Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar

ESN: 3628707111228000760 | © infopor rux @ 2007.11.12 | 7 comentarios | Economía, Política, Sociedad

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El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial. En palabras de Naomi Klein, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.

Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios (!), sin excluir a nadie de su utilización o consumo (!), y mucho menos por su capacidad económica (!!).

Al estar controlados democraticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.

Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.

Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil. Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad.

Conspiración contra la ciudadanía

El origen de la crisis de los Servicios Públicos se encuentra en la utilización de criterios económicos para gestionar un servicio de naturaleza social, criterios impuestos desde determinadas opciones políticas que pretenden “sanear” las cuentas públicas para alcanzar el equilibrio presupuestario (o déficit cero) y reducir a la vez las cargas fiscales para estimular la inversión privada. Lo que no se cuenta a los ciudadanos es que la reducción del déficit recaudando menos impuestos pasa, necesariamente, por reducir la inversión pública.

Al anteponerse criterios económicos a otros de mayor importancia social, como la calidad del servicio, se inicia un ciclo vicioso de deterioro de los Servicios Públicos. Pronto los recortes presupuestarios se traducen en falta de medios y en el abandono de las infraestructuras de titularidad pública, y tanto la calidad de los servicios como su capacidad de respuesta para afrontar cualquier crisis se reducen considerablemente. Este deterioro (provocado) es utilizado como prueba de la supuesta ineficiencia de la gestión pública y como justificación para la “liberalización” y la “privatización” de los Servicios Públicos.

A pesar de que los estudios de opinión demuestran que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si esto se tradujese en una mejora de los Servicios Públicos, los supuestos representantes de la ciudadanía optan sistemáticamente por equilibrar los presupuestos reduciendo la inversión. En vez de incrementar los ingresos a través de una eficiente lucha contra la evasión fiscal y/o mediante un incremento de los impuestos, los poderes públicos optan por el camino fácil, el de los recortes, sin considerar que dicho camino es de una sola dirección, y conduce a la desaparición del Estado del Bienestar.

En vez de redimensionar y reorganizar los recursos productivos, de modo que no falten medios y se atienda a los ciudadanos con normalidad, los poderes públicos delegan en manos privadas la gestión de servicios imprescindibles para el desarrollo humano y la supervivencia, convirtiendo los derechos de los ciudadanos en una mercancía más. Al hacerlo, no sólo se excluye a quienes no tienen recursos para pagar por el ejercicio de sus derechos (seguridad, justicia, sanidad, educación…). También se renuncia al democrático sobre la gestión sobre su gestión, al quedar esta en manos privadas, y se debilita la capacidad del sector público para atender a los ciudadanos en el futuro.

Privatizar beneficios y socializar las pérdidas

Los Servicios Públicos representan el mercado ideal desde la óptica capitalista. Hablamos de “mercados” de productos o servicios de primera necesidad para toda la población que, generalmente, se prestan de manera monopolista por estar basados en infraestructuras tan costosas que sólo el Estado, gracias a los impuestos de los ciudadanos, puede construir y mantener. De privatizarse, las empresas concesionarias de estos servicios obtendrían el control absoluto de estas infraestructuras y de los “mercados” que sustentan, con millones de consumidores cautivos.

Sin embargo, no siempre interesa privatizar todos los Servicios Públicos. Sólo se privatizan aquellos que son más rentables, dejando al sector público la responsabilidad de sufragar los servicios deficitarios sin poder compensar las pérdidas con los beneficios de aquellos que son más rentables (los privatizables). Esto conduce a nuevas crisis y a nuevos recortes presupuestarios, en un ciclo que acaba con el desmantelamiento del Estado del Bienestar y con la supresión, de facto, de los derechos de los ciudadanos.

Así viene ocurriendo en todo el mundo desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobara, como parte de su fundación en 1995, una iniciativa para privatizar los servicios públicos a nivel planetario bajo el nombre de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la privatización de infraestructuras de transportes (aeropuertos, vías férreas, carreteras), redes de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria, la educación y todo lo que pueda ser rentable, dejando al sector público aquellos servicios que el mercado no pueda, o no quiera, ofrecer por ser intrínsecamente deficitarios.

