempre que el tema consultado entre dentro de las competencias que son propias a dichas instituciones.

Estas propuestas no son sino la concreción práctica de los principios de la Democracia Directa, una forma de organización política más democrática que la actual y que, de implantarse, probablemente enriquecería el debate político, aumentaría la cohesión social, produciría consensos más sólidos y duraderos sobre las normas por las que nos regimos. También mejoraría la gestión del Estado y sus recursos, ya que obliga a los poderes del Estado a justificar más y mejor sus actuaciones, y deja siempre la última palabra en manos de los ciudadanos.

La oportunidad de una vida: Reforma constitucional de 2008

Para poder disfrutar de una Democracia mejor es imprescindible reflejar medidas como estas en la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar una reforma parcial de la Constitución a principios de 2008, coincidiendo con el final de la legislatura. En principio dicha reforma se limitará a la equiparación entre hombre y mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado y a la reforma del Senado, dejando de lado iniciativas para dotarnos de una Constitución que impulse el desarrollo social y económico del país, como las aquí expuestas.

Algunos partidos políticos minoritarios se proponen aprovechar la ocasión para incluir en la reforma medidas como las mencionadas, la reforma del sistema electoral o una mayor separación de poderes, entre otras. Si quieres disfrutar de un país más Democrático tendrás que confiar en ellos, porque ni PP ni PSOE abanderarán jamás cambios de este tipo.

Esta reforma Constitucional es todavía más urgente dado que 1) Se elaboró bajo la supervisión de una dictadura militar y 2) No la han votado más del 67% de los españoles (todos los menores de 47 años, y aumentando cada año). La decisión está en tus manos: Segunda Transición o más de lo mismo. Nos vemos en las urnas.

Aunque en su momento pudo parecer la opción más segura para proteger la estabilidad política durante la Transición, al observar la distribución de los escaños en las últimas elecciones (2004) me pregunto si es democrático que la tercera fuerza más votada sea la sexta en número de representantes.

El tamaño de la circunscripción es lo que importa

Los artículos 68 y 69 de la Constitución Española de 1978 establecen que la circunscripción electoral para elegir a los representantes en el Congreso y en el Senado es la provincia. Esta forma de asignar a los parlamentarios españoles, sobre la base de mayorías provinciales, reduce considerablemente el nivel de representación de las minorías cuyos votantes no se encuentran concentrados geográficamente (el caso de Izquierda Unida).

El problema radica en que las provincias son circunscripciones demasiado pequeñas como para garantizar una adecuada proporcionalidad entre los votos recibidos y los representantes asignados a cada opción. Es inevitable que cuanto menos representantes corresponda elegir en una circunscripción, menos proporcional sea el reparto de los mismos. El caso extremo es la circunscripción que elige a un único representante (Ceuta y Melilla), en donde la lista más votada se lleva el 100% de los representantes, independientemente del número de votos.

En España, debido a la gran concentración de población en determinadas provincias, el 50% de los representantes al Congreso son elegidos en circunscripciones donde se eligen 7 candidatos o menos, siendo las más frecuentes las de 3, 4 y 5 representantes (9 provincias de cada uno de los tres tamaños, que suman el 31% del total). Con estas dimensiones, lo habitual es que sean 2 o 3 las fuerzas políticas que obtengan parlamentarios en cada circunscripción, descartándose el resto de votos sin representante.

De esta manera, es muy difícil que un partido minoritario se haga un hueco en los órganos de Gobierno. En nuestro actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden acceder a la representación parlamentaria son aquellos con un respaldo mayoritario en el conjunto de la nación o aquellos que, siendo minoritarios, tienen a su electorado concentrado en provincias clave.

En el caso de que la circunscripción electoral fuera única (el conjunto del Estado), bastarían 70.000 votos entre 26 millones (equivalentes al 78% de participación) para conseguir un representante en el Congreso. Sin embargo, al asignarse los representantes por provincias, hoy en día 70.000 votos desperdigados no valen nada.

La explosión del regionalismo

La consecuencia más directa del actual sistema de asignación provincial de representantes es el creciente protagonismo del regionalismo e independentismo, que para algunos supone una amenaza a la unidad de España. Una vez que queda claro que la forma más fácil de hacerse oír siendo pequeño es agrupando electores en una provincia, la estrategia más directa de conseguirlo es mediante programas regionalistas, cuya prioridad no sea el conjunto del país sino la región.

A modo de ejemplo, de los 93 partidos que concurrieron a las elecciones al Congreso de 2004, el 52,5% mencionaban en su denominación alguna región de España y/o los términos nacionalista/independentista/regionalista. ¡Más de la mitad! Esto no significa que los partidos regionalistas con representación parlamentaria tengan más importancia de la que les corresponde, como queda demostrado más adelante en la tabla que compara diferentes sistemas electorales, pero si que es preocupante que tanto énfasis en lo local haya dejado al país huérfano de formaciones políticas capaces de plantear una alternativa viable a los gobiernos de PP y PSOE. La cuarta fuerza política no regionalista del país, Ciudadanos en Blanco, consiguió poco más de 40.000 votos para su proyecto de hacer el voto en blanco computable, y no se presentaba con un programa de gobierno completo.

La ley electoral y la asignación de escaños

Al problema del tamaño de la circunscripción, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, añade dos nuevas trabas en su artículo 163: 1) No se computarán los votos de las candidaturas con menos del 3% de votos en la circunscripción, y 2) Los representantes se asignarán a las listas restantes en función del Sistema D’Hondt.

La barrera del 3%, ideada para excluir a los partidos minoritarios, resulta del todo antidemocrática cuando existen muchos órganos de gobierno en los que un 3% representa un escaño (en cualquier órgano con más de 34 representantes, el 3% representa, al menos, un escaño). En el congreso, el 3% representa 10,5 escaños y un escaño representa el 0,29% de los votos. De haber un umbral para participar en el recuento de escaños, debería situarse en el número de votos necesarios para conseguir un representante, aunque en mi opinión no debería excluirse “a priori” ninguna opción política por no reunir un determinado número de votos. El sistema de asignación de representantes debería ser el que se encargara de asignar a cada opción la representación que más se ajuste al número de votos recibidos.

En cuanto al sistema de recuento, si bien es cierto que el actual sistema (D’Hondt), basado en la metodología de la cifra repartidora, favorece excesivamente a los partidos mayoritarios, el sesgo que introduce es considerablemente menor que el atribuible al tamaño de las circunscripciones en España.

Existen varios sistemas de asignación proporcional de representantes que ofrecen una mejor representatividad entre votos recibidos y candidatos elegidos, basados mayoritariamente en la metodología del resto mayor. De entre ellos, el Cociente Droop es el que ofrece mayores ventajas. Aunque no tan popular como D’Hondt, el Cociente Droop se utiliza hoy en día en la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Autralia y Malta, entre otros países.

Para estudiar las cualidades de ambos sistemas, he calculado cuáles habrían sido los resultados electorales de las pasadas elecciones de 2004 al Congreso si hubiera habido una única circunscripción nacional y se hubieran asignado los escaños mediante el sistema D’Hondt (en violeta) y el Cociente Droop(en verde). La siguiente tabla recoge los resultados de ese escenario en comparación con nuestro actual sistema electoral, basado en el método D’Hondt y circunscripciones provinciales (en amarillo).

Comparando las tres columnas correspondientes al diferencial entre el número de votos y número de escaños asignados, la ampliación de la circunscripción a nivel nacional aumenta notablemente la representatividad del resultado y, de las dos metodologías analizadas, el Cociente Droop, pese a seguir favoreciendo a los partidos mayoritarios, es más proporcional en el reparto de escaños.

En todos los sistemas, el partido más beneficiado hubiera sido el PP, pero mientras que con el sistema actual disfruta de una sobrerepresentación del 4,58%, con una única circunscripción se habría reducido sensiblemente el problema (al 2%) y combinando circunscripción única con Cociente Droop esta sobrerepresentación se habría reducido a niveles aceptables (0,86% de escaños más de los que le corresponderían). Las mismas conclusiones se pueden sacar comparando los totales correspondientes a sumar los valores absolutos de las desviaciones entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños para las tres alternativas. La no proporcionalidad del sistema español (15,4%) está muy por encima de lo que se podría esperar (3,42%).

Al elegirse un mayor numero de representantes, la circunscripción única nacional otorga a los partidos minoritarios perjudicados por el actual sistema electoral (IU y PA) una representación acorde con la proporción de votos recibidos, siendo está más precisa en el caso de Cociente Droop, gracias al cual 7 partidos políticos que actualmente no cuenta con representación política conseguirían un diputado.

Aunque habrá gente que argumentarán que este sistema dificulta la gobernabilidad por la cantidad de escaños “sueltos” que otorga, en mi opinión estas nuevas formaciones políticas, dispuestas a comerle el terreno a quien se duerma en los laureles, son necesarias para el reciclaje en la alternancia en el poder, para un debate político más plural y para mantener la tensión en la clase política.

Soluciones para mejorar la representatividad de los órganos de Gobierno

Antes de exponer las medidas para solventar el importante déficit democrático que supone nuestro sistema electoral, quisiera llamar la atención sobre otro importante déficit que padecemos. Las elecciones, ya sean legislativas, autonómicas y municipales, son las únicas vías de participación efectiva que tienen los ciudadanos en cuestiones de gobierno.