La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil

Las catastróficas consecuencias sociales de la campaña para la privatización de los servicios del agua, que ya sufren países como Ghana, Méjico, Bolivia o Argentina, ejemplifican a la perfección que la gestión privada de los bienes públicos no beneficia a la sociedad, sino a los accionistas de las empresas gestoras. En el momento en el que se restringe el acceso universal y en igualdad de condiciones a un bien o servicio público (en este caso el agua), sea por el motivo que sea (en este caso, las elevadas tarifas), los ciudadanos pierden la capacidad de ejercer dicho derecho. Y un derecho que no se puede ejercer deja de serlo.

¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos. Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.

Como dijo el premio nobel de medicina, Richard J. Roberts, “el medicamento que cura del todo no es rentable“. Efectivamente, las empresas se caracterizan por su ánimo de lucro, y la industria de la salud no es una excepción. Un cliente vivo es mejor que uno muerto, sobre todo si su salud depende de seguir tomando las medicinas que sólo una empresa producir (las patentes son una forma de privatización del conocimiento humano). Afortunadamente, el gobierno de la India ha tenido la sensatez de no condenar a muerte a millones de personas por cumplir con la legislación internacional de patentes.

Y digo afortunadamente porque, aunque los Estados son entes de tipo político y su misión fundamental es la de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos, los políticos suelen olvidar que entre sus funciones no está la de maximizar los beneficios. Tan hondo han calado las ideas neoliberales entre sus filas que utilizan el término “gasto público” para referirse a la inversión pública en bienestar e igualdad; término que contrasta con la “inversión privada“, que no debe considerarse un gasto porque siempre va dirigida a obtener beneficios.

Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio. Por eso el sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: Principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores. Por eso me preocupa especialmente de qué manera pretenden mejorar el servicio y obtener beneficios las empresas concesionarias de Servicios Públicos.

¿Te imaginas pagar cada vez que tiras de la cadena? Si la gestión del alcantarillado la realizara una empresa privada seguramente se mediría la cantidad de residuos generados por hogar y se cobrarían en consecuencia. ¿Quién decidiría el precio de este servicio? ¿Qué harías si no puedes pagarlo?

La privatización de la soberanía

Los partidarios de la implantación de medidas tan marcadamente antisociales han encontrado en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio, excelentes aliados para acelerar la adopción de este nuevo modelo económico a nivel internacional. Desde ellas no sólo se fuerza a los países más débiles a la adopción de “políticas de ajuste” y medidas destinadas a liberalizar los mercados locales como condición para recibir ayudas al desarrollo, también se utilizan como fuente de legitimidad para implantar políticas impopulares sin someterlas al control de la ciudadanía, como el ya citado AGCS, obviando el hecho de que dichas instituciones dependen de los propios gobiernos.

Para sorpresa de algunos, la institución que más está fomentando la transferencia de las funciones y responsabilidades públicas a instituciones con ánimo de lucro, y principal partidaria de la adopción del modelo social de mercado, es… ¡¡¡la Unión Europea!!! El Tratado Constitucional Europeo, muerto y ahora resucitado bajo el nombre de Tratado de Lisboa, no trata de ocultar en ningún momento el hecho de que la integración Europea es una integración de naturaleza económica bajo los principios neoliberales (ver artículos 4.1, 148, 74.3 o 98)

Dictados al son de las empresas transnacionales, este tipo de tratados entre gobiernos tratan de institucionalizar la mercantilización de la sociedad europea sin consultar a los ciudadanos. Resulta llamativo el secretismo, la nula participación ciudadana y la falta de debate social que rodea la redacción y ratificación parlamentaria de medidas que acaban por convertirse en Directivas Europeas, y deben transponerse a la legislación nacional de los Estados miembros. No es de extrañar el desencanto de la ciudadanía con un proceso de integración europea vacío de todo contenido democrático.

Mientras, los partidarios de este modelo de sociedad no dudan en aprovechar cualquier crisis, e incluso provocarlas, para imponerlo. Utilizan la violencia (ya sea pasada, presente o futura) y las catástrofes naturales para desviar la atención de su agenda económica. Valiéndose de la influencia mediática y política de que disponen, mantienen la actualidad lejos de los verdaderos problemas de los ciudadanos mientras implantan cambios estructurales sin someterlos a debate ni responder públicamente a las preguntas más importantes: ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? ¿A quien benefician? ¿Cuáles serán sus consecuencias para los ciudadanos?.

Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…

La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás. La comida que como no la he cultivado yo, ni la he llevado yo hasta mi supermercado (y quizás ni hasta mi casa); la cocino con energía que no he producido ni canalizado, utilizando utensilios que no he fabricado y, lo que es más importante, todas estas actividades son posibles gracias a conocimientos heredados de anteriores generaciones, tecnologías que no he investigado ni conozco. Lo mismo pasa con la ropa, la vivienda, el transporte, la salud…

La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos. Excluir a alguien del disfrute del desarrollo de un país no reduce la conflictividad social, no mejora la cohesión ni aumenta el bienestar general. No nos podemos permitir dejar atrás a nadie.

La mejor defensa contra la ofensiva privatizadora neoliberal es el conocimiento: Saber qué está pasando y por qué. De este modo, podremos responder a las crisis con propuestas alternativas a las soluciones que interesan imponer. Resistir en vez aceptar el mundo que han planeado para nosotros. Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.

La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente. Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado. Dicha reclamación debe incidir primeramente en una adecuada dotación presupuestaria por parte de la Administración responsable, pero también en la reorganización de los procesos productivos, el establecimiento de una gestión orientada al servicio y al ciudadano, y de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

Desconfía de quienes defienden la gestión privada de los servicios públicos, porque no pretenden ayudarte. Desconfía especialmente de los políticos partidarios de este tipo de medidas, y de las instituciones supranacionales, no sometidas al control democrático que restringen el desarrollo de políticas en favor de los intereses de la ciudadanía dentro de países soberanos, empezando por la Comisión Europea, órgano ejecutivo con facultades legislativas y “policiales” cuyos comisarios, supuestamente independientes, son elegidos por los Gobiernos, sin participación ciudadana.

Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Por ello es necesaria tu colaboración para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calles y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo. Espero que no vaciles en unirte a la resistencia altermundista, antes de que sea tarde.

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    Quisiera dedicar este artículo a los funcionarios públicos que sirven a su país y a quienes viven en él. Gracias a su esfuerzo seguimos disfrutando de servicios públicos decentes, ya que si no fuera por la dedicación con la que compensan los recortes presupuestarios hace mucho que estos servicios habrían desaparecido.

    No hay nada más frustrante que esforzarse al máximo y tener que soportar las críticas por las deficiencias del servicio. Ni nada más valiente que seguir nadando para mantener a flote el Estado del bienestar a pesar de tener cada día más hormigón en los zapatos. Saber que no estáis solos.

    El caso de la sanidad Madrileña

    La inspiración de este artículo son las medidas que, con festividad y alevosía, introdujo el Gobierno Autonómico de Madrid en la ley de acompañamiento de sus presupuestos para 2007 por la cual los 6 nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid serán gestionados como empresas privadas y el resto podrán contar con personalidad jurídica y presupuestos propios, y mantener su gestión al margen de los mecanismos de control a los que están sometidas las administraciones públicas. Este modelo ya se está utilizando en los de Fuenlabrada y Alcorcón.

    Estas medidas se enmarcan en un plan que se remonta mucho más atrás en el tiempo, un plan que no es más que la crónica de una muerte anunciada, la de la sanidad pública madrileña. Muerte sólo posible gracias a la colaboración del PSOE que votó a favor de la ley 15/97, por la cual se permite la privatización de la sanidad pública, y de la que ya se está beneficiando los accionistas del fondo capital-riesgo Apax Partners, accionista mayoritario de la multinacional Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz, gestora del hospital del Alcorcón y concesionaria del Hospital privado de Valdemoro.

    ¿Te parece bien estas medidas o vas a hacer algo al respecto?