La Jefatura de Estado es hereditaria, los poderes Ejecutivo y Judicial son nombrados por el poder Legislativo y, como he descrito, la elección del poder Legislativo está sesgada en favor de los grupos mayoritarios. En este país, la iniciativa legislativa popular no puede utilizarse para modificar la Constitución ni las leyes orgánicas (como la electoral), y aunque se pudiera utilizar no sería vinculante, por lo que no hay obligación de aprobarla, discutirla o someterla a referéndum (que por cierto, tampoco sería vinculante, así que da igual el resultado). En definitiva, los ciudadanos estamos completamente a merced de los partidos políticos, como detallo en “El secuestro político de la Soberanía Popular”.

La mejor, quizás única, oportunidad de que dispondremos será cuando se disuelvan las Cortes en 2008 según lo previsto en el procedimiento para la Reforma de la Constitución. Si de esas elecciones saliera una coalición de partidos regionalistas y nacionales minoritarios suficiente para arrebatar la mayoría a PP y PSOE, sería posible introducir “novedades” no previstas originalmente en el proyecto de reforma, como las mencionadas aquí.

Concretamente, es necesario modificar cuanto antes la Constitución para que los representantes de la soberanía popular sean elegidos por circunscripciones correspondientes a su ámbito de competencia, de modo que representen con fidelidad el apoyo que cada opción política tiene en conjunto sin importar dónde se vote. De este modo, los Diputados deberían elegirse por circunscripción nacional en cuanto representantes del conjunto de los españoles (Art. 68); y los Senadores deberían elegirse por circunscripción autonómica en cuanto representantes de los territorios que componen España (Art. 69). Está última medida, la del Senado, se baraja entre las posibles novedades para introducir en la futura reforma (parcial) de la Constitución anunciada por Zapatero.

Además sería necesario modificar el artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para eliminar (o reducir al mínimo) el límite del 3% de los votos que necesita cualquier candidatura para ser contabilizada, ya que de aplicarse la ampliación de las circunscripciones sin esta modificación, el Congreso se quedaría con sólo 4 grupos parlamentarios. También sería recomendable, ya puestos a mejorar el sistema, modificar el sistema de asignación de escaños descrito en el mencionado artículo por otro de mayor proporcionalidad, como el mencionado Cociente Droop.

No me cabe duda de que si se aprobaran estas tres sencillas modificaciones, dejaríamos de escuchar tonterías en las noticias y la productividad de nuestros políticos se dispararía. Pero claro, eso será por encima de sus cadáveres, ya que ¿quién estaría dispuesto a sacrificar la gallina de los huevos de oro?.

Deberemos ser los ciudadanos quienes apartemos a las formaciones políticas dominantes del poder si queremos renovar la Democracia en España. En tus manos está elegir entre mantener a este país en el “Pan y Circo” o iniciar la Segunda Transición, hacia una verdadera Democracia. Tienes una cita con las urnas, y con la Historia. No nos falles.

Conforme aumenta la complejidad de la cosa a gestionar, aumentan las posibilidades de que aparezca la figura del representante: un intermediario elegido periódicamente para administrar la soberanía popular. A falta de aplicar soluciones técnicas mejores, se recurre a la Democracia Representativa o Parlamentaria.

El problema de estos representantes es que, para ser elegidos, necesitan ser conocidos (ellos y sus propuestas). Y para darse a conocer necesitan recursos y el respaldo que sólo pueden proporcionarles las grandes franquicias presentes en el mercado político. Las únicas organizaciones con recursos suficientes para hacer publicidad y cuyos miembros son los únicos que reciben cobertura mediática

Estas organizaciones, que canalizan la soberanía popular, se sustentan gracias a la financiación que obtienen de los recursos públicos gestionados por sus integrantes, y a las aportaciones de organizaciones privadas: Por lo general, empresas “desinteresadas”, militantes y afines

La financiación de los partidos políticos

Sin capacidad económica propia, las franquicias políticas dependen de su capacidad de gestionar el poder para convertirlo en recursos, ya sea en forma subvenciones por votos/representantes o de donaciones privadas, con los que financiar las actividades destinadas a mantenerse en el poder. Es en este momento cuando la política deja de servir a los ciudadanos para servir a los propios partidos políticos.

Lo ideal sería que los partidos políticos no gastaran más dinero del que perciben de los recursos públicos y las cuotas de los afiliados, que éstas fueran las únicas maneras de que obtuvieran financiación y que todos contaran con unos presupuestos parecidos a la hora de pugnar por los votos. Sin embargo, en la lucha por el poder toda inversión es poca. En las elecciones generales de 2004 el PP y PSOE gastaron 12,5 y 10,6 millones de €uros respectivamente, casi el límite máximo que les correspondía por ley y muy lejos de los presupuestos que manejan el resto de partidos. En economía, a esta situación se la denomina oligopolio.

El sistema electoral y voto útil

A los 7’6 millones de votantes que eligieron no votar en las generales de 2004 (una de las elecciones con más participación en España) hay que sumar 1’5 millones de votantes que votaron a partidos políticos que no obtuvieron representación parlamentaria y 0,6 millones de votos en blanco o nulos.

En total, un 29% de ciudadanos no tienen representación en el parlamento mientras que un 39% de ciudadanos, organizados en torno a 3 partidos, pueden formar una coalición con mayoría absoluta. Por otra parte encontramos cosas inexplicables como que IU tenga la mitad de escaños que CiU habiendo recibido un 53% más de votos que esta formación en unas elecciones generales. Es evidente que este sistema no es democrático, porque la democracia se basa en el principio de igualdad. Esta es nuestra democracia.

La causa, según mi opinión, es el sistema electoral vigente. Un sistema que prima a los partidos mayoritarios a la hora de asignar los escaños, en el que las circunscripciones son demasiado pequeñas para que los partidos minoritarios logren representación (salvo los nacionalismos) y en el que sólo podemos votar las listas (cerradas) que proponen los partidos, elegidas y ordenadas según el resultado de las luchas de poder internas.

Este sistema, además, produce un sesgo peligroso hacia el bipartidismo, ya que sólo se presta atención a los partidos en condiciones de disputar el poder. ¿Sabías que en las elecciones de 2004 se presentaron 96 formaciones políticas que no consiguieron escaño en el parlamento?. ¿Qué sabemos de estas alternativas políticas? Ni siquiera que existen..

En la práctica, las opciones de elección percibidas por el ciudadano se ven reducida a las pocas opciones “viables” y, de este modo, se frena el desarrollo y la resolución de los verdaderos problemas sociales. Al votar al PSOE sólo para que no gane el PP (o viceversa) estamos excluyendo de los órganos de gobierno otras propuestas seguramente más afines a nuestra ideología, y posponiendo la resolución de los verdaderos problemas sociales por falta de debate y/o voluntad política.

Las propuestas de los partidos mayoritarios son tan similares en lo fundamental que el debate parlamentario se vuelve innecesario. Por este motivo, en la actualidad el único debate político que nos ofrecen los políticos se basa en la descalificación del contrario por hacer lo que ellos mismos hicieron en el pasado cuando estaban en su lugar. El estilo de las descalificaciones es la única diferencia significativa entre grupos que, si fueran un poco más parecidos, se presentarían en coalición a las elecciones y nos ahorrarían el esfuerzo de elegir. De esta manera podríamos disfrutar del espectáculo sin interrupciones (electorales).

En este escenario, las elecciones sólo sirven para definir qué papeles interpretarán los políticos de los partidos mayoritarios durante los próximos cuatro años. Y así seguirá siendo hasta que suficientes ciudadanos opten por dar su voto (in)útil a nuevas formaciones para dar el relevo a los partidos tradicionales.

¿Es posible otra Democracia?

No vamos a caer en engaños. El sistema electoral español está diseñado para mantener las cosas como están. La ley electoral es una ley orgánica, lo cual hace necesario que su modificación se apruebe con más del 50% de los votos. ¿Y qué partido mayoritario va a modificar una ley que le favorece?

No obstante, si estás desengañado de la política y harto de los políticos sólo tienes una opción: Votar a partidos que propongan la reforma del sistema electoral y la Constitución para que:

• Las listas sean abiertas, es decir, se pueda votar a los candidatos que deseemos, incluso de partidos diferentes, en vez de a la lista completa.
• Se asignen escaños mediante un sistema más proporcional que el actual. Idealmente mediante Voto Personal Transferible, que se utiliza en varios países o, en su defecto, el Método Sainte-Laguë como mal menor.
• Se renueve una cuarta parte del Parlamento cada año. De esta manera aprovecharíamos los efectos revitalizantes que las precampañas electorales producen en los políticos: Los ciudadanos tendríamos más garantías de que se cumplirán los compromisos electorales y podríamos reconducir la situación en caso de que no nos satisfaga.
• Se pueda utilizar la iniciativa popular para proponer modificaciones en las leyes (incluso orgánicas), revocar cualquier cargo electo o ratificar/derogar tratados internacionales. Siempre previo referéndum, cuyo resultado sea vinculante, en linea de la propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática.

¿Cuales son estos partidos? Eso te toca descubrirlo a ti… La auténtica democracia requiere de la participación e involucración directa de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Empezando por a quién votar. Todavía tienes tiempo hasta las elecciones. Suerte.