    Leo este artículo hoy, justo después de haber oído un anuncio de la AEAT contra el fraude fiscal, que me ha llevado a escribir un post en mi blog ( http://traslapersiana.blogspot.com/2007/11/no-al-fraude-fiscal.html ). Hablo de este tema de refilón en dicho post, así que he puesto un enlace a éste para completar.

    Gallego dice:

    Todo muy bonito, me apunto. El problema es que la experiencia dice casi todo lo contrario, claro tú observas estos temas exclusivamente desde el punto de vista ideológico y no ves la realidad, al menos no toda la realidad.

    Claro que la gestión privada, la propiedad privada prima a una parte de la sociedad sobre otra parte de la sociedad, pero la experiencia de muchos años y muchos desastres industriales e incluso nacionales demuestra, ha demostrado, que la gestión privada da lugar a mejores precios para más gente, mejores servicios, de esos que citas, para más capas sociales, no es por nada que se va imponiendo la organización capitalista.

    Sería muy bonito que todo lo que dices funcionase, pero no es así.

    Yo me apunto a ese modelo de socialismo si tienes la fórmula de que funcione, las frases bonitas no son suficientes.

    Lo que se reparte, antes hay que producirlo. Los medicamentos, antes de que curen enfermos, ricos o pobres, hay que inventarlos, si no se reconocen derechos a los que trabajan, invierten, estudian, etc., no habrá medicamentos.

    Yo no soy Rokefeller, ni Botín, ni Esperanza, solo soy un tipo de la calle, pero leo historia, periódicos, etc., y, además de ideología, veo las cosas como son, sin olvidar cómo me gustaría que fuesen.

    Un abrazo.

    ¿Qué porcentaje mínimo de paro hay en España?
    Ahí hay una cantera de trabajadores.
    ¿Qué procentaje de la población en edad laboral no es población activa?
    Ahí hay otra cantera de trabajo.
    ¿Qué procentaje de empresarios hay?
    Ahí hay otra cantera de trabajo ya que, no nos confundamos, el trabajo de un empresario lo puede hacer una asamblea de trabajadores.
    Entre esas tres medidas, tienes como mínimo 8 millones más de trabajadores en España.

    Pero es que, además, la crisis ha llegado precisamente por sobreproducción, sobreprecio (dos cosas que, al ir unidad, niegan rotundamente el axioma capitalista de la competencia y el precio, todo por lo siguiente), especulación y diferencias de ingresos insultantes.
    Por lo tanto, la solución es producir un poco menos, de media, de lo que se produce en la UE, y repartirlo muchíiiiiiiiiiiiiiiiisimo mejor.

    No es ético, y debería estar penado con cadena perpetua y expropiación inmediata y sin indemnización alguna, que quien está agachando el lomo cobre apenas 500 ó 600 euros muchas veces, y quien vive de él (o ella) cobre millones de euros.

    Y bueno, de los bancos ya, ni hablemos… Para mí, los islandeses se quedan aún cortos, muy cortos.

    Por cierto: con el PIB español por habitante y la media española de miembros por familia tocamos, aproximadamente, a 6.000 euros (1 millón de pesetas), AL MES, por familia. Una cifra bastante suculenta, que permitiría subir los impuestos hasta hacer ingresar al Estado más del doble del montante actual sin perjudicar a familia alguna.

    No hace falta producir más. Lo que hace falta es lo de siempre: una mejor planificación por sectores y un reparto ético de bienes y servicios.

    Esto no lo digo a toro pasado, sino que lo decía ya en enero del año 2007 en una página de la Universidad de Córdoba, ante el insulto que suponía un artículo de opinión (http://pvirtual.uco.es/cvt/file.php?file=/1/moddata/forum/1/415/noticia.pdf) sobre los estudiantes en el diario “El Día de Córdoba”: http://pvirtual.uco.es/cvt/mod/forum/discuss.php?d=226.

    Me dejé atrás decir que España es un país con exceso de empresarios, pero no quise alargar aún más el mensaje, que ya es lo suficientemente claro y contundente.

    MENOS EMPRESARIOS Y MÁS COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y SECTORES.

    Salud y felices lluvias.

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